Maria Elena Ramírez Fernández
Expediente 1528/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 40 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1528/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Maria Elena Ramírez Fernández
- Tribunal Agrario del Sexto Distrito
- Administración de Recaudación de Rentas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Incidental
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que del juicio principal del que derivan los presentes cuadernos de suspensión se desprende que causó ejecutoria la sentencia en el citado juicio, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo, y se dejan sin efectos las medidas cautelares decretadas en el presente incidente. Garantía. No se exhibió. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el incidente de suspensión original es susceptible de depuración y el duplicado destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; diez de noviembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído dictado en el presente juicio, motivo por el cual lo conducente en el caso es, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que ha causado estado para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. En el expediente atinente, provéase lo relativo a la depuración o destrucción del incidente, en términos del referido Acuerdo General. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que mediante proveído de veintinueve de agosto del presente año, se ordenó el emplazamiento por medio de edictos del tercero interesado Diego Espada Iglesias, otorgando el plazo de veinte días hábiles a la parte quejosa a fin de que realizara los trámites correspondientes para recabar y acreditar la publicación de los mismos. Improcedencia. En tales condiciones, de la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa para el efecto indicado en el párrafo que antecede, sin que lo haya realizado, ni tampoco manifestó su imposibilidad para ello. En el caso, opera el sobreseimiento del juicio, conforme con lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, con relación al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo". De conformidad con los artículos transcritos, se advierte que una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, y ordenado el emplazamiento a juicio de los terceros interesados por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si ésta no los recoge, o paga su publicación y los exhibe dentro del plazo de veinte días, se decretará el sobreseimiento del juicio. Lo anterior es así, pues al no haberse emplazado a la parte tercera interesada, se incumple con un presupuesto procesal, que constituye una formalidad esencial del procedimiento, y que impide al juzgador pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. En efecto, acorde con el artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de amparo, el tercero interesado constituye parte de la relación procesal, lo que impone debe ser llamado al juicio, a fin de integrar debidamente la misma. Pues bien, analizadas las constancias del presente juicio de amparo, se advierte lo siguiente: 1. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; asimismo, por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Diego Espada Iglesias, resultando infructuosa su localización. 2. Mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, a efecto de que en el término que se le concedió, proporcionara el domicilio correcto de la referida parte tercero interesado, sin que al efecto así lo hubiese realizado. 3. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se ordenó librar oficio a diversas autoridades para localizar el domicilio en el cual pudiera ser emplazado el referido tercero interesado, sin resultados positivos en cuanto a su localización. 4. Mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se ordenó el emplazamiento por medio de edictos, a costa de la parte quejosa, respecto del tercero interesado Diego Espada Iglesias, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días para recoger el edicto y que procediera a su publicación; proveído que le fue notificado legalmente el seis de septiembre de dos mil veintidós, según se advierte de la diligencia actuarial que obra en autos. Ahora bien, no obstante que era del conocimiento pleno de la parte quejosa, que tenía un término de veinte días para la publicación de los edictos que se puso a su disposición, fue omisa en comparecer a recogerlos y justificar su publicación, sin que exista tampoco manifestación alguna respecto a su imposibilidad material o económica para así hacerlo. En consecuencia, tal actitud asumida por la parte quejosa, origina la paralización del procedimiento, al incumplirse con un presupuesto procesal que constituye una formalidad esencial en el juicio, como es el emplazamiento de la parte tercero interesado. Así, no obstante la prevención hecha a la parte quejosa para recoger y publicar el edicto para el emplazamiento del tercero interesado Diego Espada Iglesias, la parte quejosa nada hizo para comparecer a recogerlos y demostrar su publicación, o la imposibilidad que tuviera para ello; por lo que, con tal actitud, se advierte la falta de acreditamiento de un elemento esencial para la continuación del juicio, como es el llamamiento a juicio de la parte tercera interesada. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio de 2002, página 211, que es del rubro y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo estas condiciones, se actualizan los presupuestos previstos en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, y 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, se impone decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia. Es aplicable la jurisprudencia número 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, y que se encuentra visible en las páginas 386 y 387, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia constitucional. Por tanto, se dejan sin efecto la citación para la audiencia constitucional, señalada para las diez horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; haciéndolo personalmente a la parte quejosa, tercera interesada Virginia Casillas Camargo y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
- Principal
Se notifica por lista a la tercera interesada Virginia Casillas Camargo Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que mediante proveído de veintinueve de agosto del presente año, se ordenó el emplazamiento por medio de edictos del tercero interesado Diego Espada Iglesias, otorgando el plazo de veinte días hábiles a la parte quejosa a fin de que realizara los trámites correspondientes para recabar y acreditar la publicación de los mismos. Improcedencia. En tales condiciones, de la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de veinte días concedido a la parte quejosa para el efecto indicado en el párrafo que antecede, sin que lo haya realizado, ni tampoco manifestó su imposibilidad para ello. En el caso, opera el sobreseimiento del juicio, conforme con lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, con relación al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales disponen lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo". De conformidad con los artículos transcritos, se advierte que una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, y ordenado el emplazamiento a juicio de los terceros interesados por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si ésta no los recoge, o paga su publicación y los exhibe dentro del plazo de veinte días, se decretará el sobreseimiento del juicio. Lo anterior es así, pues al no haberse emplazado a la parte tercera interesada, se incumple con un presupuesto procesal, que constituye una formalidad esencial del procedimiento, y que impide al juzgador pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. En efecto, acorde con el artículo 5°, fracción III, inciso a) de la Ley de amparo, el tercero interesado constituye parte de la relación procesal, lo que impone debe ser llamado al juicio, a fin de integrar debidamente la misma. Pues bien, analizadas las constancias del presente juicio de amparo, se advierte lo siguiente: 1. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; asimismo, por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Diego Espada Iglesias, resultando infructuosa su localización. 2. Mediante proveído de once de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, a efecto de que en el término que se le concedió, proporcionara el domicilio correcto de la referida parte tercero interesado, sin que al efecto así lo hubiese realizado. 3. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se ordenó librar oficio a diversas autoridades para localizar el domicilio en el cual pudiera ser emplazado el referido tercero interesado, sin resultados positivos en cuanto a su localización. 4. Mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se ordenó el emplazamiento por medio de edictos, a costa de la parte quejosa, respecto del tercero interesado Diego Espada Iglesias, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días para recoger el edicto y que procediera a su publicación; proveído que le fue notificado legalmente el seis de septiembre de dos mil veintidós, según se advierte de la diligencia actuarial que obra en autos. Ahora bien, no obstante que era del conocimiento pleno de la parte quejosa, que tenía un término de veinte días para la publicación de los edictos que se puso a su disposición, fue omisa en comparecer a recogerlos y justificar su publicación, sin que exista tampoco manifestación alguna respecto a su imposibilidad material o económica para así hacerlo. En consecuencia, tal actitud asumida por la parte quejosa, origina la paralización del procedimiento, al incumplirse con un presupuesto procesal que constituye una formalidad esencial en el juicio, como es el emplazamiento de la parte tercero interesado. Así, no obstante la prevención hecha a la parte quejosa para recoger y publicar el edicto para el emplazamiento del tercero interesado Diego Espada Iglesias, la parte quejosa nada hizo para comparecer a recogerlos y demostrar su publicación, o la imposibilidad que tuviera para ello; por lo que, con tal actitud, se advierte la falta de acreditamiento de un elemento esencial para la continuación del juicio, como es el llamamiento a juicio de la parte tercera interesada. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, julio de 2002, página 211, que es del rubro y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo estas condiciones, se actualizan los presupuestos previstos en los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, y 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; por lo que, se impone decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia. Es aplicable la jurisprudencia número 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, y que se encuentra visible en las páginas 386 y 387, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia constitucional. Por tanto, se dejan sin efecto la citación para la audiencia constitucional, señalada para las diez horas del veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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