María Elena Tapia Grajales
Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 32 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 17/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- María Elena Tapia Grajales
- María Elena Tapia Grajales y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. EJECUTORIA. Del estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por Reina María de los Ángeles Chavero Tapia, en nombre de María Elena Tapia Grajales, sin que las partes lo hayan hecho. Con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS ORIGINALES. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se dejan a disposición de las partes los documentos originales que exhibieron al presente juicio. Apercibidos que, de no hacerlo así, una vez que transcurra el término de noventa días a que se refiere el último párrafo del artículo vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, serán destruidos con el presente juicio. Ahora bien, a fin de que pueda acudir a este juzgado federal por los documentos que fueron puestos a su disposición, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, hágase del conocimiento de las partes que deberá programar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el link:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdic cionales ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible....I
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Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 85/2021-I promovido por Reina María de los Ángeles Chavero Tapia en representación de María Elena Tapia Grajales en términos de lo establecido en última consideración jurídica...M-I
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...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, terminada de concluir el veintiséis de julio del año en curso, a través del cual se determina: Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 85/2021-I promovido por Reina María de los Ángeles Chavero Tapia en representación de María Elena Tapia Grajales en términos de lo establecido en última consideración jurídica...M-I
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SE DESECHA PRUEBAS DOCUMENTAL. Se tiene a Reina María de los Ángeles Chavero Tapia, representante especial de la quejosa, ofreciendo la prueba documental consistente en la evolución y evaluación psiquiátrica de la quejosa, emitida por el médico especialista en psiquiatría Rafael Ángel Gómez Benumea. No ha lugar a admitir dicha prueba. Debe indicarse que los principios que rigen en el juicio de amparo respecto de las pruebas es el de idoneidad y pertinencia, que en el caso significan que éstas deben ser conducentes y, por ende, no sobreabundantes. El primero de tales principios impone como limitación al juzgador que al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas, tome en cuenta que éstas tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto. Por su parte, el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. De modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Ahora bien, la promovente ofreció la prueba antes referida a fin de demostrar el estado de salud mental de la quejosa y, en consecuencia, la necesidad de que permanezca en la casa hogar en la que actualmente reside. Sin embargo, el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la expulsión de la quejosa de las instalaciones que ocupa la Fundación de Beneficencia Privada María Domínguez Viuda de Álvarez, al haber contraído el virus que ocasiona la enfermedad por coronavirus (COVID-19); por tanto, se considera que tal prueba no tiene relación con la materia del presente asunto. En efecto, la documental ofrecida tiende a demostrar el estado de salud mental de la quejosa y no la inconstitucionalidad del acto reclamado; pues, como ya se estableció la expulsión de la quejosa de la casa hogar tuvo verificativo a raíz de que la accionante contrajo virus SARS COV2-19, y no con motivo de su estado de salud mental. De ahí lo inconducente de la prueba ofrecida por la promovente, pues dada la materia de estudio del presente asunto, a nada práctico conduciría su desahogo y, por el contrario, únicamente dilataría la resolución del presente juicio. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada I.1o.A.14 K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1888, con número de registro 175823, que establece: PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia. Dicho criterio, aun cuando fue emitido con base en la Ley de Amparo abrogada, no se opone al texto vigente..,I
Quedan 28 actuaciones en este expediente
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