María Elena Lobato Yáñez
Expediente 743/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- María Elena Lobato Yáñez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a doce de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, en contra del auto de treinta de junio de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, del que se advierte que por auto de dieciséis de junio del año en curso, se solicitó al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días remitiera copia certificada de todo lo actuado con posterioridad al auto de siete de julio de dos mil veintiuno, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil 55/2011 de su índice, mismo que le fue requerido mediante oficio 20047/2022, advirtiendo que fue debidamente notificado del mismo el veinte de junio siguiente, como se aprecia del acuse de recibo que obra agregado en autos. En consecuencia de lo anterior, gírese oficio recordatorio al Juez responsable, para efectos de que, de no tener inconveniente alguno, dé cumplimiento a lo solicitado en el mencionado auto; lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la litis dentro del presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1247/2021, promovido por Gustavo Abraham Contreras Pérez, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala y otra autoridad, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Por escrito presentado mediante buzón judicial y recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno y en este órgano jurisdiccional en la misma data, Gustavo Abraham Contreras Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES. Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala. Secretaria de Acuerdos Non del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala. ACTO RECLAMADO. La orden de desalojo, desocupación y/o lanzamiento dictada en el expediente 233/2019 y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron informes justificados a las autoridades responsables y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. De igual forma, efectuaron los emplazamientos a la parte tercero interesada. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza civil; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que Gustavo Abraham Contreras Pérez, reclamó lo siguiente: La orden de desalojo, desocupación y/o lanzamiento dictada en el expediente 233/2019 y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala y Secretaria de Acuerdos Non, adscrita al anterior, al rendir su informe justificado admitieron la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, lo que se corrobora con la copia certificada deducida del expediente 233/2019 y sección de lanzamiento, a las que se le otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." . CUARTO. Son fundados los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. Para una mejor comprensión del asunto conviene hacer una breve relación de los antecedentes del acto reclamado deducidos del expediente 233/2019. I. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, el dos de mayo de dos mil diecinueve, Crescenciano Meza Pérez, promovió juicio ordinario civil de rescisión de contrato de arrendamiento respecto del lote de terreno denominado Texocotitla, ubicado en San Mateo Ayecac, Municipio de Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala, en contra de José Luis Medina González y Lorenza Pérez León (fojas 4 a 6 del Tomo de pruebas). II. Por auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por presentado a Crescenciano Meza Pérez, promoviendo juicio ordinario civil de rescisión de contrato, y se ordenó emplazar a los demandados (fojas 21 a 23). III. Por escrito fechado el catorce de octubre de dos mil diecinueve, Crescenciano Meza Pérez, solicitó se formara por cuerda separada el expediente de lanzamiento (fojas 70 y 71 del presente juicio de amparo). IV. El siete de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó formar por cuerda separada la providencia de lanzamiento, bajo el número de expediente 233/2019, y se facultó a la Secretaria para que requiriera al demandado justificara estar al corriente del pago de la cantidad de doce mil pesos cero centavos moneda nacional, por concepto de rentas atrasadas correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dos mil dieciocho, enero, febrero y marzo de dos mil diecinueve y las que se siguieran venciendo hasta el día en que materialmente se restituyera el inmueble arrendado y en caso de no hacerlo se le previniera, que se le concedía el término de treinta días para desocupar el inmueble arrendado, apercibido que de no hacerlo se decretaría el lanzamiento a su costa (fojas 88 y 89). V. En contra de dicha determinación Lorenza Pérez León, promovió juicio de amparo indirecto el cual se radicó con el número 130/2020 del índice de este órgano jurisdiccional y fue resuelto el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, sobreseyendo el juicio, porque la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea (fojas 218 y 219 del Tomo de pruebas). VI. El dos de diciembre de dos mil veinte, el juez responsable ordenó hacer efectivo el apercibimiento decretado por auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por lo que decretó el lanzamiento a costa de los demandados, autorizando el rompimiento de chapas y cerraduras para tal fin y señaló para tal efecto, cualquier día y hora hábil de oficina (fojas 94 y 95 del juicio de amparo). VII. Previos los trámites de ley, el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se llevó acabo la diligencia de lanzamiento y se puso en posesión real y material del inmueble materia del juicio de origen a Crescenciano Meza Pérez (fojas 113 y 114 del juicio de amparo). Ahora bien, la parte quejosa expone sustancialmente que le asiste el derecho de propiedad y posesión del bien inmueble denominado "Texocotitla", ubicado en el poblado de San Mateo Ayecac, Municipio de Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala, lugar en el que estableció su domicilio particular en virtud de que lo obtuvo de su señora madre Lorenza León Pérez, por lo que estima que se viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional. El anterior motivo de disenso es fundado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la justicia federal. En efecto, el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, prevé, entre otras cuestiones, la tutela a la propiedad y a la posesión, al disponer que nadie puede ser privado de tales prerrogativas sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. La garantía de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes. Entonces, el aludido precepto constitucional protege la posesión originaria, es decir, la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad, como la derivada, que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, el usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga, siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o alguna figura jurídica generadora del derecho a poseer. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas. Lo anterior se advierte del criterio jurisprudencial que literalmente dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." (Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VII, enero de 1998. Jurisprudencia 7/98. Página: 56) Ahora bien, en la especie se combate la orden de lanzamiento y su ejecución, porque afecta el bien inmueble del que la parte quejosa es titular. Para acreditar lo anterior, el quejoso ofreció el instrumento 6634 volumen 47, relativo al contrato de compraventa que celebran por una parte Lorenza Pérez León y Gustavo Abraham Contreras Pérez, ante el Notario Público número tres de la demarcación de Ocampo, Tlaxcala, respecto del predio denominado "Texocotitla", ubicado en la población de San Matero Ayecac, Municipio de Lardizabal, Tlaxcala, el cual fue inscrito en el registro Público de la Propiedad y del Comercio el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 16 a 43). Dicho elemento es valorado de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque es un documento público. De lo apuntado se advierte que el acto reclamado afectó los derechos de propiedad y posesión de la parte quejosa sobre el predio denominado "Texocotitla", ubicado en la población de San Matero Ayecac, Municipio de Lardizabal, Tlaxcala, ya que en diligencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se puso en posesión real y material de dicho inmueble a la parte actora en el juicio de origen Crescenciano Meza Pérez, no obstante que el ahora quejoso lo adquirió el trece de agosto de dos mil veintiuno. En efecto, la demandada en el juicio natural Lorenza Pérez León (hoy tercera interesada), al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, refirió que era falso que arrendara una casa con José Luis Medina González (codemandado), con quien no tenía relación alguna ni parentesco y se ostentó como propietaria de dicho inmueble, el cual con posterioridad, es decir, el trece de agosto de dos mil veintiuno, vendió al ahora quejoso. Luego, como se dijo, el invocado artículo 14 de la Constitución Federal protege los derechos de propiedad y posesión, extremo que se acreditó en la especie con el instrumento 6634 volumen 47, relativo al contrato de compraventa que celebran por una parte Lorenza Pérez León y Gustavo Abraham Contreras Pérez, respecto del predio denominado "Texocotitla", ubicado en la población de San Matero Ayecac, Municipio de Lardizabal, Tlaxcala. Así, es suficiente que la parte quejosa haya demostrado la existencia de un derecho subjetivo (derecho de propiedad), para considerar que lo actuado en el expediente de origen limita dicha prerrogativa de propiedad sobre el predio antes indicado, pues con independencia del alcance que llegara a tener la medida cautelar decretada en la providencia de lanzamiento, el derecho de disposición de la parte quejosa respecto del bien inmueble se encuentra en cierta medida restringido, con lo que queda legitimado para someter a escrutinio los actos que le causan perjuicio. De igual forma, es necesario acotar que en la especie no puede estimarse que el quejoso Gustavo Abraham Contreras Pérez sea causahabiente de Lorenza Pérez León; en tanto, que si bien adquirió los derechos de propiedad que le transmitió la segunda de las nombradas y que el expediente juicio de origen -233/2019 relativo al juicio ordinario civil de rescisión de contrato de arrendamiento- inició con antelación, mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve; lo cierto es que no existe constancia fehaciente que revele que el quejoso tuvo conocimiento de que se hubiera iniciado el juicio de rescisión de contrato de arrendamiento que promovió Crescenciano Meza Pérez en contra de José Luis Medina González y Lorenza Pérez León, por lo que no es dable considerarlo como causahabiente de dichas personas, sino adquirente de buena fe. La conclusión anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 173604, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 128, que dice: CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN. La doctrina define al causahabiente como el sucesor de los derechos de una persona, de quien ha adquirido una propiedad o un derecho, y puede ser a título universal cuando se trata de la totalidad del patrimonio o parte alícuota de éste, o a título particular, si únicamente se refiere a una cosa o cosas específicas. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, para que se actualice la causahabiencia, tratándose de la adquisición de inmuebles, es necesario que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente se acredite que el adquirente de esa propiedad o derecho tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y que, por ende, contrae un derecho litigioso, ya que de no acreditarse dicha situación, debe considerársele como tercero adquirente de buena fe, en tanto que desconoce el estado que guardaba el bien antes de adquirirlo." (Lo resaltado es propio) Por tanto, se estima que el acto reclamado vulneró, en perjuicio de la parte quejosa, su derecho fundamental de seguridad jurídica, en su vertiente de debido proceso, tutelado en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por lo que se impone otorgarle el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por otra parte, no pasa desapercibido que el hoy tercero interesado al iniciar el juicio de origen exhibió el contrato de compraventa celebrado el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis entre Severiano Pérez García y Amanda Jiménez de Pérez como vendedores y Crescenciano Meza Pérez como comprador, respecto del bien denominado "Texocotitla", ubicado en la población de San Mateo Ayecac, Municipio de Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala, es decir, el bien inmueble respecto del cual el ahora quejoso expresa ser propietario, sin embargo, en el caso no ha lugar a analizar la validez o eficacia de dichos documentos, en atención en principio a la acción ejercitada en el juicio de origen (juicio ordinario civil de rescisión de contrato de arrendamiento) así como a que la vía constitucional tiene por objeto impedir que, sin juicio previo, se desconozcan derechos y las cuestiones de propiedad no pueden dilucidarse en el juicio de garantías sin que previamente hayan sido resueltas por la instancia común. Tiene aplicación en lo conducente, el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, registro digital: 172199, Tesis: IV.2o.C.60 C, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Junio de 2007, página 1110, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO EL DOCUMENTO QUE AMPARA SU TITULARIDAD, A PESAR DE QUE NO REVISTA LA FORMA PRESCRITA POR LA LEY O QUE CONTENGA ALGÚN VICIO DE VALIDEZ, TODA VEZ QUE LAS CUESTIONES DE PROPIEDAD NO PUEDEN DILUCIDARSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SIN HABER SIDO RESUELTAS PREVIAMENTE POR LA POTESTAD COMÚN. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que nadie podrá ser privado de sus posesiones, propiedades y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; de ahí que el juicio de garantías proceda para proteger cualquier derecho, ya sea de propiedad, usufructo, habitación, arrendamiento, etcétera, que resulte afectado sin haberse concedido la garantía de audiencia que consagra dicho precepto. Consecuentemente, si el quejoso se ostenta en el juicio de garantías como tercero extraño poseedor de un inmueble con base en un documento que ampara su titularidad, y que fundada y razonablemente produce convicción de que tiene derecho a poseerlo, basta la existencia del título de propiedad para acreditar su interés jurídico, sin que deba analizarse su validez o eficacia, dado que la vía constitucional tiene por objeto impedir que, sin juicio previo, se desconozcan derechos de tal naturaleza, aun cuando tal documento no revista la forma prescrita por la ley o contenga algún vicio de validez, toda vez que las cuestiones de propiedad no pueden dilucidarse en el juicio de garantías sin que previamente hayan sido resueltas por la instancia común." En ese sentido, no es dable que este Juzgado de Distrito realice un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de actos cuya regularidad corresponde revisar, en primer lugar, a las instancias ordinarias. En las relatadas circunstancias, lo que procede es conceder la protección constitucional a Gustavo Abraham Contreras Pérez, contra el acto reclamado del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuahtémoc, Tlaxcala y Secretaria de Acuerdos Non adscrita al anterior, para que una vez que cause ejecutoria esta resolución, deje las cosas en el estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía individual vulnerada. QUINTO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la litis en el presente juicio. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa copia certificada de esta sentencia a cualquiera de las partes que la solicite, previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que las partes estén en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníqueseles que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional y al horario de labores del centro de foto copiado (hasta las doce horas), deberán generar un Código QR que les permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas solicitadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se informa a las partes que de resultarles de suma importancia las copias en mención pueden, en caso de no tenerlo, solicitar el acceso electrónico al expediente en que se actúa, pues al imprimirse desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, de los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la Unión ampara y protege a Gustavo Abraham Contreras Pérez, respecto de las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y terceros interesados, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito y por oficio o correo electrónico a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la Licenciada María de Lourdes Morales García, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito suscrito por Israel Galicia Nava, en su carácter de apoderado legal de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; en atención a su contenido, se le tiene por apersonado en el presente juicio de amparo en representación de la sucesión a bienes del quejoso José Damián Miguel Areola Celis. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del tercero interesado el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Por otra parte, se tienen como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a Cesar Rafael Reyes Ortiz, Cynthia Chávez Palma e Israel Ortega Mantilla, por así haberlo solicitado. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba de su parte la documental consistente en copia certificada del instrumento notarial número 3472 (tres mil cuatrocientos setenta y dos), volumen número 027 (cero veintisiete), de dieciocho de junio del dos mil veintiuno, otorgado ante el Notario Público Número Dos de la Demarcación de Lardizábal y Uribe, Chiautempan, Estado de Tlaxcala. Ahora bien, dado que se ha apersonado quien ostenta el cargo de albacea provisional de la sucesión a bienes de José Damián Miguel Areola Celis, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se reanuda el procedimiento dentro del presente asunto. Por tanto, dado que la autoridad responsable remitió diversas constancias con las que afirmó haber dado cumplimiento al fallo protector, recibidas mediante autos de veintiocho de enero y veinticuatro de febrero, ambos de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias referidas, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, bajo el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese y personalmente a la parte tercera interesada y a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Roberto César Morales Corona, que autoriza y da fe.
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