María Elizabeth Olguín Puch

Expediente 416/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
416/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • María Elizabeth Olguín Puch

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el diecinueve de mayo de este año. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2 de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 416/2020-III-B, promovido por MARÍA ELIZABETH OLGUÍN PUCH, , por sí y como representante legal de las menores de identidad reservada S.E.A.O. y A.V.A.O., en contra de los actos que reclama del Fiscal General del Estado de Yucatán, y otras autoridades; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció MARÍA ELIZABETH OLGUÍN PUCH, por sí y como representante legal de las menores de identidad reservada S.E.A.O. y A.V.A.O., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Fiscal General, Director de Investigación y Atención Temprana, Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la federación adscrita la intervención que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las citadas autoridades responsables, lo siguiente: La retención del vehículo marca Ford Ranger L4 XL Pick Up Crew Estándar, 05 OCUP, modelo 2007, color blanco, con número de serie SAFDT52D376072980, placas YP-8152-B del Estado de Yucatán. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Fiscal General, Director de Investigación y Atención Temprana, Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación, todos del Estado, pues así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado; sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de que las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones y las documentales que aportó como prueba consistentes en la certificación de las actas de nacimiento de sus hijas de identidad reservada S.E.A.O. y A.V.A.O., y acta de defunción de quien afirma fue su concubino Ricardo Joaquín Arceo Bermejo, así como del escrito de denuncia de juicio de sucesión intestada de éste último que presentó el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares, de acuerdo a su naturaleza, no son aptas para acreditar el extremo que pretende la quejosa. Asimismo, con el resultado de la diligencia testimonial ofrecida por la parte quejosa a cargo de los testigos Didier Leonel Pech Pool y Carla Yanely Pech Rodríguez, en modo alguno se acredita la existencia del acto reclamado consistente en la retención del automóvil que le imputa la aquí quejosa a las autoridades responables, ya que sobre este aspecto únicamente hicieron manifestaciones en cuanto a la propiedad y posesión del vehículo de mérito, así como del desconocimiento de su paradero, sin aludir en cuanto a si dicho vehículo fue retenido o no por las autoridades responsables. Así, dada la forma en que fue planteado el acto reclamado, es decir, se controvirtió un acto positivo consistente en la retención de un automotor por parte de las autoridades responsables, es inconcuso que al haber sido negada su existencia en los informes justificados, correspondía a la quejosa demostrar que efectivamente fue emitida y ejecutada por las responsables, al no ser violatorios de derechos fundamentales en sí mismos. Al caso, se cita el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 273, del Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 206502, que establece: "ACTOS RECLAMADOS QUE CONTIENEN HECHOS POSITIVOS Y NEGATIVOS. LOS PRIMEROS DEBEN PROBARSE. Aun cuando resulte cierto que algunas violaciones hechas valer por el actor tengan carácter negativo (por ejemplo, que no se le mostró la orden de visita, que no se elaboró el acta de inspección y que no le fue notificada la orden de clausura), si la demanda contiene actos de naturaleza positiva (como la emisión de la orden de visita, la práctica de la inspección y la clausura), que las autoridades responsables niegan al rendir su informe justificado, éstas quedan relevadas de la carga de la prueba de no realización de las omisiones que se les imputan, por la imposibilidad material de hacerlo, supuesto que sólo podían incurrir en ellas al emitir las órdenes que manifiestan que son inexistentes. Luego, el reclamante debe demostrar la existencia de los actos de carácter positivo para que la carga de la prueba de los negativos o abstenciones recaiga sobre las autoridades, y opere la procedencia de la acción de amparo." En tales condiciones, toda vez que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados que se les atribuían, y la parte quejosa omitió aportar al expediente, los medios de prueba idóneos que desvirtuaran esa negativa, lo que legalmente procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así como, en la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por MARÍA ELIZABETH OLGUÍN PUCH, por sí y como representante legal de las menores de identidad reservada S.E.A.O. y A.V.A.O., en contra de los actos que reclama del Fiscal General, Director de Investigación y Atención Temprana, Secretario de Seguridad Pública y Director de la Policía Estatal de Investigación, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes el escrito de la quejosa María ***, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención efectuada por auto de doce de los corrientes, exhibe las copias faltantes del pliego interrogatorio relativo a la prueba testimonial ofrecida. Al efecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciada en tiempo la PRUEBA TESTIMONIAL ofrecida por la parte quejosa, consistente en la declaración a cargo de Didier ***y Carla ***, al tenor de los respectivos interrogatorios que para tal efecto adjuntó al libelo de cuenta, que habrán de rendir los citados testigos. Distribúyase entre las demás partes las copias del interrogatorio que al efecto exhibió la parte quejosa, al tenor de los cuales, en su caso, deberán ser examinados los referidos atestes; asimismo, hágaseles saber que si así lo desean podrán ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el interrogatorio respectivo y formular preguntas al verificarse la audiencia. Hágase del conocimiento de las partes que el desahogo de las referidas testimoniales, se realizará con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, por medio de videoconferencia, a través de la plataforma "Cisco Webex", en la hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional, esto es, a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Con el apercibimiento a la parte quejosa que de no acudir físicamente los citados testigos, en la fecha y hora que se les indique, se tendrán por desiertas dichas probanzas; en la inteligencia de que al momento de celebrarse la audiencia constitucional se hará la calificativa de Ley de los interrogatorios propuestos. En virtud de lo anterior, en aras de salvaguardar la salud de los comparecientes, así como del personal que labora en el órgano jurisdiccional, a fin de que se admita únicamente la presencia de los citados testigos en el órgano jurisdiccional, proceda la Secretaría de este Juzgado a generar las citas respectivas desde la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con el artículo 6, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19; asimismo, los comparecientes deberán acatar en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, de conformidad con lo previsto por el artículo 7 del citado Acuerdo General. En relación con lo anterior, cabe señalar que la diligencia de mérito será desahogada en los términos precisados, siempre y cuando continúen vigentes las disposiciones previstas en los referidos Acuerdos Generales 12/2020 21/2020 y 1/2021, y no se determinen nuevos lineamientos administrativos para asegurar la salud e integridad de las personas en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación. Así, en razón de que se trata de dos personas que rendirán testimonio, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en cuanto a la separación de los comparecientes, se instruye que, con apoyo del personal administrativo, se verifique la separación física de los testigos, atendiendo las medidas sanitarias establecidas en el citado Acuerdo General 21/2020. Por tal motivo, se ordena que por conducto del actuario de la adscripción, se le entreguen a la parte quejosa físicamente los códigos "QR" generados por el sistema, correspondientes únicamente a los citados testigos, quien deberá hacérselos llegar a fin de que éstos puedan ingresar al recinto de este Juzgado Federal el día de su citación. Finalmente, comuníquese a las partes que en términos del Acuerdo General 12/2020, se llevará a cabo la videograbación de la multicitada audiencia constitucional y el desahogo de las testimoniales de mérito; a lo cual, se instruye al Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que una vez concluida la videoconferencia, conserve la videograbación o, en su caso, proceda a respaldarla en un medio digital externo, el cual quedará a cargo de este juzgado (copia máster), así como las copias que se generen de éste. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 227/2021, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, como solicita la representante social, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele copia certificada de la sentencia que habrá de dictarse en el presente asunto, previo recibo que se otorgue en autos. Ahora bien, toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa mediante proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, para que exhibiera las copias faltantes del interrogatorio conforme al cual serán examinados los testigos que ofreció para rendir declaración en el presente asunto. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este día y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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