María Elena Saavedra Guzmán

Expediente 147/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
147/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • María Elena Saavedra Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vista la razón signada por el actuario judicial adscrito, se advierte la imposibilidad que tuvo para emplazar al presente juicio, al tercero interesado *** debido a que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, fue atendido por quien dijo llamarse Enrique *** quien le expuso que no podía recibirle el citatorio de emplazamiento porque el buscado optó por no continuar con los servicios jurídicos de ese despacho. Requerimiento. Por tanto, requiérase al Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, a efecto de que, en el plazo de tres días informe a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, si en el juicio sucesorio testamentario 138/2021, de su índice, el aquí tercero interesado ****designó nuevos abogados y algún domicilio en el que se le pudiese localizar, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de hasta mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de incumplir con dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. 5

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de noviembre de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Vista la razón de cuenta, por la cual la actuaria de esta adscripción indica que se comunicó al número telefónico que obra en autos y logró entablar comunicación con ***, quien dijo ser abogado del tercero interesado *** y le proporcionó como domicilio para localizarlo el ubicado en Avenida *** Hidalgo. Emplazamiento de la parte tercero interesada. En esas condiciones, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que, con copia autorizada de la demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído, se constituya en el domicilio indicado y emplace a juicio al tercero interesado *** y le haga saber la radicación del presente asunto, así como el derecho que le asiste de apersonarse a esta instancia constitucional. De igual forma, deberá requerirlo para que en el término de tres días señalen domicilio procesal en Pachuca de Soto, Hidalgo, o bien, en el área conurbada; apercibido que de no hacerlo así dentro del término que al efecto se le concede, sin previo acuerdo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista. 5

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Solicitud de anotación preventiva de demanda. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; en su atención, se tiene a Fernando Ramírez Godínez, en su carácter de apoderado de la quejosa María Elena Saavedra Guzmán, solicitando la anotación preventiva de la demanda de amparo en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Hidalgo. Debe destacarse que las medidas cautelares, conocidas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que el juzgador puede decretar para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso. En ese sentido, de la interpretación conforme de los artículos 139 y 147, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de terceros y se causen perjuicios a los terceros interesados, sin que las normas mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la eficacia del control constitucional. Lo que implica, además de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos de tercero durante la secuela procesal de amparo. Para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, también en el expediente principal, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el órgano registral del lugar en que se ubique el inmueble, respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. De proceder la medida, el pago de los derechos que conforme a la legislación correspondiente deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación posterior) estará a cargo del solicitante. Finalmente, aquella medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación del asiento registral preventivo. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 67/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 278, registro digital 175152; que establece: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO. De la interpretación conforme de los artículos 124, último párrafo, y 130, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con la garantía de acceso efectivo a la jurisdicción, prevista en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la ley otorga al Juez de Distrito facultades amplias para adoptar las medidas que estime pertinentes a fin de preservar la materia del amparo, así como para evitar que se defrauden derechos de tercero y se causen perjuicios a los interesados, sin que las normas mencionadas puedan entenderse como preceptos aislados y discordantes del sistema al que pertenecen, sino como disposiciones establecidas con el propósito de contribuir a la eficacia del control constitucional, lo que implica, además de privar de efectos a los actos de autoridad cuando se demuestre su inconstitucionalidad, asegurar la posible restitución de las garantías vulneradas, para el caso de que llegue a concederse la protección constitucional, y evitar que se defrauden derechos de tercero durante la secuela procesal de amparo. Ahora bien, para la consecución de tales objetivos, el Juez de Distrito, también en el expediente principal, puede adoptar las medidas que estime pertinentes. En ese sentido, con la anotación preventiva de la demanda de amparo y su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en que se ubique el inmueble, respecto del que se cuestione algún derecho real en el procedimiento de origen, el juzgador federal puede impedir que se defrauden derechos de tercero o que se ocasionen perjuicios a las partes; de ahí que en función de los principios que rigen a las medidas precautorias, cuando quien tenga interés legítimo para solicitar aquella medida formule la petición atinente, el juzgador federal, en un examen preliminar sobre la existencia -aun presuntiva- del derecho alegado y el peligro en la demora, conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, debe ponderar si la anotación preventiva, como medio tendente a dar publicidad al juicio principal cuyo resultado puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble de que se trate, es apta o no para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. De proceder la medida, el pago de los derechos que conforme a la legislación correspondiente deban cubrirse (por la anotación preventiva y su cancelación posterior) estará a cargo del solicitante; finalmente, aquella medida tendrá vigencia hasta que quede firme la resolución que ponga fin al juicio; en tal hipótesis el juzgador federal deberá ordenar, de inmediato y oficiosamente, la cancelación del asiento registral preventivo." Conforme a lo antes expuesto, es necesario precisar que la parte quejosa afirma tener derecho a que se le declare como heredera en el juicio sucesorio testamentario a bienes de **** radicado con el número de expediente 138/2021, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, al haber sido reconocida como concubina de Hugo Josué Hernández Rosas, quien en vida fue hijo de los autores de la referida sucesión. Por esa razón, considera tener derecho a que se adjudique a su favor el lote de terreno 10 de la manzana V, actualmente **** Para acreditarlo, exhibió copia certificada de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento no contencioso de reconocimiento de concubinato con número de expediente 107/2021, en la que se le reconoció concubina de Josué Hernández Rosas, quien a su vez fue instituido como heredero en los testamentos públicos abiertos otorgados por **** De lo anterior, se obtiene que conforme a las circunstancias que rodeen el caso específico, la aquí quejosa pretende que se realice la anotación preventiva en el Registro Público de la Propiedad de la demanda de amparo y del auto admisorio, ello como medio tendente a dar publicidad al juicio principal, lo cual se considera procedente, pues si bien es cierto puede influir sobre la situación jurídica del bien inmueble antes descrito, dicha medida se considera apta para evitar que se defrauden derechos de tercero o se realicen actos que puedan dificultar la ejecución de la sentencia que llegue a conceder la protección constitucional. En las relatadas circunstancias, dígasele a la parte quejosa que de conformidad con los artículo 132 de la Ley de Amparo, así como 384 y 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, se cause a terceros, previo a la anotación registral preventiva de la demanda de amparo indirecto y de su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, ya que tal medida, además de sus efectos publicitarios, en atención a los fines de la propia anotación preventiva, esto es, que se conozca que el inmueble materia de la controversia está sujeto a litigio, podría causar daños y perjuicios a la contraparte de la solicitante de la medida, en tanto tal conocimiento podría inhibir a los interesados de realizar alguna transacción respecto del inmueble de que se trata. Sirve de sustento, la jurisprudencia 2a./J. 88/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Julio de 2015, Tomo I, página 730, registro digital 2009542; que es del tenor siguiente: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU AUTO ADMISORIO. REQUIERE DE PREVIA GARANTÍA BASTANTE PARA REPARAR EL DAÑO E INDEMNIZAR EL PERJUICIO QUE, EN SU CASO, SE CAUSE A TERCEROS. De acuerdo con la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 53/2006-SS (*), que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 67/2006 (**), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a lo dispuesto en los artículos 132 de la Ley de Amparo, así como 384 y 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ésta, debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, se cause a terceros, previo a la anotación registral preventiva de la demanda de amparo indirecto y de su auto admisorio en el Registro Público de la Propiedad del lugar en el que se encuentre el inmueble materia de la controversia, ya que tal medida, además de sus efectos publicitarios, en atención a los fines de la propia anotación preventiva, esto es, que se conozca que el inmueble materia de la controversia está sujeto a litigio, podría causar daños y perjuicios a la contraparte de la solicitante de la medida, en tanto tal conocimiento podría inhibir a los interesados de realizar alguna transacción respecto del inmueble de que se trata." En ese sentido, toda vez que con la medida concedida se pueden causar daños y perjuicios de difícil reparación a los terceros interesados, de conformidad con el numeral 132 de la Ley de Amparo, una vez que la parte interesada exhiba garantía por la cantidad de $54,771.00 (cincuenta y cuatro mil setecientos setenta y un pesos), ante este juzgado, dentro del término de cinco días, posteriores a la notificación de este proveído, se procederá a dar la orden al Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, a fin de que haga las anotaciones pertinentes. La cual, podrá presentar en billete de depósito Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, o en cualquiera de las formas establecidas por la ley, pero en el supuesto de que elija exhibirla en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante; de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que es para: "garantizar los posibles daños y perjuicio que pudieran ocasionarse al tercero interesado, con motivo de la medida cautelar dictada en el juicio de amparo 147/2023-5-B", pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dura la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la vigencia de la póliza vence antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión provisional dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. La garantía fijada se obtuvo a partir del monto de $600,000.00 (seiscientos mil pesos), debido a que fue en ese monto en que fue valuado el inmueble, dentro del juicio sucesorio testamentario a bienes de Hermilo Hernández Islas y Aracely Rosas Téllez, radicado con el número de expediente 138/2021, del índice del Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. Por concepto de daños, se toma como base el porcentaje inflacionario del mes de agosto de dos mil veintitrés (última publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México), de lo que resulta como factor inflacionario del citado mes el 0.57 por ciento mensual (https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/inpc_2q/inpc_2q2022_11.pdf), que multiplicado por seis meses considerado como tiempo probable que el suscrito considera prudente para la resolución del juicio de amparo, se obtiene una tasa del 3.42 por ciento, aplicada a $600,000.00 (seiscientos mil pesos), resultan $20,250.00 (veinte mil doscientos cincuenta pesos). Tomando en consideración que, acorde con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil ocho, a partir del quince de julio de dos mil once el Instituto Nacional de Estadística y Geografía tiene la facultad exclusiva de elaborar y publicar los índices nacionales de precios. Por su parte, por concepto de perjuicios, la cantidad de $34,521.00 (treinta y cuatro mil quinientos veintiún pesos), que se obtiene de la condena de $600,000.00 (seiscientos mil pesos), multiplicada por 11.5070 por ciento, que es el equivalente a la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días, contabilizada al veintidós de septiembre de dos mil veintitrés (consultable en www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=18&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF111&locale=es), fecha en que se provee, se obtiene un resultado de $69,042.00 (sesenta y nueve mil cuarenta y dos pesos 00/100 moneda nacional). Cantidad que dividida entre doce que es el número de meses en que se divide un año calendario, atendiendo que es una tasa anual, y finalmente multiplicada por los seis meses que se consideró el tiempo probable y prudente para la resolución correspondiente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro catorce, enero de dos mil quince, tomo I, décima época, visible en la página cinco, del rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." 5

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de noviembre de dos mil veintitrés. Se difiere audiencia constitucional. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada la audiencia constitucional para el día de hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarse, toda vez que no obra la constancia de emplazamiento del tercero interesado Jhonathan Hernández Rosas, en virtud de que, en proveído de treinta de octubre pasado se facultó al actuario de esta adscripción para que intentara comunicarse vía telefónica con dicha parte procesal, sin que se tenga el resultado de lo encomendado. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las catorce horas con veinte minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés para su celebración. 5

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano