María Elena Olivares Caballero

Expediente 926/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
926/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2018

Partes del expediente

  • María Elena Olivares Caballero

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que mediante proveído en el que se ordenó el archivo del presente cuaderno, se calificó como susceptible de destrucción en términos del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, para que se conserve en el archivo reciente de este Juzgado por el término de tres años; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de dejar insubsistente la temporalidad del destino archivístico otorgado al presente asunto, y se provee: Toda vez que el presente cuaderno esta como considerado como cuaderno auxiliar; con fundamento en el punto segundo, fracción XX, y vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que el presente cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN y carece de relevancia documental; destrucción que deberá realizarse dentro del término de seis meses contados a partir de esta fecha, al haberse determinado que a este órgano jurisdiccional no le corresponde el conocimiento del asunto. Hágase la anotación en la carátula.

  2. Principal

    . Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, mediante el cual acusa recibo del oficio 16743, e informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado, en auto de once de julio del año que transcurre; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este asunto como total y legalmente concluido. Ahora, con motivo de lo decretado en el párrafo que antecede, en términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....IV

  3. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo recibida electrónicamente, promovida por *****, en su carácter de apoderado legal de ***** , contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la Ciudad de México y otras autoridades, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 926/2017-IV, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCOMPETENCIA Este Juzgador considera que carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, por las razones siguientes: En principio, es menester precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así, conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por territorio, por lo que conforme con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del último precepto antes trascrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a). La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b). La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c). En la tercera parte del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. En esa tesitura, se colige, que respecto del acto reclamado consistente en: La expedición de los Decretos de Expropiación publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos treinta y siete, veintidós de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y nueve, cinco de octubre de mil novecientos cuarenta, diecinueve de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, así como veinte de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, mediante los cuales priva a la aquí quejosa, de la propiedad y posesión de diversas fracciones de inmuebles con el objeto de dotar de tierras a los habitantes de las comunidades El Chaparro, de Mata de Pinos, Los Ajolotes y del Ejido la Granja, todas del Municipio de Hidalgo, así como de El Aguacate, Municipio de Tuxpan. Se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que de la interpretación integral del escrito de demanda se advierte que la expedición de los Decretos de Expropiación publicados en el Diario Oficial de la Federación, versa respecto de diversas fracciones de inmuebles con el objeto de dotar de tierras a los habitantes de las comunidades El Chaparro, de Mata de Pinos, Los Ajolotes y del Ejido la Granja, todas del Municipio de Hidalgo, así como de El Aguacate, Municipio de Tuxpan, todas en el Estado de Michoacán, lugar en que tendrán ejecución tales actos reclamados, por lo que es autoridad competente para conocer de la presente demanda de amparo, un Juez de Distrito en Turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conforme al acuerdo Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del número y Límites Territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la Tesis VI.2o.20 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Visible en la Página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." Así como la Tesis 3a. XVIII/92, visible en la página 19, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, marzo de 1992, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto." Asimismo, es aplicable por las razones que contiene, la tesis emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AÚN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Aunado a lo anterior, de la demanda de amparo no se advierte que la quejosa hubiese señalado alguna autoridad ejecutora en esta Entidad Federativa, por lo que resulta incorrecto determinar la competencia con el sólo dicho de la residencia de la promovente del amparo. Siendo así las cosas, los efectos del acto que se reclama, por su propia naturaleza, tendrán efecto, desde luego, directamente en donde se ejecutora la dotación de tierras a los habitantes de las comunidades de El Chaparro, de Mata de Pinos, Los Ajolotes y del Ejido la Granja, todas del Municipio de Hidalgo, así como de El Aguacate, Municipio de Tuxpan, esto es, en el Estado de Michoacán. Así las cosas, y al no existir el señalamiento condigno de alguna autoridad ejecutora con residencia en esta entidad federativa, luego, no es posible aceptar la competencia, siendo que el señalamiento del domicilio de la quejosa es insuficiente para que un Juez de Distrito se declare competente o incompetente para conocer de un asunto ya que esa hipótesis no se prevé en la Ley de Amparo. Adoptar un criterio distinto sería dejar al arbitrio de la quejosa la determinación de competencia con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, cuando la competencia es un presupuesto procesal de orden público. Es aplicable al caso, por las razones que contiene, la tesis número VI. 2o 20 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Febrero de 1996, Materia Común, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS." Por lo anterior, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional se considera legalmente incompetente para resolver este asunto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el juicio de amparo 926/2017-IV al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN CON RESIDENCIA EN MORELIA; por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. Por ende, se ordena remitir el escrito original de demanda, las nueve copias del mismo, así como su respectivo anexo, consistente en copia certificada de la escritura pública número ciento quince mil once, de cuatro de junio de dos mil ocho. Se solicita al Juez receptor, se sirva manifestar si acepta o no la competencia planteada a su favor, así como el acuse de estilo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Karlo Kami Medina López y Ovidio Medina Gallardo, y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de la materia, a las diversas personas que refiere en el proemio de su escrito de demanda, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado ser licenciados en derechos, con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema respectivo, toda vez que de la certificación de cuenta no se advierte registro alguno. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal......IVNotifíquese personalmente.

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 12/07/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO GASTON ARZATE AGUILAR, APODERADO LEGAL DE MARIA ELENA OLIVARES CABALLERO EN SU CARACTER DE ALBACEA Y ÚICO Y UNIVERSAL HEREDERO DE LA DE CUJUS MARIA CUEVAS GONZALEZ O MARIA CUEVAS VIUDA DE OLIVARES. EL AUTO DE 11/07/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo recibida electrónicamente, promovida por *****, en su carácter de apoderado legal de ***** , contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la Ciudad de México y otras autoridades, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 926/2017-IV, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. INCOMPETENCIA Este Juzgador considera que carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, por las razones siguientes: En principio, es menester precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Así, conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia a saber: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por territorio, por lo que conforme con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del último precepto antes trascrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación: a). La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b). La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c). En la tercera parte del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. En esa tesitura, se colige, que respecto del acto reclamado consistente en: La expedición de los Decretos de Expropiación publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos treinta y siete, veintidós de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, cuatro de diciembre de mil novecientos treinta y nueve, cinco de octubre de mil novecientos cuarenta, diecinueve de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, así como veinte de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, mediante los cuales priva a la aquí quejosa, de la propiedad y posesión de diversas fracciones de inmuebles con el objeto de dotar de tierras a los habitantes de las comunidades El Chaparro, de Mata de Pinos, Los Ajolotes y del Ejido la Granja, todas del Municipio de Hidalgo, así como de El Aguacate, Municipio de Tuxpan. Se actualiza la hipótesis de incompetencia a que se refiere el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que de la interpretación integral del escrito de demanda se advierte que la expedición de los Decretos de Expropiación publicados en el Diario Oficial de la Federación, versa respecto de diversas fracciones de inmuebles con el objeto de dotar de tierras a los habitantes de las comunidades El Chaparro, de Mata de Pinos, Los Ajolotes y del Ejido la Granja, todas del Municipio de Hidalgo, así como de El Aguacate, Municipio de Tuxpan, todas en el Estado de Michoacán, lugar en que tendrán ejecución tales actos reclamados, por lo que es autoridad competente para conocer de la presente demanda de amparo, un Juez de Distrito en Turno en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conforme al acuerdo Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del número y Límites Territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, la Tesis VI.2o.20 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Visible en la Página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." Así como la Tesis 3a. XVIII/92, visible en la página 19, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, marzo de 1992, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto." Asimismo, es aplicable por las razones que contiene, la tesis emitida por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AÚN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Aunado a lo anterior, de la demanda de amparo no se advierte que la quejosa hubiese señalado alguna autoridad ejecutora en esta Entidad Federativa, por lo que resulta incorrecto determinar la competencia con el sólo dicho de la residencia de la promovente del amparo. Siendo así las cosas, los efectos del acto que se reclama, por su propia naturaleza, tendrán efecto, desde luego, directamente en donde se ejecutora la dotación de tierras a los habitantes de las comunidades de El Chaparro, de Mata de Pinos, Los Ajolotes y del Ejido la Granja, todas del Municipio de Hidalgo, así como de El Aguacate, Municipio de Tuxpan, esto es, en el Estado de Michoacán. Así las cosas, y al no existir el señalamiento condigno de alguna autoridad ejecutora con residencia en esta entidad federativa, luego, no es posible aceptar la competencia, siendo que el señalamiento del domicilio de la quejosa es insuficiente para que un Juez de Distrito se declare competente o incompetente para conocer de un asunto ya que esa hipótesis no se prevé en la Ley de Amparo. Adoptar un criterio distinto sería dejar al arbitrio de la quejosa la determinación de competencia con el sólo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, cuando la competencia es un presupuesto procesal de orden público. Es aplicable al caso, por las razones que contiene, la tesis número VI. 2o 20 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Febrero de 1996, Materia Común, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS." Por lo anterior, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional se considera legalmente incompetente para resolver este asunto, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase el juicio de amparo 926/2017-IV al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN CON RESIDENCIA EN MORELIA; por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución el acto reclamado. Por ende, se ordena remitir el escrito original de demanda, las nueve copias del mismo, así como su respectivo anexo, consistente en copia certificada de la escritura pública número ciento quince mil once, de cuatro de junio de dos mil ocho. Se solicita al Juez receptor, se sirva manifestar si acepta o no la competencia planteada a su favor, así como el acuse de estilo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Karlo Kami Medina López y Ovidio Medina Gallardo, y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de la materia, a las diversas personas que refiere en el proemio de su escrito de demanda, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado ser licenciados en derechos, con cédula profesional debidamente inscrita en el Sistema respectivo, toda vez que de la certificación de cuenta no se advierte registro alguno. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal

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