MARÍA ELIZARRARAZ CAMBRON y Otros.

Expediente 776/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
776/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • MARÍA ELIZARRARAZ CAMBRON y Otros.
  • María Elizarraraz Cambron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el comunicado del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto ..., del índice de este Juzgado, librado con motivo de la notificación a la parte quejosa; en virtud de que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós se archivó el presente asunto, en consecuencia, dese de baja la comunicación oficial aludida en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el diverso 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. ARCHÍVESE COMO ASUNTO CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el ocurso de la quejosa, por el que da cabal cumplimiento al auto de prevención, al efecto se acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El ordinal 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso 62 de la ley referida, las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. La quejosa señala como reclamo una omisión y negativa de informarle el estado que guarda la carta rogatoria ordenada en el juicio ..., del índice del Juzgado Décimo Noveno Civil de esta Ciudad. No obstante, de la lectura integral se advierte que medularmente el reclamo se centra en la falta de cumplimiento a la determinación de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, donde se ordenó emplazar a un notario en la Ciudad de los Ángeles California mediante carta rogatoria, lo cual constituye una omisión surgida dentro del procedimiento, de realizar el trámite ordenado para lograr la integración del juicio a través del llamamiento de una parte procesal. Dicha omisión se la atribuye tanto al propio Juzgador, como a la Dirección General de asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La fijación del acto reclamado en los términos anteriores, encuentra justificación en los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los ocursos iniciales y sus aclaraciones para desentrañar la verdadera lesión y, de esa manera, emitir un pronunciamiento congruente e integral. Al respecto se invoca por analogía, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro: 181810. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, en Materia(s): Común, Página: 255, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." También se cita al respecto, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 17, Tomo VI, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." III. El juicio de amparo es improcedente, pues cuando este tipo de conductas ocurren dentro de un proceso jurisdiccional, no pueden combatirse de forma autónoma, por traducirse en cuestiones de naturaleza intraprocesal, es decir, situaciones que inciden únicamente en el curso del juicio, como lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.); lo que trae como consecuencia que se actualice la causal prevista en la fracción V, interpretada contrario sensu, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII de su diverso numeral 61. De lo anterior se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se enderece estrictamente contra omisiones dentro de un proceso jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues las reglas que los rigen son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria, como también lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, en los diversos criterios de jurisprudencia número 7/2015 (10a.) y 8/2015 (10a.). Además, cuando existen estas omisiones o negativas durante la sustanciación del proceso, la parte inconforme también puede combatirlas a través de los instrumentos procesales correspondientes, como es, la solicitud de regularización del procedimiento prevista en el artículo 272-G del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad; con la finalidad de que el juez rectifique su posición, o bien el justiciable obtenga una razón del por qué no se puede satisfacer su pretensión. Sirve de apoyo, la tesis de registro 216300, de la Octava Época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Mayo de 1993, página 292, en Materia Civil, que dice: "ARTICULO 272 G, DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. NO ES INCONSTITUCIONAL LA ATRIBUCION DE JUECES Y MAGISTRADOS PARA SUBSANAR OMISIONES. No es cierto que la facultad establecida en el artículo 272 G, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se contrapone al texto supremo, cuenta habida que, de como está redactada la norma, la atribución debe entenderse sólo en relación de las omisiones notadas en la substanciación, lo que de suyo significa que la intención del legislador es corregir a través de un hacer de los jueces y magistrados lo que fue pasado por alto en la función jurisdiccional resolviendo o proveyendo lo necesario siempre y cuando estén dados los elementos para hacerlo, sin que ello suponga una actitud favorable hacia cualquiera de los contendientes, postura que cobra fuerza si se tiene en cuenta que la voz regularizar en su sentido más amplio significa reglar, ajustar o poner en orden una cosa. Aplicado a las cuestiones procesales indicaría el mantenimiento o preservación del orden y equilibrio del procedimiento, lo anterior en atención a los siguientes principios: 1. De orden público. Esto en virtud del interés que tiene la sociedad y el Estado para la imparcial, pronta, expedita y completa impartición de justicia por los tribunales a través de un procedimiento en el que se eliminen todas aquellas cuestiones que tiendan a entorpecerlo o generar dilaciones; 2. De equidad procesal. La figura está basada en el trato igualitario que se brinde a las partes de un proceso, con lo cual se busca evitar el que se favorezca una de ellas con detrimento del interés de la otra; y 3. De orden procesal. A través de la facultad para subsanar o reparar las deficiencias o defectos ocurridos en el desarrollo del procedimiento, el juzgador podrá ajustarlo o ponerlo en orden a fin de que se pueda dictar la resolución correspondiente. En este orden de ideas, queda de relieve que el ejercicio que los tribunales hagan de la facultad de mérito, en modo alguno resulta inconstitucional pues no implica que a través de ella se pueda crear o integrar algo inexistente, además de que tampoco tiende a modificar, alterar o a suscitar renuncia de las formalidades esenciales del procedimiento establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, con la consecuente afectación de las oportunidades de defensa y probatoria que constituyen la garantía de audiencia consagrada por el artículo 14, párrafo segundo, constitucional." Además de que el reclamo es de naturaleza intraprocesal, también existe un medio para vencer la omisión o negativa reclamada y la parte quejosa no quede en estado de indefensión dentro del proceso de origen. No es inadvertido que la quejosa aluda a violación a la expeditez en la impartición de justicia, empero, ello no puede examinarse de forma aislada o autónoma, ya que son circunstancias que ocurren dentro del mismo y con motivo de la conducta que en éste se ha suscitado. Ello, particularmente con actuaciones como la omisión reclamada, que como tal, está sujeta a los postulados aplicables del juicio de amparo, como es la regularización del procedimiento para vencer omisiones intraprocesales, que conforme a los criterios jurisprudenciales citados, puede agotar; y que al ocurrir en el proceso se comprende como un acto que no es de imposible reparación. De ahí que el consecuencial retardo, no sea una cuestión que haga procedente el amparo. Sirve de apoyo, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2011580, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, que señala: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción V, interpretada contrario sensu, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII de su diverso numeral 61, y lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación del presente proveído. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., albacea definitiva y adjudicataria de la sucesión a bienes de ..., contra actos del Juez Décimo Noveno Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Dirección General de asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguese el ocurso de ..., autorizado en términos amplios de la quejosa, carácter que se le reconoce al tener registrada su cédula profesional en el sistema correspondiente. Atento a su contenido, se tiene por desahogada parcialmente la prevención decretada, pues exhibe copias certificadas de las constancias que demuestran la personalidad de ..., como albacea definitiva y adjudicataria de la sucesión a bienes de ..., con lo cual se satisface el punto primero del requerimiento. Es importante señalar que dicho punto de prevención sí es viable tenerlo por satisfecho pues se ciñe a un tema demostrativo que puede solventarse como en el caso, con la exhibición de documentos, sin que implique alguna cuestión adicional. Empero, por lo que ve a los puntos segundo y tercero, no ha lugar a tener por desahogada la prevención. Ello es así, pues la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es la titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados. Entonces, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la ley de la materia, no está facultado para intervenir en actuaciones en que se requiera de manera personal a la accionante precisar aspectos vinculados a los actos reclamados (como la precisión del reclamo y la manifestación bajo protesta de decir verdad), pues constituyen aspectos de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, lo que no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello implicaría que el autorizado hiciera suyos actos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación. Apoya lo anterior, por sus consideraciones, la tesis II.1o.27 K (10a.), de la Décima Época, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, registro 2014299 que dispone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. SI LA DEMANDA EN QUE FUE DESIGNADO LA PROMUEVE EL QUEJOSO POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE SU EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA SE ADVIERTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON LA QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO PERTENECE AL QUEJOSO, SINO A AQUÉL, ESA DESIGNACIÓN CARECE DE VALIDEZ. La demanda de amparo puede promoverse por propio derecho o en representación de diversa persona física, mediante el uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o certificado digital institucional, emitido por las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, es el medio de ingreso a las tecnologías de la información y producirá los mismos efectos jurídicos que la signatura autógrafa. Entonces, si el quejoso, al promover su demanda de amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, designó autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, y de la evidencia criptográfica del escrito inicial se advierte que la firma electrónica certificada con la que fue signado, no pertenece al quejoso, sino al autorizado mencionado, esa designación carece de validez, ya que la firma corresponde a otra persona distinta de quien promueve y, con ello no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala, visible en la página 210, Libro 9, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Conforme a lo anterior, la quejosa deberá dar cumplimiento a los puntos segundo y tercero de la prevención, subsistiendo el apercibimiento con que se le conminó, dentro del término de cinco días, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. Ahora bien, como requerimiento procesal, se pidió a la parte quejosa señalar un domicilio en esta entidad para oír y recibir notificaciones, y en el escrito de cuenta, el promovente refiere no contar con uno. Conforme a las fracciones I y III, inciso a), ambas del artículo 27 de la Ley de Amparo, se tienen las siguientes reglas: - Si obra en autos el domicilio de la persona, o se encuentra señalado uno para recibir notificaciones ubicado en el lugar en que resida el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, las determinaciones que así lo ameriten, serán notificadas personalmente; y, - Si no consta en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto, las notificaciones personales al quejoso se le harán por lista. En ese sentido, si la quejosa proporcionó un domicilio fuera de esta ciudad y su autorizado (como encargado de su defensa) refiere no contar con uno, es dable afirmar que conforme a la integración de las disposiciones normativas citadas, las notificaciones, aún las de carácter personal, deberán hacérsele por medio de lista, ante la ausencia de un lugar en esta entidad para tal efecto. Quedan a salvo sus derechos para que señale un domicilio en esta ciudad, de considerarlo necesario. NOTIFÍQUESE.

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