María Elena Romero Ramos

Expediente 666/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
666/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • María Elena Romero Ramos
  • MARÍA ELENA ROMERO RAMOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que los inconformes hayan impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los ordinales 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales salvo el instrumento que más adelante se indicará respecto del cual se proveerá sobre su devolución y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, en cuanto al documento original recepcionado en el auto trece de junio de dos mil veintidós, consistente en una promoción con sello original de recepción de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa, que los disidentes exhibieron con su demanda de amparo, la cual obra en el expediente en el que se instrumenta este asunto, se provee: a) Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que en el marco de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 representa no solo para el personal de este Juzgado, sino también para los promoventes que requieran realizar trámites en el interior de las instalaciones del edificio sede de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 21/2020 y con fundamento en lo dispuesto por el precepto 280 del código adjetivo civil federal invocado, comuníquese a los justiciables que se deja a su disposición ese instrumento para que acudan a recogerlo dentro de un plazo de noventa días, previa copia fotostática simple que se deje en autos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, esa documental será destruida. b) Para la entrega de ese instrumento, los disconformes deberán generar una cita para la consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan a obtener el documento correspondiente. c) En el entendido que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del acuerdo 21/2020 citado para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. En tal sentido, se autoriza a la parte quejosa y se faculta a sus autorizados para recibir la documental referida, previa identificación y firma de recibo que se establezca en la constancia respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 666/2022 promovido por *******, por sí y en su carácter de representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales ***** y ***** en contra de los actos de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES De las constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa alega que la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa, ha omitido dar trámite y resolver el fondo del incidente de liquidación del laudo planteado en el juicio laboral J.32/0459/2015. La parte quejosa señala que los actos combatidos afectan su esfera normativa en sentido negativo. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veintidós, en el buzón judicial instalado por el Consejo de la Judicatura Federal en el edificio que alberga a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en esta localidad, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ***********, por sí y en su carácter de representante legal de sus hijos menores de edad identificados con las iniciales ***** y ****** promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de la actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de trece de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto lo registró con el progresivo 666/2022 y previno a la promovente para que aclarara su escrito inicial. El requerimiento formulado fue atendido, por lo que en el proveído de veintinueve de junio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo y sus aclaraciones, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que los inconformes reclaman los actos siguientes: De la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, impugnan: La omisión de dar trámite y de resolver el fondo del incidente de liquidación del laudo planteado en el juicio laboral J.32/0459/2015. V. INEXISTENCIA DE UNO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS No es cierto el acto atribuido a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de resolver el fondo del incidente de liquidación del laudo que los justiciables plantearon en el juicio laboral J.32/0459/2015 aun cuando esa autoridad reconoció su certeza, porque de las actuaciones de ese asunto que dicho ente público remitió se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, es decir, al diez de junio de dos mil veintidós, aun no admitía a trámite tal incidencia. Por tanto, si a la fecha de la promoción del juicio constitucional la responsable aún no admitía el citado incidente es inconcuso que estaba imposibilitada para resolver el fondo de tal asunto en términos de lo dispuesto por los numerales 761 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, porque hasta ese momento no se tenía la certeza si tal incidencia sería admitida o no, por lo que tal situación implicaba la imposibilidad de saber si debía resolver o no el fondo de la cuestión accesoria planteada; de ahí que la omisión reclamada a la mencionada autoridad sea inexistente. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente asunto en cuanto al acto combatido a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de resolver el fondo del incidente de liquidación del laudo que los justiciables plantearon en el juicio laboral J.32/0459/2015, dada su inexistencia. VI. EXISTENCIA DEL DIVERSO ACTO COMBATIDO Es cierto el acto reprochado a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dar trámite al incidente de liquidación del laudo que los inconformes plantearon en el juicio laboral J.32/0459/2015, porque así lo reconoció en su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada su existencia. Además, esa certeza se corrobora con las copias certificadas de las diversas actuaciones del juicio laboral J.32/0459/2015 que la responsable remitió en apoyo de su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2, ya que de esas constancias se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la citada autoridad no había admitido ni dado trámite a dicha incidencia; de ahí que se tiene por demostrada la existencia del acto reclamado a la responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." VII. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto impugnado a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dar trámite al incidente de liquidación del laudo que los inconformes plantearon en el juicio laboral J.32/0459/2015 se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esa omisión, porque el seis de julio del año en curso, ese Tribunal del trabajo admitió a trámite esa incidencia y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en tal asunto. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio que indica: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que los disconformes reclaman de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la omisión de dar trámite al incidente de liquidación del laudo que plantearon en el juicio laboral J.32/0459/2015, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener un pronunciamiento mediante el cual se vincule a esa autoridad a emitir un pronunciamiento en cuanto a la admisibilidad y el trámite de ese asunto. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, en particular de las actuaciones del juicio laboral J.32/0459/2015 que la responsable remitió en apoyo de su informe justificado se advierte que en el auto el seis de julio del año en curso, admitió a trámite la citada incidencia y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos en tal asunto. Lo anterior evidencia que la responsable ya proveyó sobre la admisión y el trámite del incidente de liquidación del laudo que los justiciables plantearon en el juicio laboral J.32/0459/2015, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la emisión del proveído de seis de julio de dos mil veintidós, en ese contradictorio, se demuestra que los efectos y las consecuencias del acto omisivo atacado han cesado, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dar trámite al incidente de liquidación del laudo que los inconformes plantearon en el juicio laboral J.32/0459/2015; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VIII. DECISIÓN En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que los justiciables reclamaron a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dar trámite al incidente de liquidación del laudo planteado en el juicio laboral J.32/0459/2015. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **** y por los niños identificados con las iniciales *****. y ***,en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Agréguense la promoción y anexo señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la capital de esta entidad federativa por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Precisa señalar que para la consulta de las constancias indicadas en las instalaciones que albergan a este Tribunal es necesario que las partes obtengan una cita previamente, la cual podrá programarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en particular en el sistema "Agenda OJ", en donde aparecerán las fechas y los horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, que deberán llevarse en términos de lo dispuesto por los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en concordancia con el artículo único del diverso Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que está transcurriendo el plazo de quince días previsto por el arábigo 117, primer párrafo, de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca rinda su informe justificado, dado que el primer período vacacional de ese órgano de administración de justicia está comprendido del dieciséis al treinta y uno de julio del año en curso, por lo que el lapso indicado se interrumpió a partir del inicio del período vacacional señalado. En razón de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano