María Elena Mendoza Maldonado
Expediente 286/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 286/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Elena Mendoza Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta, que remite el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Zacatecas "1", con sede en Zacatecas, por el cual informa que no localizó bienes susceptibles de embargo a nombre de ***. En tales condiciones, toda vez que este Juzgado Federal coadyuvó con dicha autoridad recaudadora para proporcionarle información que obra en los autos del presente expediente, y diversa que recabó de autoridades que podrían proporcionar datos sobre la deudora ***, sin obtener resultados positivos; en tal virtud, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, que es su exclusiva facultad continuar con el procedimiento administrativo de ejecución que respecto al crédito fiscal originado con motivo del aprovechamiento relativo a la imposición de una multa por parte del Poder Judicial de la Federación, acorde a lo establecido en el artículo 25, fracciones III y IV, con relación al 27, todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto; el estado que guardan los autos del que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, se declara que el mismo ha quedado firme y como está ordenado en el referido auto, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos en original o en copia certificada que deban ser devueltos a las pates y en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente. En la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio de cuenta y anexo, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, residente en la Ciudad de Zacatecas y el testimonio de la resolución de tres de diciembre de dos mil veinte, de la que se desprende que la superioridad, declaró sin materia el incidente de inejecución de sentencia, bajo el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO.- Se declara sin materia el presente incidente de inejecución de sentencia." Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente. Tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, conservando únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno, para que obren como corresponda. En el entendido que en el presente asunto no procede realizar mayor pronunciamiento, atendiendo a que por auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, este Juzgado determinó tener por cumplida la sentencia protectora emitida en el juicio de amparo en que se actúa, lo que se hizo del conocimiento de la superioridad oficiante, mediante oficio 19690/2020 de la misma fecha.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a María Elena Mendoza Maldonado por auto de once de noviembre de dos mil veinte, en el cual se le informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente, sin que haya hecho manifestación al respecto. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: Por resolución de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la parte quejosa, para que el Ayuntamiento del Municipio de Mazapil, Zacatecas, realizara lo siguiente: "Dé cumplimiento inmediato a la sentencia interlocutoria de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios derivado del Juicio Oral Mercantil 281/2015, que se tramita ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas." En la parte considerativa de la sentencia, se dijo que la cantidad adeudada según la interlocutoria dictada en el aludido incidente de liquidación, era de $46,021.28 (cuarenta y seis mil veintiún pesos 28/100 moneda nacional). Luego, la sentencia mencionada causó ejecutoria el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, al no ser recurrida por las partes, por lo que en auto de esa fecha se requirió a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. Fue hasta el diez de noviembre de dos mil veinte, en que la Síndico Municipal de Mazapil, Zacatecas, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; para lo cual anexó una fotografía de la transferencia realizada el tres de noviembre de este año, a la clabe 012949001017253273, a nombre de María Elena Mendoza Maldonado, por la cantidad de $46,021.28 (cuarenta y seis mil veintiún pesos 28/100 moneda nacional). Documentales a la que se les otorga valor probatorio conforme a los artículos 133, 188, 197, 203, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que generan convicción de que la autoridad responsable realizó el pago al que se le condenó en la interlocutoria dictada en el incidente de liquidación de intereses moratorios derivado del Juicio Oral Mercantil 281/2015, que se tramita ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, y cuya omisión fue motivo de reclamo en este juicio. Máxime, que por auto de once de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la quejosa María Elena Mendoza Maldonado, para que manifestara lo que a su interés conviniera con relación a dicho cumplimiento, sin que hiciera valer ese derecho. Es orientadora la tesis aislada I.3o.C.54 C (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUICIAR DE FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA. El artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, según lo previsto en el artículo 402 del mismo ordenamiento. Dichos preceptos parten de una premisa fundamental para lograr su vigencia, que es la de observar el principio de buena fe procesal, porque reconoce que "para acreditar hechos o circunstancias" las partes pueden presentar fotografías, lo cual constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de prueba. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico." Así, una vez confrontados los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con la documental allegada a este juicio, se advierte que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria del amparo, toda vez que se atendieron todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria concesoria del amparo. Comuníquese lo anterior al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, con relación al incidente de inejecución de sentencia 1/2020 de su índice, para los efectos legales a que haya lugar.
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