María Elizabeth Avila Cuytun

Expediente 108/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 54 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
108/2022
Año
2022
Actuaciones
54
Última actuación
04/04/2023

Partes del expediente

  • María Elizabeth Avila Cuytun

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de veintisiete de marzo de esta anualidad, se dio vista a las partes con lo informado por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Umán; y, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se notificó personalmente a la parte quejosa, y por lista de estrados a la parte tercero interesada, el veintiocho de marzo del año en curso, respectivamente; sin que a la fecha desahogaran la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. En sentencia firmada el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que: ".la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado, con residencia en esta ciudad, de inmediato, acordara lo conducente respecto al auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitada por la Jueza Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, y lo haga del conocimiento de la parte quejosa. En el entendido, que deberá comunicarlo al Secretario de Seguridad Pública del Estado, residente en esta capital, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, con la misma prontitud, proporcione al órgano jurisdiccional de primer grado, los elementos policíacos a su mando necesarios para llevar a cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos.". Posteriormente, en auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la misma. A fin de cumplir con la sentencia, por oficio recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal, el veintidós de junio de dos mil veintidós (foja 102), la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, informó que por diversa misiva dirigida al Secretario de Seguridad Pública, autorizó proporcionar de inmediato el auxilio de la fuerza pública. Luego, por los motivos ahí expuestos, mediante proveído de quince de julio de dos mil veintidós, se vinculó al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto, a la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta Umán, Yucatán. Asimismo, por oficio presentado el ocho de septiembre de dos mil veintidós (foja 168), el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, informó a este órgano jurisdiccional que se fijaron las nueve horas del cuatro de octubre del referido año, para que tuviera verificativo la diligencia con el auxilio de la fuerza pública motivo del presente juicio constitucional. Sin embargo, por los motivos expuestos por la referida responsable, se dejó sin efectos dicha diligencia, por lo que mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintidós (foja 179), se le requirió para que de inmediato llevara a cabo las gestiones correspondientes para poner a disposición de la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta Umán, Yucatán, los elementos policiacos necesarios para llevar a cabo la diligencia de mérito, señalando fecha y hora para el desahogo de la misma. En ese sentido, previos diversos requerimiento realizados por este Juzgado Federal, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, informó que se señalaron las nueve horas del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, para que tuviera verificativo la referida diligencia; por lo que en auto de catorce de marzo del presente año, se requirió a las responsables para que de inmediato informaran si se había llevado a cabo la diligencia de que se trata. Posteriormente, mediante oficio presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés (fojas 299-323), la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, remitió copia certificada de la diligencia de desalojo llevada a cabo el veintitrés de marzo del año en curso, en los términos establecidos en el expediente ********************. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Previo registro correspondiente en el Libro de Gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: veintiocho de marzo del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y lo de cuenta se acuerda: agréguense a los presentes autos, los oficios remitidos por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán; y, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales informan lo relativo al cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este asunto. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la quejosa María Elizabeth Ávila Cuytun, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones referentes al requerimiento que este Juzgado Federal realizó al Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, en proveído de dieciséis de los corrientes, en el sentido de que se pronunciara respecto a la idoneidad del predio que propuso en autos del expediente 299/2018 de su índice, para el resguardo de los bienes de la parte demandada, a fin de que se estuviera en aptitud de practicar la diligencia de fuerza pública ordenada en dicho procedimiento. Ahora bien, previo a realizar el pronunciamiento correspondiente, y toda vez que consta en autos que se fijaron las nueve horas de esta propia fecha, para que se llevara a cabo la diligencia de que se trata; requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que de inmediato remita a este Juzgado copia certificada de las constancias que acrediten el desahogo de la misma, a fin de restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales transgredidos, como lo dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo concedido, se le impondrá, una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la autoridad responsable vinculada Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, esencialmente, refiere que se encuentra impedida para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por los motivos siguientes. En primer término, señala la referida responsable que no existe en autos del juicio ordinario civil de acción reivindicatoria 299/2018, memorial alguno tendiente a darle impulso procesal, específicamente, uno en el que se solicite fijar nueva fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de fuerza pública ordenada en la sentencia dictada en el presente juicio constitucional. Al respecto, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, que por auto de catorce de marzo del presente año, se tuvo por recibido el oficio de la diversa autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con el que informó que se señalaron las nueve horas del veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, como hora y fecha para llevar a cabo la referida diligencia; para lo cual, se ordena remitir copia simple de la misiva en comento. Por otra parte, respecto a las manifestaciones realizadas por la responsable oficiante, en el sentido de que no obra en autos del juicio de que se trata, actuación alguna en la que conste el lugar o bodega para el resguardo de los bienes de la parte demandada. Dígasele que, tal como se estableció en proveído de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio constitucional, la parte aquí quejosa, exhibió en autos del citado procedimiento, el oficio signado por la Síndica Municipal del Ayuntamiento de Kinchil, Yucatán, en el que accedió a que los bienes en comento fueran depositados en el interior del Palacio Municipal de dicha población, respecto de lo cual, la autoridad responsable vinculada no realizó pronunciamiento alguno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 la Ley Amparo, requiérase al Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, para que dentro del término de veinticuatro horas legalmente computadas, provea lo relativo al escrito presentado por la aquí quejosa el seis de enero del año en curso, con el que exhibió el oficio descrito en el párrafo precedente, esto es, se pronuncie respecto a la idoneidad del predio propuesto por la parte actora, aquí quejosa, para el efecto pretendido; lo que deberá informar con la misma prontitud a este órgano jurisdiccional, así como a la parte impetrante del amparo. En la inteligencia que de existir impedimento alguno para que los bienes muebles de la parte demandada sean resguardados en el predio de mérito, deberá encontrase debidamente justificado. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro mil pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase

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