María Elena Mata Gutiérrez
Expediente 594/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- María Elena Mata Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra la resolución definitiva del veinticinco de septiembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que las constancias justificativas relativas al acto reclamado que remitió la autoridad responsable, no se pusieron a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó el seis diciembre de dos mil diecinueve; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del diecisiete de enero de dos mil veinte, para su celebración. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo de cuenta que suscribe la autoridad responsable; atento a su contenido, se le tiene manifestando la imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en virtud de que al momento de rendir el informe justificado dentro del diverso juicio de amparo 784/2019 del índice de este juzgado, remitió las constancias originales relativas al expediente laboral 215/2015, materia del citado requerimiento; lo anterior para los efectos legales que haya lugar. Por lo anterior, se ordena dar vista a las partes con las constancias referidas en el párrafo que antecede y tomarlas en consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional dentro del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por Gustavo Castillo Vera, autorizado de la quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; mediante el cual, en atención a la vista que se le dio en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, proporciona la denominación correcta de la autoridad responsable dentro del presente juicio de amparo que es Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Dirección de Presupuestos de Servicios Personales de la Unidad Política y Control Presupuestal, con residencia en la Ciudad de México. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual debe rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, la constancia en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, hágase del conocimiento de dicha autoridad responsable, que por auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se señalaron las diez horas con cuarenta minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la parte quejosa y a las autoridades responsables, para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, verbigracia, la sentencia que se llegue a dictar; más no, acuerdos de mero trámite y diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Así como el criterio sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo. Por otro lado, como lo solicita el ocursante, con fundamento en el artículo 121, de la Ley de Amparo, requiérase de la autoridad responsable Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Zacatecas, para que en el término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, remita a este Juzgado, o, en su defecto, informe la imposibilidad legal que tenga para cumplir lo requerido, respecto de las siguientes constancias en copia certificada que obren dentro del expediente laboral 215/2015 de su índice: 1. Escrito de pruebas ofrecidas por el Servicio Postal Mexicano; 2. Acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve; y, 3. Oficio en el que se haya solicitado el informe a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Dirección de Presupuestos de Servicios Personales de la Unidad Política y Control Presupuestal. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por cincuenta unidades del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se haga efectivo dicho medio de apremio; en términos de los artículos 237 relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
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