María Elena Loyola Urueta

Expediente 1943/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1943/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
18/08/2015

Partes del expediente

  • María Elena Loyola Urueta

Actuaciones

  1. Principal

    V I S T O el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera el recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, contra del auto de fecha cinco de agosto del presente año, por el cual se desechó de plano por notoria improcedencia la demanda de amparo promovida por MARÍA ELENA LOYOLA URUETA; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos legales consiguientes; háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y archívese el presente asunto como enteramente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .II

  2. Principal

    REGISTRO DE EXPEDIENTE Vista la demanda de garantías promovida por María Elena Loyola Urueta, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro y otras autoridades, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1943/2015-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Tal, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, en el caso que nos ocupa, también se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de la materia, que dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que esta causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." PRECISIÓN DEL PROBLEMA. El promovente del amparo señala en su demanda como actos reclamados las siguientes leyes: La aprobación, expedición, Promulgación y Publicación de la Ley de ingresos para el Municipio de Querétaro y la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, en lo referente a sus artículos 92 al 95, respecto del Impuesto para la Educación y Obras Públicas; y, Ejecución de las legislaciones anunciadas en el punto que antecede, a través del recibo de pago Z-2930068 y Z-2930069. DESECHAMIENTO: Bajo ese contexto, se estima que en el presente asunto la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 199, ambos de la Ley de Amparo. Se estima así, ya que se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se detectó el registro del juicio de amparo número 419/2015-V del índice del juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro, del que se desprende, que fue promovido por MARÍA ELENA LOYOLA URUETA, contra actos de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Querétaro y otras autoridades, que hizo consistir esencialmente en: a) De las autoridades responsables, en el ámbito de sus facultades, el proceso legislativo de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro publicada el diecisiete de octubre de dos mil trece, en lo referente a los artículos 41 y 90 a 93. b) El proceso legislativo relativo a la discusión, aprobación, y refrendo de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil quince, publicada el veinticuatro de diciembre de dos mil catorce, en lo referente a los artículos 15 y 19. c) La recepción por parte de la autoridad exactora municipal, del numerario por concepto del impuesto predial y diverso para la educación y obras públicas, materializada en la expedición de los comprobantes de pago con números de recibo Z-3966219 y Z-2727532, de fechas veintitrés de enero y cinco de febrero, ambos de dos mil quince. Juicio de amparo que fue resuelto el doce de junio de dos mil quince, en el que se resolvió CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL por dichos actos, resolución que causo ejecutoria el uno de julio de dos mil quince, y que manifiesta en su segundo resolutivo: SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A ALEJANDRO CARRANZA MENDOZA, por su propio derecho, en contra de los actos y por las autoridades que precisados quedaron en el considerando cuarto y que se rige por los diversos sexto y séptimo y para los efectos precisados en el último de los considerandos del presente fallo. (.) En ese orden de ideas, cabe señalar que en el presente sumario se combate precisamente el proceso legislativo de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, en particular sus artículos 92 al 95, y el proceso legislativo de la Ley de Ingresos para el Municipio de Querétaro, para el Ejercicio Fiscal del dos mil quince, en particular el artículo 15; sin embargo, de lo narrado en líneas precedentes, se advierte que en el juicio de amparo número 419/2015-IV del índice del juzgado Tercero de Distrito de amparo y Juicios Federales en el estado de Querétaro, ya se dilucidó sobre dicho tema, ya que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: " (.) "SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Se impone necesario conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para los siguientes efectos: I. Para que, en tanto se encuentren vigentes, las disposiciones normativas consistentes en los artículos: 15 y 19 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil quince. Queden desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa, y, por ende, no se le vuelvan a aplicar con motivo de ningún acto, al tenor de la tesis de jurisprudencia P./J. 112/99, Novena Época, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". O bien, que no se realice de manera coactiva su cobro, e informe a este juzgado el resultado de tal gestión, pues con independencia de que dichas contribuciones sean de aquellas cuyo entero ocurre de manera voluntaria por el gobernado en forma de autoliquidación y no esté totalmente en manos de la autoridad evitar su pago, es posible que pueda llevar un registro de esta sentencia en los sistemas con que cuente, tales como el electrónico, y lograr de manera efectiva la exención que ahora gozará la parte quejosa con motivo de la presente concesión, pudiendo advertir incluso al gobernado sobre el pago de lo indebido, y en esa medida se observe la jurisprudencia P./J. 112/99, Novena Época, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". II. Para que se deje insubsistente el acto de aplicación del artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, que se refleja en los comprobantes de pago Z-3966219 y Z-2727532, de fechas veintitrés de enero y cinco de febrero, ambos de dos mil quince, y, se aplique a la parte quejosa, la tasa para predios urbanos con edificación; esto es, la del 1.6 al millar, debiendo restituir el numerario excedente de la cantidad erogada por ese concepto, que se aplicó en los comprobantes de pago aludidos. III. Para que se deje insubsistente el primer acto de aplicación, dados los efectos que se han señalado en el considerando séptimo, y se reintegre a la parte quejosa el monto total que erogó por el Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales), que se encuentra reflejado en los comprobantes de pago antes descritos. Proceder que en ejecución de sentencia, deberá requerirse al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, pues a su cumplimiento está obligado, no obstante que dicha autoridad no se haya tenido como responsable, por ser la autoridad municipal que realiza funciones específicas de recaudación; en el entendido de que deberá enviársele copia autorizada de esta determinación, para que quede enterada de sus alcances y realicen las acciones concernientes a su observancia. Al respecto encuentra aplicación, la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 178, en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO." Finalmente, desde este momento queda establecido que la devolución de los pagos fundados en la norma declarada inconstitucional, deberá realizarse respecto de todos aquellos comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que esta sentencia sea definitiva. Protección que abarca incluso actos de aplicación distintos a los que dieron origen al juicio. Lo anterior es así, pues en el caso de que la quejosa acuda en vía de autoliquidación a erogar el tributo cuya inconstitucionalidad quedó demostrada, estará en aptitud de proceder conforme a las reglas tributarias fiscales, esto es, podrá solicitar ante la autoridad exactora la devolución del pago de lo indebido, y sólo en caso de que dicha autoridad se niegue fictamente o expresamente a devolverle la cantidad que le corresponde, es que podrá denunciarse como repetición del acto reclamado a este órgano jurisdiccional, y en su caso este tribunal federal conminar a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable a alguna autoridad fiscal, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado. Sirven de sustento a lo aquí determinado las jurisprudencias 73/2007 y 74/2009 suestadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, de julio de dos mil nueve, páginas 64 y 63, respectivamente de rubros: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE SUJETAR AL PROCEDIMIENTO OFICIOSO TODOS LOS ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY TRIBUTARIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EMITIDOS HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA."; y, "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO." (.) Luego entonces, es indudable y manifiesto el motivo de improcedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, dado que en el caso particular, se está reclamando precisamente la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, en específico sus artículos 92 al 95, respecto del impuesto para la Educación y Obras Públicas Municipales, los cuales ya fueron declarados inconstitucionales, en el citado juicio de amparo 419/2015-V, aunado a que en la sentencia emitida en dicho juicio, se establece que la devolución de los pagos fundados en la norma declarada inconstitucional, deberá realizarse respecto de todos aquellos comprendidos dentro del periodo que va desde la fecha en la que se suscitó el primer acto de aplicación hasta el día en que tal sentencia fue definitiva, abarcando incluso, actos de aplicación distintos a los que dieron origen al juicio, por ende, la presente demanda de amparo resulta improcedente, ya que el peticionario de garantías, tiene expedito su derecho para hacerlo valer mediante repetición del acto en el juicio en el que obtuvo el amparo previo, o bien en la vía correspondiente ante la autoridad exactora, y en caso de que se negaré a la devolución de lo indebido, entonces seguirá teniendo expedito su derecho para promover la repetición del acto reclamado en comento, acorde con lo establecido en el artículo 199 de la ley de la materia, pero no como un nuevo juicio de amparo como ahora lo pretende. Ahora bien toda vez que ya fue materia de sentencia y ejecutoria de amparo la inconstitucionalidad de los artículos 90 al 93 de la citada Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro de igual forma se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la ley de la materia. Cabe destacar que se trae a colación el antecedente del juicio de amparo 419/2015-V, ya reseñado, conforme a lo señalado en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." Así como en la Jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable a foja 1199, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, que se transcribe: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Sin que sea obstáculo a la anterior determinación que en el presente juicio se incluya a la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro para el Ejercicio Fiscal 2015, como actos reclamados, en virtud de que sólo se impugnan en vía de consecuencia de la ley respecto de la cual ya obtuvo un amparo previo, ello con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 78 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 74/2009, con número de registro 166816, sustentada por el Pleno dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XXX, julio de dos mil nueve, visible en la página 63, que a la letra dice: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE DENUNCIARLA CONTRA LA NEGATIVA A DEVOLVER EL PAGO DE LO INDEBIDO. La solicitud de insubsistencia de los actos emitidos por la autoridad administrativa, cuya fecha sea posterior al día en que adquirió definitividad la protección constitucional concedida al quejoso contra una ley tributaria, debe tramitarse por cuerda separada a través de la denuncia de repetición del acto reclamado, al ser la vía expresamente instituida para juzgar lo relativo a la reiteración de una conducta ya sentenciada en el juicio de garantías, en términos del artículo 108 de la Ley de Amparo. Por otra parte, si el contribuyente, a pesar de haber obtenido el amparo en sentencia firme, continúa enterando la contribución relativa a través de su autoliquidación, la vía para obtener la devolución de las cantidades enteradas con posterioridad a la ejecutoria es la prevista en las leyes fiscales para recuperar el pago de lo indebido, y solamente ante la negativa ficta o expresa para hacerlo, tal proceder, equiparable a una reiteración de lo declarado inconstitucional en la ejecutoria, también podrá denunciarse como repetición del acto reclamado, al órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo indirecto, a fin de que, en su caso, se conmine a las autoridades renuentes a respetar la sentencia estimatoria. Lo anterior obedece a que tratándose del sistema de recaudación de contribuciones a través del sistema de autoliquidación, no existe un acto imputable al fisco, de manera que, en principio, no habría autoridad alguna a la cual atribuirle la repetición del acto reclamado, a menos que, a la que le corresponda esa restitución, se resista a devolver lo indebidamente pagado. En tales condiciones, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XI y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 199, del mismo ordenamiento jurídico en consulta, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por MARÍA ELENA LOYOLA URUETA, en términos del diverso 113 de la propia ley, en virtud de que en contra del acto que aquí combate procede el incidente de repetición del acto reclamado, en razón de la concesión del amparo obtenido en el juicio 419/2015-V del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Similar criterio sostuvo el 3er Tribunal Colegiado de este Circuito, al resolver los recursos de queja número 32/2015 y 33/2015. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 en términos amplios a la licenciada MARÍA SILVIA RAMÍREZ SÁNCHEZ; y en términos del párrafo del artículo 24 de la citada legislación, sin perjuicio que una vez que acredite ante este juzgado estar legalmente facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se les otorguen las facultades amplias a que hace mención el citado artículo 12. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído... MESA II (NOTIFICACION PERSONAL)

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