Maria Elisa Guerrero Limonchi
Expediente 822/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Maria Elisa Guerrero Limonchi
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término previsto en el numeral 98 de la ley de la materia, para recurrir en queja el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Mediante notificación personal, requiérase a la parte quejosa para que acuda al local de este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió con el escrito inicial. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el comunicado de la autoridad responsable, mediante el cual remite copia certificada del folio real relativo al inmueble materia del juicio de origen. De dicha constancia se advierten los elementos para dar respuesta a lo solicitado por la parte quejosa en su escrito con folio 12987, por lo cual, se provee: Visto de nueva cuenta el ocurso del autorizado de la parte quejosa, atento a su contenido, requiérase al juez responsable para que adicional a la cancelación de la escritura pública ... (a través de la cual se había formalizado la compraventa entre la autora de la sucesión quejosa y el tercero interesado ...), también ordene la insubsistencia de la diversa escritura ..., donde se asentó la compraventa entre la última persona en mención y ..., ... y ..., para lo cual se le concede el plazo de tres días, legalmente computado, subsistiendo el apercibimiento con que se le conminó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues al quedar insubsistente lo actuado en el proceso natural, incluyendo el acto traslativo a favor del actor, también debe quedar sin efectos lo subsecuente (como es la compraventa celebrada por él con las personas mencionadas), por tratarse de frutos de un acto viciado, como se refirió en el fallo protector. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de diecisiete de julio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA el auto aludido, éste y los subsecuentes NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. EL PROVEÍDO DE DICISIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SEÑALA: "Vista la demanda que promueve ...; contra actos del Juez y Actuario, adscritos al Juzgado Cuadragésimo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 14 y16 constitucionales, al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 114 de la ley de la materia, previo a acordar lo que proceda sobre la demanda, requiérase personalmente a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, cumpla con lo que a continuación se especifica: ÚNICO. La quejosa deberá ratificar su demanda ante este órgano jurisdiccional a fin de continuar con su tramitación, para lo cual tiene que comparecer a este Juzgado de Distrito, debidamente identificada con credencial oficial vigente, ante la presencia de Fedatario Judicial. Lo anterior, obedece a que la promoción del presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que rige para una situación jurídica en la que no es parte, lo que se traduciría para los justiciables de la instancia común, en una transgresión de la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio y máxima de experiencia, que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias las anteriores, que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose tanto a título de terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del Juicio de Amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores con justo título del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar a título presuntivo tanto la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, contratos privados -compra-venta, arrendamiento, comodato etcétera- celebrados ya sea con él o los integrantes de la parte demandada o con personas totalmente diversas, que por lo regular carecen de fecha cierta y que en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que intitulada: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", es retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de Fedatario Judicial, permitirá a este Juzgador federal formarse la plena convicción de que el libelo constitucional no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. Por lo cual, hágase del conocimiento a la parte quejosa que de comparecer a ratificar dicho libelo constitucional y al emitirse la sentencia correspondiente, de estimarse que aun así el presente juicio se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el controvertido de origen, se hará acreedor el promovente, así como sus autorizados a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. Lo anterior se robustece con la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Tomo CXXIX, visible en la página 250, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA, POR INTERPONER AMPARO SIN MOTIVO." En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, a la parte quejosa, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con elacto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. En ese orden de ideas, la decisión asumida es armónica con los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque es prerrogativa discrecional del juez constitucional que la propia ley de la materia le otorga, que cuando lo estime necesario por existir deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda las mande corregir a través de un requerimiento. Lo cual de modo alguno obstaculiza la impartición de justicia o actualiza una indebida actuación judicial por parte del Juzgador, si precisamente esa facultad va dirigida a generar las condiciones para salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, en relación con el principio del buen derecho, asegurar el legal trámite del juicio, no afectar derechos de terceras personas en el procedimiento de origen así como tener la certeza de que es la voluntad del quejoso la tramitación de la demanda de amparo. De ahí que si el juzgador en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la ley de la materia, ordena la ratificación de la demanda por parte de su pretendido suscriptor, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda, actúa al amparo de la Constitución Federal y conforme a una facultad discrecional que le permite actuar en los términos de esta prevención, en los casos donde por motivos de seguridad jurídica lo considere necesario. Planteamientos que, además, ya fueron sustancialmente compartidos por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la queja civil 235/2018. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que refiere. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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