María Elena Macias Ceja

Expediente 529/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
529/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
26/03/2019

Partes del expediente

  • María Elena Macias Ceja

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MARZO DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa ********************, mediante el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado dentro del sumario constitucional en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2º, se autoriza la expedición de copias certificadas de lo que indica, a su costa, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos, la promovente o la persona que señala para tal efecto.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintinueve de junio y once de julio del año en curso (fojas 208 y 240), la autoridad responsable denominada Delegada del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de doce de julio del año actual (foja 241), se dio vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Situación ésta que por ocurso recepcionado ante este órgano jurisdiccional el diecisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 248 a 249), la quejoso realizó manifestaciones en el sentido de que no se encontraba cumplido el fallo emitido en autos, por los motivos ahí expuestos, al insistir que no se le ha expedido el título de derechos que la acrediten como ejidataria del Ejido de Pantanal, municipio de Xalisco, Nayarit. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintitrés de abril de la presente anualidad (fojas 182 a 193), por el Juzgado Sexto de distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: *** Luego, por oficio y anexos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit el veintinueve de junio de la presente anualidad (fojas 208 a 237), la Delegada del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad, manifestó que al ser la representante legal de dicha Delegación le corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en ese tenor, refirió que con fecha veintisiete de junio del citado año, emitió el oficio RAN/NAY/D/781/2018, donde dio respuesta justificada a los puntos de la sentencia, concluyendo que se encontraba imposibilitada para expedir el certificado de derechos agrarios a favor de la quejosa, toda vez que de acuerdo con el artículo 82 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, establece que se expedirán los certificados agrarios en los casos de derecho de sucesión, lo que aplica únicamente para los núcleos agrarios que no hubieren regularizado la tenencia de su tierra, conforme al ordinal 56 de la Ley Agraria; además, argumentó que respecto del Certificado de Uso Común, en el acta de dos de diciembre de dos mil doce, los derechos de María Flores Borrayo (persona quien dejó como sucesora a la quejosa), quedaron a salvo para que los hicieran valer ante la autoridad competente. Así, por diverso comunicado presentado el once de julio de dos mil dieciocho, la Delegada del Registro Agrario Nacional, dio respuesta a los puntos que omitió cumplir, al aducir que la razón del por qué la sola inscripción de la resolución hace innecesario lo solicitado por la promovente de garantías, es que ese órgano registral únicamente ejecuta lo ordenado por el Tribunal y que del segundo resolutivo de la sentencia emitida en el Juicio Agrario 1425/2012, no se desprende que debe expedir Certificado de Derechos Sobre la Tierra de Uso Común, en favor de la quejosa *** Asimismo, justificó lo relativo al aspecto concerniente a de qué manera pueden ser eficaces registralmente los derechos agrarios adquiridos por la quejosa, mediante sucesión, es decir, cómo demostraría frente a terceros la titularidad de tales prerrogativas, en el sentido de que son eficaces por obrar inscrita la resolución emitida en el Juicio Agrario 1425/2012, conforme al artículo 152 fracción I, la que hace prueba plena, en el juicio y fuera de él; además, que tiene efectos contra terceros, ello conforme al precepto 7 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional; por tanto, su prerrogativa en la expedición del Certificado de Derechos Sobre Tierras de Uso Común, deberá dirimirla ante el Tribunal Agrario Competente, ello en razón de que conforme el acta de Asamblea de Delimitación, Destino y Asignación de Tierras, fue repartido el cien por ciento de las Tierras de Uso Común, en partes iguales entre los ciento noventa y un ejidatarios más la UAIM, en los que no se encuentra la extinta *** de la cual quedaron a salvo sus derechos para hacerlos valer ante la autoridad competente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Sin que obste lo anterior lo manifestado por la quejosa mediante ocurso presentado ante este Juzgado el diecisiete de julio de dos mil dieciocho, pues ésta aduce lo siguiente: Que la autoridad responsable denominada Delegado del Registro Agrario Nacional, residente en esta ciudad, no ha dado cabal cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecinueve, dentro del expediente 1425/2012, de su índice. Que en la resolución emitida por el citado Tribunal Agrario, se declaró que María Elena Macías Ceja (parte quejosa), tiene el carácter de sucesor legítimo y dependiente económico de los derechos agrarios que como ejidataria pertenecieron en vida a María Flores Borrayo, en el poblado Pantanal, Municipio de Xalisco, Nayarit. Asimismo, en la sentencia agraria se le reconocieron los derechos amparados con el certificado de derechos agrarios número 3061648. Sigue refiriendo, que de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecinueve, con sede en esta ciudad, la autoridad responsable Registro Agrario Nacional, Delegación Estatal de Nayarit, debió realizar: La inscripción de la resolución dictada en el expediente 1425/2012. Cancelar el certificado de la extinta María Flores Borrayo; y, Expedir el certificado correspondiente a nombre de María Elena Macías Ceja. Ahora bien, debe decirse a la parte quejosa que contrario a lo que aduce, sí se encuentra cumplida la ejecutoria que nos ocupa, ello en razón de que como se precisó con antelación, la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos previstos en la resolución emitida por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Uruapan, Michoacán (fojas 182 a 193), a lo que estaba constreñida en ente en cita; sin embargo, toda vez que la quejosa pretende que se obligue a la autoridad responsable a acatar lo dispuesto por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecinueve, en la resolución pronunciada el treinta y uno de enero de dos mil trece, dentro del expediente 1425/2012 de su estadística; no obstante, los efectos del amparo fueron para que la responsable de manera fundada y motivada, con plenitud de jurisdicción, resolviera la solicitud de expedición de certificado agrario materia del acto reclamado; lo anterior sobre la base de la pretensión del amparista de obtener una constancia registral para la eficacia de los derechos agrarios determinados por el referido Tribunal Agrario, dentro de la jurisdicción voluntaria 1425/2012, en la que se debía justificar exhaustivamente, el por qué no puede ubicarse lo solicitado en los supuestos de expedición de alguno de los certificados previstos por la Ley Agraria, así como cuál era la razón por la que la sola inscripción de la resolución en comento hacía innecesario lo solicitado; y de qué manera pudieran ser eficaces registralmente los derechos agrarios adquiridos por la quejosa mediante sucesión, es decir, cómo demostraría, frente a terceros la titularidad de tales prorrogativas; lo que aconteció en la especie, pues como se ha dicho con anterioridad de los informes enviados por la responsable se advierte que dio contestación a cada uno de los puntos antes indicados en acatamiento a la sentencia de amparo. Por otro lado, del diverso ocurso presentado el ocho de octubre del año en curso, por el que refiere que ha transcurrido en exceso el término concedido a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo; dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, por el cual se proveyó al respecto y se tuvo por cumplida la sentencia de amparo. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el libelo suscrito por la quejosa María Elena Macías Ceja, mediante el cual formula diversas manifestaciones en torno al cumplimiento que realiza la autoridad responsable al fallo protector; consecuentemente, agréguese el ocurso y anexo de cuenta para los efectos legales a que haya lugar y una vez que transcurra el término de tres días que se le otorgó por auto de doce del mes y año en curso, se acordará lo conducente.

  4. Principal

    Tepic, Nayarit, doce de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponde el comunicado de cuenta signado por el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por medio del cual en atención al oficio 28638/2018 de dos de julio del año en curso, da respuesta a los puntos planteados en la sentencia concesoria del amparo en su capítulo respectivo como 1.3, incisos b y c. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y el comunicado RAN/NAY/D/782/2018 de veintiocho de junio de este año, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses legales convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado de distrito, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que integran el presente juicio de amparo indirecto, se pronunciará en relación con el cumplimiento dado al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.

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