María Elena Lerdo de Tejada Covarrubias

Expediente 1738/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1738/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • María Elena Lerdo de Tejada Covarrubias
  • Congreso del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintinueve de marzo del año en curso, este juzgado se pronunció respecto al cumplimiento efectuado por al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en eta ciudad, el cual al no haberse acatado a cabalidad los efectos concesorios del amparo, se requirió nuevamente a la responsable de previa cita, para que dentro del términos de tres días, siguientes al en que surtiera efectos la notificación correspondiente devolviera a la parte quejosa la cantidad de $276.39 pesos, que resultaban como faltantes del diverso monto de $64,138.06 pesos, que devolvió en su oportunidad a aquella mediante transferencia bancaria el diecisiete de marzo de la presenta anualidad. En atención a lo anterior, mediante oficio y anexo recepcionado por este juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director Jurídico Contencioso de la citada secretaría, comunicó haber hecho la devolución respectiva, para lo cual acompañó la constancia de transferencia correspondiente; aunado a ello, manifestó haber desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, respecto de los preceptos 22, fracción I, 11, 12 y 13, todos de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén el costo de inscripción de documentos, así como los impuestos para el fomento a la educación, asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa a fin de que dentro de los tres días siguientes a su notificación, manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se haría el pronunciamiento respectivo con relación al cumplimiento al fallo protector, en ese tenor, al no haber hecho manifestación alguna, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello desde el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se procede a determinar lo conducente. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó por una parte sobreseer y por la otra conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, de dicho ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. [...] 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.) por inscripción de documento público o privado, por concepto del acto jurídico que inscribió, respecto de la cantidad de $62,531.28 pesos que pagó por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO",; así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", todos derivados de la escritura pública número 16,320 (dieciséis trescientos veinte), pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó al solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. En otro orden de ideas, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlas de la obligación de enterar la cuota fija mínima para cada uno de los conceptos que inscribió, la cual, por una parte es de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), relativa a inscripción de documento público o privado; que se establece en el último párrafo de las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] En la inteligencia de que la cuota de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 M.N.), es aplicable, porque está referida a la inscripción como la que originò la impugnación en la vía de amparo; de ahí que al ser una cuota fija y mínima para un caso similar es la que debe aplicarse y no otra. 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Dicha sentencia fue recurrida por una de las autoridades responsables; sin embargo, el tribunal de alzada por ejecutoria de veintitrés de enero de dos mil veinte, desechó el medio de impugnación y decretó firme la resolución dictada por este juzgado federal Así, se aprecia que de lo transcrito precedentemente se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen al peticionario de garantías en el presente ni en el futuro el mencionado precepto legal; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, respecto de la cantidad de $62,531.28 pesos, por los conceptos de inscripción de documento público, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el once de julio de dos mil diecinueve; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el cuatro de agosto de dos mil veinte, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia de la transferencia bancaria de diecisiete de marzo de la anualidad citada, a nombre del quejoso María Elena Lerdo de Tejada Covarrubias y del que se advierte que devolvió la cantidad de $64,138.06, que pagó a la parte promovente del amparo, por concepto de devolución de pago de lo indebido. Por lo que, por proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria en análisis y se determinó que ésta no se encontraba cabalmente cumplida, toda vez que se advirtió un faltante de pagado a favor de la parte quejosa por la cantidad de $276.39 pesos, por las razones expuestas en dicho auto, por lo que este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable a realizar la devolución del citado faltante a la parte quejosa, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera a la promovente del amparo la cantidad que solicitó, con su respectiva actualización. Siendo que mediante oficio y anexo recepcionado por este juzgado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del Director Jurídico Contencioso de la citada Secretaría, comunicó haber hecho la devolución respectiva a la parte quejosa, para lo cual acompañó la constancia de transferencia correspondiente; aunado a ello, manifestó haber desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, respecto de los preceptos 22, fracción I, 11, 12 y 13, todos de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén el costo de inscripción de documentos, así como los impuestos para el fomento a la educación, asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit; a lo anterior, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara dentro del plazo que le fue concedido, lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado por la responsable, apercibiéndosele en los término ahí indicados, a lo cual fue omisa. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Por otra parte, con fundamento en lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18 inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya concedido la protección constitucional; por lo que, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso b del arábigo 18 del citado Acuerdo General, pues con motivo de que se concedió la protección constitucional el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Por otro parte, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno respecto del incidente de suspensión, dado que no se solicitó la apertura del mismo.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio presentado vía correo electrónico por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación legal del Gobernador Constitucional, con residencia en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector manifiesta que acata la resolución de amparo concedida a favor del quejoso respecto de las atribuciones correspondientes al proceso legislativo del Gobernador como autoridad promulgadora; por tanto, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de relacionarlo en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el delegado de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través de los cuales, informa el cumplimiento dado al fallo protector concedido a la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte agraviada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el delegado de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo, a través de los cuales, informa el cumplimiento dado al fallo protector concedido a la parte quejosa; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte agraviada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno ante el Secretario José Javier Ruiz Martínez que autoriza y da fe. Miac

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