Maria Elena López Alvarado

Expediente 109/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
109/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2018

Partes del expediente

  • Maria Elena López Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad, en atención a su contenido, mediante oficio con transcripción del presente proveído, remítansele las copias certificadas que solicita. Lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese; mediante oficio al Juez Segundo de Distrito en la Laguna, con residencia en esta ciudad.

  2. Principal

    Vista la certificación de la secretaría de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a, de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Se notifica auto a promovente. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de la Junta Especial número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 109/2018-IX, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna. Ahora bien, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, esta juzgadora, advierte que es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del numeral transcrito se desprende, que el órgano jurisdiccional dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto e indudable. En efecto, de la referida demanda de amparo se desprende que respecto del acto reclamado por la quejosa se actualiza de manera manifiesta una causal de improcedencia; pues tal acto reclamado lo constituye: Desprendiéndose de la anterior transcripción, así como del contenido íntegro de la demanda, que el acto reclamado por la quejosa lo constituye en esencia, la omisión de la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, de acordar el plazo y término para celebrarse la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral de origen. En ese contexto, dichos actos reclamados no son susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Más Alto Tribunal del país, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". En ese sentido, esta juzgadora determina que con motivo de la omisión en que la junta responsable ha incurrido, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos de la quejosa, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así porque la impartición de justicia derivada de la omisión de proveer su petición formulada en el sentido de acordar el plazo y término para celebrarse la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio laboral de origen, constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, las consecuencias de dicha omisión (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera, y por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, por lo que, deberá atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Luego, tomando en consideración que la parte quejosa en la demanda de amparo que nos ocupa, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento laboral, así como violaciones al artículo 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma del procedimiento en el que se encuentra la referida quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al no emitir el acuerdo para celebrar la audiencia de conciliación, demanda, excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, juicio laboral de origen, del índice de la Junta Especial número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Por tanto, como la quejosa refiere una afectación cometida dentro del procedimiento ordinario laboral, en atención a que no se ha dictado el citado acuerdo en el juicio natural por parte de la Junta Especial número Cuarenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, ello se rige por los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, así como en los plazos y términos desarrollados en la norma secundaria, razón por la cual, si el reclamo acaece dentro del mencionado procedimiento laboral, no se cumple el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión de un derecho sustantivo o que hubiera dejado sin defensa a la quejosa, dado que no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en que se encuentra el particular, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a las autoridades a pronunciarse al respecto. Cabe citar al respecto la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 478, que dice lo siguiente: Sin embargo, el criterio en cita destaca que por regla general, en los casos que se analizan, el amparo es improcedente, a no ser que a juicio del juez de amparo advierta una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, caso en el que el juicio de amparo sería procedente; siendo que a juicio de esta juzgadora no se advierte una manifiesta dilación del procedimiento o su paralización total. Lo anterior si se tiene en consideración que la obligación de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe atender a la naturaleza y carga de trabajo de los diferentes órganos jurisdiccionales, que implica un tiempo suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales, sin que los plazos y términos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende, sin que sea factible establecer un término fijo y genérico que aplique en todos los asuntos. En esa virtud, la quejosa manifieste bajo protesta de decir verdad que el cinco de enero de dos mil dieciocho interpuso demanda laboral ante la autoridad responsable, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo la responsable hubiera acordado al respecto, lo que a juicio de esta juzgadora no se traduce en una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, puesto que como se precisó con antelación, debe atenderse a la carga laboral de los órganos jurisdiccionales a efecto de determinar si la omisión reclamada, constituye o no, en el momento específico, una dilación o paralización del procedimiento. Por tanto, si se tiene en consideración la excesiva carga laboral de la junta laboral responsable, entonces, la omisión en que ésta ha incurrido, a juicio de esta juzgadora, en este momento no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En consecuencia, como la quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo en este momento a juicio de esta juzgadora; por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ..., y en términos del citado artículo, párrafo segundo, última parte a ..., toda vez que su cédula no se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; asimismo, por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que se refiere en la demanda. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 21 la Ley de Amparo, para el caso de que en el juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualquiera de las partes que intervienen, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario de la adscripción pueda efectuar las mismas. En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a la promovente que las resoluciones y la sentencia que se dicten en el presente asunto, constituye información pública una vez que se emitan y causen estado, de acuerdo con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para aplicación de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil cuatro, con las excepciones previstas en el artículo 110 de la misma ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE.

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