María Elena Medina López

Expediente 1161/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1161/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • María Elena Medina López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 1161/2021 IV-B promovido por ***, por propio derecho, en contra de actos del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. I. ANTECEDENTES Según las manifestaciones de María Elena Medina López, el uno de octubre de dos mil veintiuno, presentó ante la autoridad señalada como responsable, escrito petitorio del que reclama la omisión de respuesta. Por ello, estima que ese ente público viola en su perjuicio el derecho humano reconocido por el artículo 8de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca María Elena Medina López promovió juicio de amparo en contra de la omisión de dar respuesta a su escrito presentando el uno de octubre de dos mil veintiuno, omisión que atribuyó al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde se registró con el número 1161/2021 y desechó de plano la demanda, porque consideró que se actualizó la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo. Inconforme con esa determinación el justiciable interpuso el recurso de queja, de cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito bajo el toca 460/2021, en cuya ejecutoria de veintiuno de enero de dos mil veintidós, declaró fundado ese medio de impugnación para que se proveyera lo conducente en relación con el ocurso inicial. En el auto de tres de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional en acato a dicho fallo admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. III.COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la omisión atribuida por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que produce efectos dentro de la demarcación territorial del Estado Oaxaca, donde este Juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes: Del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca: La omisión de dar respuesta al escrito presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno ante el área oficial de correspondencia de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado. V. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Es cierto el acto reprochado al Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de respuesta al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno. Se sostiene lo anterior porque la autoridad responsable así lo reconoció al rendir su informe justificado, lo cual es suficiente e idóneo para tener por demostrada la existencia de los actos que le fueron atribuidos a dicho ente público. La determinación anterior tiene respaldo en la jurisprudencia 278 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Bajo esa tesitura, se corrobora con las constancias que acompañó la autoridad responsable a su informe con justificación consistentes en el oficio SF/PF/DC/DPA/0412/2022 de uno de febrero de dos mil veintidós, así como la correspondiente constancia de la diligencia de notificación de ocho de febrero de dos mil veintidós, medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con dichas documentales se demuestra la omisión reprochada a la autoridad responsable, no obstante que fue el ocho de febrero de dos mil veintidós, cuando le fue notificada a la quejosa la respuesta a su escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno y presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de derechos fundamentales (veintiuno de octubre de dos mil veintiuno). VI. LEGITIMACIÓN María Elena Medina López se encuentra legitimada para promover el presente juicio de amparo dado que fue quien presento el escrito que genera la omisión de respuesta, lo que implica que afecta de manera directa, inmediata y materialmente su derecho sustantivo al derecho de petición reconocido por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por la naturaleza del acto impugnado la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo al tratarse precisamente de omisiones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de María Elena Medina López que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable, por analogía, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista. VII. PROCEDENCIA Como el juicio de amparo se distingue por ser un medio extraordinario de defensa, el cual sólo es procedente cuando se cumplen los requisitos señalados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, éstos deben ser analizados previamente al estudio de fondo, incluso hasta de oficio. En la especie, de oficio se advierte que en el acto consistente en la omisión de dar repuesta al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno y presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque han cesado en los efectos de dicho acto. A fin de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Del precepto legal y criterio invocado se obtiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino hasta cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca; cuestión que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto impugnado; o, también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica con la cual destruye en forma definitiva la que dio motivo al amparo. En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. Las anteriores consideraciones llevan a concluir que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, se requiere lo siguiente: La existencia de un acto de autoridad, el cual el impetrante de amparo estime lesivo de sus garantías; y, en razón de ello, se motive la promoción de la demanda de amparo. Un diverso acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma terminante, al acto reclamado, retrotrayendo las cosas al estado que tenían hasta antes de la promoción de la demanda de garantías. Ahora bien, como se anticipó, de las constancias remitidas por las autoridades responsables se aprecia que el ocho de febrero de dos mil veintidós, fue notificado el oficio SF/PF/DC/DPA/0412/2022 de uno de febrero de dos mil veintidós, por el que le dio repuesta al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno por la quejosa, respuesta de la cual se dolía la promovente de amparo. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la omisión que le fue reprochada a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, cesó en sus efectos. En el sumario, como se especificó, la parte quejosa reclama la omisión de brindarle respuesta al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno por la quejosa, y la documental que remitió con anterioridad, manifestó que el ocho de febrero de dos mil veintidós, notificó la respuesta de la que se dolía la quejosa. Por lo anterior, si en esta instancia se reclama la omisión de brindar respuesta al escrito de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno por la quejosa y la autoridad responsable, al momento de la emisión de la presente sentencia ya notificó la respuesta al escrito, es evidente que en esta instancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que al emitir dicho fallo, se destruyeron los efectos de la omisión reclamada en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si tales omisiones no hubieran invadido la esfera jurídica de la particular. Por tanto, lo pretendido por la promovente de la acción constitucional, en el sentido que se cesara la omisión de respuesta al escrito que presentó ante la autoridad responsable, quedó satisfecho. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Por ende, es inconcuso que ante la presencia de la aludida causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo vigente. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Finalmente, no se soslaya los alegatos que formuló la parte tercera interesada; no obstante, los mismos no forman parte de la litis, por lo que a juicio de quien resuelve no se encuentra obligado a su análisis; aunado a que, de su lectura no se advierten circunstancias que tengan el alcance de modificar el criterio establecido en este fallo. X. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es el sobreseimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***respecto de los actos reclamados a las autoridades precisados en el apartado V de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ***; atento su contenido, con apoyo en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, se le tiene desahogando la vista que se le dio con el informe justificado incorporado al expediente en que se actúa por acuerdo diecisiete de febrero de dos mil veintidós y se le tiene produciendo alegatos. Por otra parte, como lo pide la quejosa y atendiendo al Acuerdo general 21/2020, que rige las actividades jurisdiccionales en esta modalidad de contingencia sanitaria, y al deber de privilegiar el trabajo a distancia y las comunicaciones digitales, en relación con los artículos 3º y 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario "Erpsego" que menciona para la consulta del expediente electrónico, de conformidad con los numerales 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020 que rige del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En ese orden, instrúyase a la analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice las gestiones administrativas correspondientes, a efecto que el referido usuario pueda consultar el expediente por la vía electrónica, tal como lo solicita. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA IV-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ******, mediante el cual, solicita que se admita a trámite la demanda de amparo que promovió; atento su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el proveído de tres de febrero de dos mil veintidós, donde se dio trámite a la demanda de amparo origen del presente asunto. NOTIFÍQUESE.

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