María Elena Lujan López

Expediente 1560/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1560/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2017

Partes del expediente

  • María Elena Lujan López

Actuaciones

  1. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el perito oficial en materia de contable José Luis Román Miranda, a través del cual rinde el dictamen pericial que le fue encomendado; luego, requiérase al perito de referencia, a efecto de que dentro de los tres días siguientes al en que quede legalmente notificado del presente proveído, comparezca ante la presencia judicial a ratificar su dictamen. Bajo apercibimiento legal que en caso de no comparecer se le aplicará alguno de los medios de apremio que contempla el artículo 59, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la misma

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que el perito tercero LUIS EDUARDO HERRERA OCAMPO, compareció ante la presencia judicial, a ratificar en todas y cada una de sus partes el dictamen pericial en materia de grafoscopía, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el veintitrés de agosto del año en curso. Consecuentemente, en virtud de que el mencionado dictamen lo ratificó ante la presencia judicial, con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa, dentro del término legal concedido no hizo manifestación alguna respecto al cumplimiento dado al fallo protector por la Directora General de Amparo contra actos Administrativos en ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Presidente de la República, con sede en la Ciudad de México. Luego, en virtud de que el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán Rosales, Sinaloa, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa, misma que confirmó el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad de Tepic, Nayarit, para el efecto de que las autoridades responsables, permitieran a la parte quejosa el reconocimiento de efectos fiscales del fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se expenda en el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos. Lo anterior en relación con el artículo 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de diciembre de dos mil trece. En cumplimiento a ello, las autoridades siguientes: Delegada de la Cámara de Senadores, Supervisora "A" de la Subdirección de Amparos de la Cámara de Diputados, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la Directora General de Amparo contra actos Administrativos en ausencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos dela Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Presidente de la República, todos con sede en la Ciudad de México, mediante comunicaciones oficiales recibidas en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el dieciocho, veinte de julio y siete de agosto, de dos mil diecisiete (fojas 303 a 305, 307 y 308, 313 y 314), expresaron la imposibilidad que tienen para dar cumplimiento al fallo protector pronunciado en autos; ante ello, debe decirse que dado el sentido de la ejecutoria de amparo y toda vez que en los juicios de garantías, al tenor del artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; y en el caso por tratarse de un amparo contra leyes, es evidente que a dichas autoridades responsables contra las cuales se concedió la protección constitucional, que participaron en el proceso legislativo de creación de la ley tildada de inconstitucional, no les reviste acto a realizar en el cumplimiento de la ejecutoria, toda vez que los efectos de la misma es que los órganos ejecutores a quienes competa la aplicación de la ley, deben abstenerse de ello por lo que respecta a la parte quejosa que obtuvo el amparo, es decir, las autoridades encargadas de aplicar las leyes fiscales, no pueden volver a aplicar la ley que ya se juzgó, en perjuicio de la empresa quejosa. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2a. CXV/97, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable a lo considerado, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 35, del Tomo I, Primera Parte-1, Octava Época, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA QUE SE PRONUNCIE." Igualmente, resulta aplicable al caso la tesis P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, Tomo IV, noviembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general.". En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos de la protección federal otorgada y, por ello, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de diez de agosto de dos mil diecisiete; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido, el cual este Órgano Jurisdiccional determina que es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  4. Principal

    HAGASELE DEL CONOCIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA A FIN DE QUE ESTE EN POSIBILIDAD DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL JURIDICA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, EN UN HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 10:00 A 13:00 HORAS Y RECIBA EL CHEQUE NUMERARIO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE SI EN EL PLAZO DE TRES DIAS, NO ACREDITA HABER ACUDIDO, SE TENDRA POR CUMPLIMENTADA LA SENTENCIA DE AMPARO CONFORME A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AUTOS. NOT. PER.

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