María Elena Munguía Valencia

Expediente 688/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
688/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • María Elena Munguía Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la resolución pronunciada en el recurso de queja 287/2020, del índice de aquél Tribunal, relacionado con el juicio de amparo indirecto 688/2020, del índice de este Juzgado; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia resolvió declarar infundado el recurso de queja interpuesto en el presente juicio de amparo, confirmando además el auto de cinco de agosto de dos mil veinte, en el que este Juzgado de Distrito desechó la demanda del presente juicio de amparo. Por lo tanto, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó la demanda del presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. Por otra parte, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de queja, y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por MARIBEL GODÍNEZ BELTRÁN, en su carácter de autorizada de la parte quejosa; y en atención a su contenido, sin lugar a hacer efectivos los apercibimientos decretados al Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, toda vez que en auto de veintitrés de octubre del presente año se le tuvo dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de cinco del mismo mes y año acreditando haber requerido por segunda ocasión al Director de Servicios Administrativos el pago de la cantidad de $444,664.52 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 52/100 moneda nacional) a la quejosa Ma. Lilia Álvarez Peña correspondiente a la diferencia salarial del nivel D al E del primero de febrero de dos mil diecinueve al quince de septiembre de dos mil veinte, y se le requirió para que en cuanto tuviera la respuesta a la nueva solicitud formulada al Director de Servicios Administrativos, la hiciera del inmediato conocimiento de este órgano jurisdiccional, sin que se tenga la certeza de si ya obtuvo tal respuesta. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que desde el veintiséis de octubre de dos mil veinte se notificó al Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, el requerimiento contenido en auto de veintitrés del mismo mes y año, tal y como se desprende de la constancia de notificación respectiva, sin que a la fecha haya remitido información alguna al respecto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase de nueva cuenta al citado Director para que en el término de tres días informe a este juzgador si el Director de Servicios Administrativos cumplió con el pago de la cantidad de $444,664.52 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 52/100 moneda nacional) a la quejosa Ma. Lilia Álvarez Peña correspondiente a la diferencia salarial del nivel D al E del primero de febrero de dos mil diecinueve al quince de septiembre de dos mil veinte, bajo el proyecto AA-05-B2 partida 39401, y ha realizado los trámites administrativos necesarios para hacer el pago de la diferencia salarial de manera quincenal y de manera retroactiva a partir de la primera quincena del dos mil veinte a la mencionada quejosa, o bien, informe la imposibilidad que tenga para hacerlo. Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de lograr el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, como lo solicita la quejosa se vincula al cumplimiento al Director de Servicios Administrativos de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit; ello, tomando en consideración que para el fin indicado, no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir las sentencias de amparo, sino todas aquellas que tengan intervención en el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, quinta época, Tomo VI, Materia Común, 145 y 146, del rubro y texto: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo. Luego, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director de Servicios Administrativos de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, para que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, justifique haber hecho el pago de la cantidad de $444,664.52 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 52/100 moneda nacional) a la quejosa Ma. Lilia Álvarez Peña correspondiente a la diferencia salarial del nivel D al E del primero de febrero de dos mil diecinueve al quince de septiembre de dos mil veinte, bajo el proyecto AA-05-B2 partida 39401, así como haber realizado los trámites administrativos necesarios para hacer el pago de la diferencia salarial de manera quincenal y de manera retroactiva a partir de la primera quincena del dos mil veinte a la mencionada quejosa, o bien, informe la imposibilidad que tenga para hacerlo. Apercibiéndose a las referidas autoridades que de no dar cumplimiento al requerimiento formulado sin causa justificada, se harán acreedoras a una multa de cien días, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que de conformidad con el artículo 193 de la citada Ley se considerará incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte. Finalmente, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de esta última, expídase la copia simple de la constancia que peticiona la promovente, por su conducto o de la persona que para tal efecto autoriza, previa toma de razón y recibo que de su entrega se deje en autos. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a efectuar el trámite de recepción de las copias solicitadas, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio "Agenda OJ", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19. NOTIFÍQUESE.

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