María Edith Montiel Hernández

Expediente 720/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 23 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
720/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • María Edith Montiel Hernández
  • Gema Marcela Cisneros Mendieta
  • Gloria Berenice Cisneros Mendieta
  • Integrantes de la Sala Civil y Famillar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
  • Gema Marcela Cisneros Mendieta y Otros.
  • Gloria Berenice Cisneros Mendieta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de dicho ordenamiento, contra la sentencia de diez de enero del año en curso, en el que se negó la protección constitucional en el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Por tanto, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General. Conforme a lo anterior y toda vez que en el presente asunto se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es depurable; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual sólo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y el presente acuerdo. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma, solicítese la trasferencia al depósito documental dependiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, por cuanto ve al original del incidente de suspensión dado que se negó la suspensión provisional y definitiva, procede la destrucción de dicho cuaderno, conforme al artículo 21, inciso c), del citado ordenamiento, lo que deberá efectuarse una vez que transcurran tres años desde esta fecha y en su momento se deberá enviar el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, también es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Se ordena devolver a la autoridad responsable, Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la copia certificada del expediente 833/2013 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc y el original del toca civil de queja número 203/2021 de su índice, que adjuntó a su informe justificado, sin que se haya lugar a solicitar el acuse de recibo, en razón de que en su momento correrá agregada la constancia de notificación que se recabe para tal efecto. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Aldo Christian Gallegos Ortiz, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 720/2021, promovido por María Edith Montiel Hernández, por propio derecho, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional, María Edith Montiel Hernández demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: El auto de ocho de julio de dos mil veintiuno dictado en el recurso de queja 203/2021, por el cual se desechó tal medio de impugnación. Resolución que considera violatoria de los derechos contenidos en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (fojas 1 a 13). SEGUNDO. Prevención, admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó radicar el asunto con el número 720/2021 y se previno a la quejosa para que narrara de forma completa los antecedentes del acto reclamado y para que señalara la fecha en que fue notificada de dicha resolución (fojas 14 a 18, 26 y 27). Una vez que la impetrante dio cumplimiento a lo requerido, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 30 a 36, 39 y 40). De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenaron los emplazamientos a las terceras interesadas Gema Marcela y Gloria Berenice, ambas de apellidos, Cisneros Mendieta, diligencias que se efectuaron en los términos que obran en autos; asimismo, mediante escritos acordados el catorce de octubre de dos mil veintiuno, las antes nombradas se apersonaron al presente juicio de amparo (fojas 51 a 56 y 68 a 76). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza civil y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Cambio de Titular. En sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SEADS/814/2021, se determinó la readscripción de la suscrita Juez, Karina Juárez Benavides, en este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; en tal virtud, se hace del conocimiento de las partes que tras el análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte alguna causal de impedimento de las establecidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; por tanto, esta Juzgadora procede a dictar la sentencia correspondiente en este asunto. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que María Edith Montiel Hernández reclama: El acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno dictado por los Magistrados de la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en el toca 203/2021, en el cual se desechó el recurso de queja interpuesto por la ahora quejosa María Edith Montiel Hernández contra la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno que aprobó la segunda sección correspondiente al inventario y avalúo de la sucesión a bienes de Ricardo Cisneros Flores dentro del expediente 833/2013 del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados integrantes de la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en virtud de que, al rendir su informe justificado, el cual obra a foja 45, aceptaron el acto atribuido y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con los autos originales del toca civil de queja 203/2021 y con las copias certificadas de la sección segunda de inventario y avalúo del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ricardo Cisneros Flores, radicado con el número 833/2013 del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que como apoyo a su informe justificado anexó la autoridad judicial responsable y con los cuales se formó tomo de pruebas por separado, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, considerando que esta autoridad judicial no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Es oportuno realizar una breve reseñada del origen del acto reclamado, ello para una mejor comprensión del asunto: 1.- En el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc se encuentra radicado el expediente 833/2013, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ricardo Cisneros Flores, denunciado por Gloria Berenice Cisneros Mendieta (fojas 1 a 94 del referido sumario que obra en el cuaderno de pruebas de este juicio de amparo). 2.- Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete ante la referida autoridad judicial, Gloria Berenice Cisneros Mendieta, en su carácter de albacea definitiva, promovió la formación del inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria en la indicada sucesión intestamentaria (fojas 1 a 38 de la sección segunda del juicio sucesorio 833/2013 que obra en el cuaderno de pruebas). 3.- Atento a dicha petición, en acuerdo de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc acordó formar la sección segunda de la sucesión intestamentaria (foja 39 del indicado juicio). 4.- Seguido el trámite procesal correspondiente, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el indicado juzgador emitió la resolución en la que determinó que fue tramitada legalmente la segunda sección correspondiente al inventario y avalúo formulados por Gloria Berenice Cisneros Mendieta, en su carácter de coheredera y albacea definitiva de la sucesión a bienes de Ricardo Cisneros Flores, además de decretar su aprobación (fojas 91 a 93 del cuaderno de pruebas, así como 88 a 95 del presente juicio de amparo). 5.- Inconforme con la anterior resolución, María Edith Montiel Hernández, a quien se le reconocieron derechos hereditarios en el juicio sucesorio de origen, interpuso recurso de queja ante el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, autoridad que mediante oficio número 793/2021 remitió el escrito respectivo a la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (fojas 2 y 6 a 10 del recurso de queja 203/2021 que obra en el cuaderno de pruebas de este juicio de amparo). 6.- En proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, los Magistrados que integran la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala radicaron el recurso de queja 203/2021 interpuesto por María Edith Montiel Hernández, el cual desecharon en los siguientes términos: "Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, a ocho de julio de dos mil veintiuno. "Con lo de cuenta, SE ACORDÓ: Téngase por recibido el expedientillo que formó el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con motivo del trámite del recurso de queja interpuesto, y copia certificada de constancias deducidas del expediente número 833/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario; mismo que quedó registrado con el número de Toca Civil de Queja 203/2021, de los del índice de esta Sala. "De un análisis integral de las constancias que remite el Juez de los autos, se advierte que la recurrente, impugna a través del recurso de queja la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno; en el que el Juez de los autos, resolvió la sección de inventario y avalúo; al respecto debe decirse que el recurso de queja procede contra las resoluciones cuando así lo determine expresamente el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; por tanto, con fundamento en el artículo 562, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se desecha el recurso por improcedente. "En consecuencia, remítase testimonio de esta resolución al Juzgado de su origen para los demás efectos legales procedentes y en su oportunidad previas las anotaciones pertinentes en el libro de registro respectivo, archívese el Toca como asunto concluido. . "Así lo acordaron y firman los Magistrados que integran la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado." El anterior acuerdo obra a fojas 18 y 19 del recurso de queja 203/2021 dentro del tomo de pruebas de este juicio de amparo y es la resolución que constituye el acto reclamado por María Edith Montiel Hernández en esta instancia constitucional. SÉPTIMO. Estudio del asunto. En este apartado, se procede a abordar los argumentos expuestos por la quejosa en sus conceptos de violación, los cuales no pueden ser suplidos en su deficiencia, toda vez que no se surte alguna de las hipótesis que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no se fundó en preceptos declarados inconstitucionales, ni se dictó dentro de un procedimiento de naturaleza penal, agraria o laboral, en que a la quejosa le revista el carácter de reo, ejidatario o trabajadora, respectivamente; tampoco se advierte que la promovente sea menor o incapaz, aunado a que no se aprecia de manera clara y evidente que exista una violación manifiesta de la ley en la emisión del acto reclamado, ni que la quejosa se encuentre en estado de pobreza o marginación que la deja en desventaja para su defensa; de ahí que como se adelantó, resulta improcedente la suplencia de la queja. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis LV/89, que dice: "Registro digital: 205929 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común, Civil, Administrativa Tesis: LV/89 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989. Página 123 Tipo: Aislada "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACION MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables." Precisado lo anterior, dentro de sus conceptos de violación, la quejosa aduce esencialmente lo siguiente: 1.- Que la autoridad responsable, al desechar el recurso de queja, viola el derecho de acceso a la tutela judicial y a un recurso efectivo conforme al pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), pues en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no existe un precepto que norme en forma concreta el recurso de queja. 2.- Que el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala prevé la procedencia del recurso de queja contra sentencias interlocutorias que resuelvan un incidente y, en el caso, la determinación que recurrió, consistente en la resolución que concluye una etapa del juicio sucesorio intestamentario, debe considerarse como un símil a una interlocutoria. 3.- Que para estimar la procedencia del recurso de queja se debe realizar una interpretación conforme al orden fundamental y ante una pluralidad de posibilidades se debe elegir aquella que privilegie el análisis del fondo del asunto sobre los formalismos procesales y la que dé una protección más amplia, existiendo la posibilidad de inaplicar la norma que no sea acorde con la Constitución. El primer concepto de violación es infundado, pues la determinación de los Magistrados de la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al desechar el recurso de queja hecho valer por María Edith Montiel Hernández, no resulta violatorio del derecho de acceso a la justicia. Ello es así, pues por principio debe decirse que es inexacto lo afirmado por la quejosa cuando refiere que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no existe algún precepto que regule el recurso de queja, toda vez que contrario a lo aseverado, dicho ordenamiento legal sí contiene un normativo que establece la procedencia del referido medio de impugnación, concretamente el numeral 554 que a la letra dice: "Artículo 554. Procede el recurso de queja: "I.- Contra la resolución del Juez de Primera Instancia que niegue correr traslado con el escrito en el que se interponga la apelación. "II.- Derogada "III.- En los casos en que expresamente conceda este recurso la ley". Con base a lo establecido por la ley adjetiva de la materia, la autoridad responsable procedió a desechar de forma acertada el recurso de queja que María Edith Montiel Hernández hizo valer contra la resolución que aprobó la sección segunda de inventario y avaluó dentro del juicio sucesorio a bienes de Ricardo Cisneros Flores, para lo cual de forma correcta sustentó su decisión en el artículo 562, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que establece: "Artículo 562. El Tribunal desechará el recurso de queja: "I.- Cuando no sea procedente." Así, se estima apegado a derecho que los Magistrados de la Sala responsable hayan desechado el medio de impugnación hecho valer, al ser evidente que la normatividad procesal en materia civil no prevé la procedencia del citado recurso contra la resolución en la que concluya la sección segunda del juicio sucesorio denominada de inventario y avalúo. De esta forma, no existe violación al derecho fundamental de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, en virtud de que el recurso intentado por la ahora quejosa constituye una vía para la salvaguarda al derecho humano relativo a que las partes en la contienda de origen tengan la oportunidad, antes de que alguna determinación adquiera la calidad de cosa juzgada o de que sea ejecutada, de que se realice un examen del actuar del juez inferior y se procure la corrección de la determinación, en caso de resultar contraria a derecho. Empero, ese derecho no tiene como objeto que se admitan recursos intentados en la vía errónea, pues al no estar previsto en la ley adjetiva civil la posibilidad de interponer el recurso de queja contra la resolución que aprueba la sección de inventario y avalúo en el juicio sucesorio intestamentario, no era dable para la autoridad responsable decretar su admisión. Esto porque la efectividad de un recurso interpuesto acontece cuando, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial correspondiente evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión planteada; por ende, la circunstancia que de que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de queja, no constituye en sí misma una violación al derecho fundamental de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan ese derecho. Al respecto, es orientadora por las consideraciones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2005917 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325 Tipo: Jurisprudencia "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En ese orden, la responsable de ninguna manera contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con los diversos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como lo aduce la quejosa, pues como se indicó con anterioridad, la efectividad del recurso intentado acontece cuando, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial correspondiente evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión planteada, lo que en el caso no aconteció. En adición, debe decirse que la circunstancia de que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no prevea la procedencia del recurso de queja contra la resolución que aprueba la sección de inventario y avaluó en el juicio sucesorio intestamentario, con base en lo cual los Magistrados de la Sala responsable desecharon la vía propuesta por la ahora quejosa, no implica la violación al derecho humano al que se alude en el concepto de violación que se analiza. Lo anterior porque tal y como lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ordenamiento jurídico mexicano prevé la existencia de un mecanismo de defensa, el cual se encuentra disponible para que la quejosa esté en aptitud de combatir la ilegalidad de la resolución emitida en la sección segunda del juicio sucesorio. En efecto, el juicio de amparo se instituye en favor del gobernado, como un medio de control que en sí mismo materializa el derecho humano a un recurso judicial efectivo, en tanto que permite al interesado combatir aquellos actos de autoridad que estime violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, habilitando a la autoridad jurisdiccional a verificar si existen o no tales violaciones y, en su caso, a proveer sobre la reparación adecuada y oportuna. Al respecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . "V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Es decir, conforme al precepto legal transcrito, el juicio de amparo en la vía indirecta se instituye como un mecanismo de defensa a favor de la quejosa, el cual permite combatir la resolución que resuelve la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario. Adicionalmente, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado es de carácter positivo, los efectos de la concesión se ocuparán de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que si el acto reclamado es de carácter negativo o implica una omisión, los efectos se traducen en obligar a la responsable a respetar el derecho humano en cuestión y a cumplir lo que el mismo exija. Así las cosas, aunque en términos de la codificación procesal civil el recurso de queja no es procedente contra la resolución que definió la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario, dicha circunstancia no impedía a la inconforme acudir a los órganos jurisdiccionales a efecto de hacer valer en el juicio de amparo las violaciones que estime se cometieron en su contra y obtener una reparación adecuada; de ahí, que es infundado lo alegado por la quejosa al señalar que la responsable infringió los derechos a los que alude. Lo anterior, sin menoscabo de la obligación de los órganos federales de analizar si en el caso concreto se cumplen con el resto de los requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o medio de impugnación, resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "Registro digital: 2010984 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 12/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 763 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." En su diverso concepto de violación, la quejosa afirma que la autoridad responsable debió admitir el recurso de queja que interpuso dentro del juicio sucesorio intestamentario 833/2013, pues la impetrante considera que el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala prevé la procedencia del recurso de queja contra sentencias interlocutorias que resuelvan un incidente. Por tanto, la peticionaria del amparo estima que el recurso que intentó sí era procedente porque la determinación que concluye la etapa de un juicio sucesorio intestamentario se asimila a una interlocutoria. Tales aseveraciones son infundadas y para sostener esta conclusión es necesario señalar que el dispositivo legal al que se refiere la quejosa establece lo siguiente: "Artículo 723.- Contra la interlocutoria que resuelva un incidente procede el recurso de queja, si fue dictada por un Juez de Primera Instancia, y no procede recurso cuando el incidente se haya tramitado en el Tribunal Superior." Dicho normativo establece la procedencia del recurso de queja contra la resolución que dirime una cuestión incidental y, en el caso, la quejosa intentó tal medio de impugnación contra la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc en la que aprobó la segunda sección de inventario y avalúo dentro del juicio sucesorio intestamentario 833/2013. Ahora, contrario a lo afirmado por la impetrante, la indicada resolución no constituye una sentencia interlocutoria y además no existen elementos para realizar una interpretación extensiva para considerarla como tal, en razón de que los juicios hereditarios se encuentran expresamente previstos con tal denominación en el título décimo del Código de Procedimientos Civiles de Estado de Tlaxcala, concretamente de los artículos 1154 a 1386. Específicamente para el presente asunto, de dichos normativos destacan los numerales 1167 a 1171, que establecen: "Artículo 1167.- En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones, compuestas de los cuadernos necesarios. "Artículo 1168.- La primera sección se llamará "de sucesión", y contendrá, en sus respectivos casos: "I.- El testamento o el testimonio de su protocolización; "II.- La denuncia del intestado; "III.- Las citaciones de los herederos y la convocación de los que se crean con derecho a la herencia; "IV.- Las actas de las juntas relativas a nombramiento y remoción de albaceas, declaración de herederos, albaceas o interventores, y el reconocimiento de derechos hereditarios; "V.- Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento de tutores; "VI.- Testimonio de las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar, preferencia de derechos y calidad de herederos. "Artículo 1169.- La segunda sección se llamará "de inventarios", y contendrá, en sus casos: "I.- La solicitud en que se pida la licencia para formación de inventarios, si no estuviere ya concedida, o el escrito acompañando éstos; "II.- Los inventarios provisionales y los definitivos; "III.- Los avalúos; "IV.- Los incidentes y las resoluciones relativas a los mismos; "V.- El auto aprobatorio del inventario y avalúo." "Artículo 1170.- La tercera sección se llamará "de administración", y contendrá: "I.- Todo lo relativo a la administración, tanto de los interventores, como de los albaceas; "II.- Las cuentas, su glosa y calificación; "III.- Los comprobantes de pago de las contribuciones y cargas hereditarias que se causen; "IV.- La resolución o resoluciones que aprueben las cuentas. "Artículo 1171.- La cuarta sección se llamará "de partición", y contendrá: "I.- El proyecto de partición; "II.- Los incidentes que sobre él se promuevan; "III.- Los arreglos relativos; "IV.- Las sentencias; "V.- La aplicación de los bienes." De lo antes transcrito se advierte que la sucesión es un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva. Así, cada una de las secciones que componen el juicio se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos. De esta forma, la determinación con la que se resuelve cada sección no puede ser entendida como una resolución incidental, dado que no se ocupa de un aspecto accesorio dentro del procedimiento, sino que define cada cuestión que atañe a cada una de ellas. Además, tal conclusión se robustece con lo establecido por el propio Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que dispone un título específico de incidentes, en el cual figura el artículo 716 del referido ordenamiento, que señala: "Artículo 716.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal." Por consiguiente, no asiste la razón a la quejosa cuando refiere que la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio sucesorio intestamentario a bienes 833/2013, contra la cual interpuso recurso de queja, es un símil de una sentencia interlocutoria que resuelve un incidente y, por tanto, es recurrible en queja conforme al numeral 723 del ordenamiento adjetivo civil. De esta manera, es infundado el concepto de violación en el que se propone que la autoridad responsable debió hacer una interpretación extensiva y admitir el medio de defensa intentado, toda vez que a consideración de la suscrita resolutora la queja es un recurso especial cuyos supuestos de procedencia son específicos conforme al artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala ya transcrito en esta sentencia, lo que de antemano repudia toda noción de integración por analogía para su admisión. Por ello, debe concluirse que si la normativa procesal respectiva no contiene expresamente la posibilidad de interponer el referido medio de defensa contra la determinación que resuelve la sección segunda del juicio sucesorio, no debe hacerse procedente, a fin de no desnaturalizarlo. En su último concepto de violación, la quejosa sostiene que de realizarse una interpretación conforme al orden constitucional y convencional, se debería proceder a la admisión del recurso de queja hecho valer, aunado a que al existir una pluralidad de posibilidades se debe elegir aquella que privilegie el análisis del fondo del asunto sobre los formalismos procesales y la que dé una protección más amplia; asimismo, afirma que existe la posibilidad de inaplicar la norma que no sea acorde con la Constitución. Tal motivo de inconformidad es igualmente infundado, en virtud que según se ha visto en esta sentencia, la legislación procesal civil en el Estado de Tlaxcala prevé de forma taxativa la procedencia del recurso de queja, por lo que no cabría realizar alguna interpretación extensiva para establecer que la resolución emitida en la segunda sección del juicio sucesorio es atacable a través de dicho medio de defensa, esto porque el referido ordenamiento no lo contempla expresamente. Además, en el caso no podría realizarse un ejercicio para determinar una interpretación más favorable, toda vez que no nos encontramos en el supuesto de que dos o más normas son aplicables al caso y deba optarse por la que brinde una mayor protección y mucho menos se está en presencia de una norma que admita diversas interpretaciones, al ser claro que el artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no da lugar a realizar un ejercicio interpretativo, al señalar de manera específica los supuestos en los que procede el recurso de queja, aunado a que en tal legislación no se prevé expresamente dicho medio de defensa para recurrir la resolución de la segunda sección del juicio sucesorio. Sirve de criterio orientador al respecto, la tesis 2a. LVI/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "Registro digital: 2009545 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a. LVI/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Julio de 2015, Tomo I, página 822 Tipo: Aislada "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN. Si bien es cierto que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deben interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con el principio indicado, también lo es que dicha obligación se actualiza cuando el operador jurídico advierte que dos o más normas son aplicables al caso y debe elegir la que otorga la protección más amplia a la persona, o bien, cuando sólo existe una norma aplicable, pero que admite diversas interpretaciones que se traducen en mayor o menor protección a los derechos fundamentales; lo que implica que no es necesario que exista un conflicto entre normas, ni que éstas sean de la misma naturaleza y finalidad para que sea aplicable el principio de interpretación más favorable a la persona. Ahora bien, en este supuesto, antes de hacer la interpretación, el juzgador debe determinar que efectivamente la o las normas en cuestión son aplicables al caso concreto, es decir, que el derecho reconocido se encuentre tutelado en diversas normas o que la que lo tutela admite distintas interpretaciones. En este tenor, la obligación de resolver conforme al principio en cuestión se traduce en la elección de la norma o la interpretación más favorable para la persona, de entre las que resulten aplicables al derecho reconocido, pero no de todo el universo normativo." Finalmente, respecto a lo argumentado por la quejosa, al señalar que procede la inaplicación de una norma cuando ésta no se ajuste a lo establecido por la Constitución o en los tratados internacionales, debe decirse que tal afirmación resulta genérica, sin que la impetrante haya señalado de forma concreta qué dispositivo legal es el que estima debe dejar de aplicarse, lo que impide contrastarlo con las disposiciones de la carta magna o de los instrumentos internacionales; por tanto, tal concepto de violación es inoperante. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/11 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito que establece: "Registro digital: 2008514 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXVII.3o. J/11 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2241 Tipo: Jurisprudencia "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE. Si bien el control difuso de constitucionalidad -connotación que incluye el control de convencionalidad-, que se ejerce en la modalidad ex officio, no está limitado a las manifestaciones o actos de las partes, cuando se solicita su ejercicio deben señalarse claramente los elementos mínimos que posibiliten su análisis, es decir, cuál es el derecho humano que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que produce, pues, de no ser así, el planteamiento correspondiente debe declararse inoperante, ya que fuera del cumplimiento del principio iura novit curia, el juzgador no está obligado a emprender un estudio "expreso" oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcriban, o que genéricamente se invoquen como pertenecientes al sistema." En las relatadas circunstancias, al ser infundados inoperantes los conceptos de violación expresados por la quejosa e inoperante uno de ellos, se niega a María Edith Montiel Hernández, la protección constitucional solicitada. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6º, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, deberán generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos, así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción IV, del artículo 3º y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a María Edith Montiel Hernández, atento a lo expuesto en el considerando séptimo de esta determinación. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la quejosa y a las terceras interesadas; electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el día de hoy diez de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    *****S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 720/2021, promovido por María Edith Montiel Hernández, por propio derecho, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional, María Edith Montiel Hernández demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: El auto de ocho de julio de dos mil veintiuno dictado en el recurso de queja 203/2021, por el cual se desechó tal medio de impugnación. Resolución que considera violatoria de los derechos contenidos en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (fojas 1 a 13). SEGUNDO. Prevención, admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó radicar el asunto con el número 720/2021 y se previno a la quejosa para que narrara de forma completa los antecedentes del acto reclamado y para que señalara la fecha en que fue notificada de dicha resolución (fojas 14 a 18, 26 y 27). Una vez que la impetrante dio cumplimiento a lo requerido, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 30 a 36, 39 y 40). De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenaron los emplazamientos a las terceras interesadas Gema Marcela y Gloria Berenice, ambas de apellidos, Cisneros Mendieta, diligencias que se efectuaron en los términos que obran en autos; asimismo, mediante escritos acordados el catorce de octubre de dos mil veintiuno, las antes nombradas se apersonaron al presente juicio de amparo (fojas 51 a 56 y 68 a 76). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza civil y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Cambio de Titular. En sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SEADS/814/2021, se determinó la readscripción de la suscrita Juez, Karina Juárez Benavides, en este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; en tal virtud, se hace del conocimiento de las partes que tras el análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte alguna causal de impedimento de las establecidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; por tanto, esta Juzgadora procede a dictar la sentencia correspondiente en este asunto. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que María Edith Montiel Hernández reclama: El acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno dictado por los Magistrados de la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en el toca 203/2021, en el cual se desechó el recurso de queja interpuesto por la ahora quejosa María Edith Montiel Hernández contra la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno que aprobó la segunda sección correspondiente al inventario y avalúo de la sucesión a bienes de Ricardo Cisneros Flores dentro del expediente 833/2013 del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados integrantes de la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en virtud de que, al rendir su informe justificado, el cual obra a foja 45, aceptaron el acto atribuido y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con los autos originales del toca civil de queja 203/2021 y con las copias certificadas de la sección segunda de inventario y avalúo del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ricardo Cisneros Flores, radicado con el número 833/2013 del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que como apoyo a su informe justificado anexó la autoridad judicial responsable y con los cuales se formó tomo de pruebas por separado, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, considerando que esta autoridad judicial no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Es oportuno realizar una breve reseñada del origen del acto reclamado, ello para una mejor comprensión del asunto: 1.- En el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc se encuentra radicado el expediente 833/2013, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ricardo Cisneros Flores, denunciado por Gloria Berenice Cisneros Mendieta (fojas 1 a 94 del referido sumario que obra en el cuaderno de pruebas de este juicio de amparo). 2.- Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete ante la referida autoridad judicial, Gloria Berenice Cisneros Mendieta, en su carácter de albacea definitiva, promovió la formación del inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria en la indicada sucesión intestamentaria (fojas 1 a 38 de la sección segunda del juicio sucesorio 833/2013 que obra en el cuaderno de pruebas). 3.- Atento a dicha petición, en acuerdo de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc acordó formar la sección segunda de la sucesión intestamentaria (foja 39 del indicado juicio). 4.- Seguido el trámite procesal correspondiente, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el indicado juzgador emitió la resolución en la que determinó que fue tramitada legalmente la segunda sección correspondiente al inventario y avalúo formulados por Gloria Berenice Cisneros Mendieta, en su carácter de coheredera y albacea definitiva de la sucesión a bienes de Ricardo Cisneros Flores, además de decretar su aprobación (fojas 91 a 93 del cuaderno de pruebas, así como 88 a 95 del presente juicio de amparo). 5.- Inconforme con la anterior resolución, María Edith Montiel Hernández, a quien se le reconocieron derechos hereditarios en el juicio sucesorio de origen, interpuso recurso de queja ante el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, autoridad que mediante oficio número 793/2021 remitió el escrito respectivo a la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (fojas 2 y 6 a 10 del recurso de queja 203/2021 que obra en el cuaderno de pruebas de este juicio de amparo). 6.- En proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, los Magistrados que integran la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala radicaron el recurso de queja 203/2021 interpuesto por María Edith Montiel Hernández, el cual desecharon en los siguientes términos: "Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, a ocho de julio de dos mil veintiuno. "Con lo de cuenta, SE ACORDÓ: Téngase por recibido el expedientillo que formó el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con motivo del trámite del recurso de queja interpuesto, y copia certificada de constancias deducidas del expediente número 833/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario; mismo que quedó registrado con el número de Toca Civil de Queja 203/2021, de los del índice de esta Sala. "De un análisis integral de las constancias que remite el Juez de los autos, se advierte que la recurrente, impugna a través del recurso de queja la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno; en el que el Juez de los autos, resolvió la sección de inventario y avalúo; al respecto debe decirse que el recurso de queja procede contra las resoluciones cuando así lo determine expresamente el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; por tanto, con fundamento en el artículo 562, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se desecha el recurso por improcedente. "En consecuencia, remítase testimonio de esta resolución al Juzgado de su origen para los demás efectos legales procedentes y en su oportunidad previas las anotaciones pertinentes en el libro de registro respectivo, archívese el Toca como asunto concluido. . "Así lo acordaron y firman los Magistrados que integran la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado." El anterior acuerdo obra a fojas 18 y 19 del recurso de queja 203/2021 dentro del tomo de pruebas de este juicio de amparo y es la resolución que constituye el acto reclamado por María Edith Montiel Hernández en esta instancia constitucional. SÉPTIMO. Estudio del asunto. En este apartado, se procede a abordar los argumentos expuestos por la quejosa en sus conceptos de violación, los cuales no pueden ser suplidos en su deficiencia, toda vez que no se surte alguna de las hipótesis que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no se fundó en preceptos declarados inconstitucionales, ni se dictó dentro de un procedimiento de naturaleza penal, agraria o laboral, en que a la quejosa le revista el carácter de reo, ejidatario o trabajadora, respectivamente; tampoco se advierte que la promovente sea menor o incapaz, aunado a que no se aprecia de manera clara y evidente que exista una violación manifiesta de la ley en la emisión del acto reclamado, ni que la quejosa se encuentre en estado de pobreza o marginación que la deja en desventaja para su defensa; de ahí que como se adelantó, resulta improcedente la suplencia de la queja. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis LV/89, que dice: "Registro digital: 205929 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común, Civil, Administrativa Tesis: LV/89 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989. Página 123 Tipo: Aislada "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACION MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables." Precisado lo anterior, dentro de sus conceptos de violación, la quejosa aduce esencialmente lo siguiente: 1.- Que la autoridad responsable, al desechar el recurso de queja, viola el derecho de acceso a la tutela judicial y a un recurso efectivo conforme al pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), pues en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no existe un precepto que norme en forma concreta el recurso de queja. 2.- Que el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala prevé la procedencia del recurso de queja contra sentencias interlocutorias que resuelvan un incidente y, en el caso, la determinación que recurrió, consistente en la resolución que concluye una etapa del juicio sucesorio intestamentario, debe considerarse como un símil a una interlocutoria. 3.- Que para estimar la procedencia del recurso de queja se debe realizar una interpretación conforme al orden fundamental y ante una pluralidad de posibilidades se debe elegir aquella que privilegie el análisis del fondo del asunto sobre los formalismos procesales y la que dé una protección más amplia, existiendo la posibilidad de inaplicar la norma que no sea acorde con la Constitución. El primer concepto de violación es infundado, pues la determinación de los Magistrados de la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al desechar el recurso de queja hecho valer por María Edith Montiel Hernández, no resulta violatorio del derecho de acceso a la justicia. Ello es así, pues por principio debe decirse que es inexacto lo afirmado por la quejosa cuando refiere que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no existe algún precepto que regule el recurso de queja, toda vez que contrario a lo aseverado, dicho ordenamiento legal sí contiene un normativo que establece la procedencia del referido medio de impugnación, concretamente el numeral 554 que a la letra dice: "Artículo 554. Procede el recurso de queja: "I.- Contra la resolución del Juez de Primera Instancia que niegue correr traslado con el escrito en el que se interponga la apelación. "II.- Derogada "III.- En los casos en que expresamente conceda este recurso la ley". Con base a lo establecido por la ley adjetiva de la materia, la autoridad responsable procedió a desechar de forma acertada el recurso de queja que María Edith Montiel Hernández hizo valer contra la resolución que aprobó la sección segunda de inventario y avaluó dentro del juicio sucesorio a bienes de Ricardo Cisneros Flores, para lo cual de forma correcta sustentó su decisión en el artículo 562, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que establece: "Artículo 562. El Tribunal desechará el recurso de queja: "I.- Cuando no sea procedente." Así, se estima apegado a derecho que los Magistrados de la Sala responsable hayan desechado el medio de impugnación hecho valer, al ser evidente que la normatividad procesal en materia civil no prevé la procedencia del citado recurso contra la resolución en la que concluya la sección segunda del juicio sucesorio denominada de inventario y avalúo. De esta forma, no existe violación al derecho fundamental de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, en virtud de que el recurso intentado por la ahora quejosa constituye una vía para la salvaguarda al derecho humano relativo a que las partes en la contienda de origen tengan la oportunidad, antes de que alguna determinación adquiera la calidad de cosa juzgada o de que sea ejecutada, de que se realice un examen del actuar del juez inferior y se procure la corrección de la determinación, en caso de resultar contraria a derecho. Empero, ese derecho no tiene como objeto que se admitan recursos intentados en la vía errónea, pues al no estar previsto en la ley adjetiva civil la posibilidad de interponer el recurso de queja contra la resolución que aprueba la sección de inventario y avalúo en el juicio sucesorio intestamentario, no era dable para la autoridad responsable decretar su admisión. Esto porque la efectividad de un recurso interpuesto acontece cuando, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial correspondiente evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión planteada; por ende, la circunstancia que de que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de queja, no constituye en sí misma una violación al derecho fundamental de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan ese derecho. Al respecto, es orientadora por las consideraciones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2005917 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325 Tipo: Jurisprudencia "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En ese orden, la responsable de ninguna manera contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con los diversos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como lo aduce la quejosa, pues como se indicó con anterioridad, la efectividad del recurso intentado acontece cuando, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial correspondiente evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión planteada, lo que en el caso no aconteció. En adición, debe decirse que la circunstancia de que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no prevea la procedencia del recurso de queja contra la resolución que aprueba la sección de inventario y avaluó en el juicio sucesorio intestamentario, con base en lo cual los Magistrados de la Sala responsable desecharon la vía propuesta por la ahora quejosa, no implica la violación al derecho humano al que se alude en el concepto de violación que se analiza. Lo anterior porque tal y como lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ordenamiento jurídico mexicano prevé la existencia de un mecanismo de defensa, el cual se encuentra disponible para que la quejosa esté en aptitud de combatir la ilegalidad de la resolución emitida en la sección segunda del juicio sucesorio. En efecto, el juicio de amparo se instituye en favor del gobernado, como un medio de control que en sí mismo materializa el derecho humano a un recurso judicial efectivo, en tanto que permite al interesado combatir aquellos actos de autoridad que estime violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, habilitando a la autoridad jurisdiccional a verificar si existen o no tales violaciones y, en su caso, a proveer sobre la reparación adecuada y oportuna. Al respecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . "V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Es decir, conforme al precepto legal transcrito, el juicio de amparo en la vía indirecta se instituye como un mecanismo de defensa a favor de la quejosa, el cual permite combatir la resolución que resuelve la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario. Adicionalmente, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado es de carácter positivo, los efectos de la concesión se ocuparán de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que si el acto reclamado es de carácter negativo o implica una omisión, los efectos se traducen en obligar a la responsable a respetar el derecho humano en cuestión y a cumplir lo que el mismo exija. Así las cosas, aunque en términos de la codificación procesal civil el recurso de queja no es procedente contra la resolución que definió la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario, dicha circunstancia no impedía a la inconforme acudir a los órganos jurisdiccionales a efecto de hacer valer en el juicio de amparo las violaciones que estime se cometieron en su contra y obtener una reparación adecuada; de ahí, que es infundado lo alegado por la quejosa al señalar que la responsable infringió los derechos a los que alude. Lo anterior, sin menoscabo de la obligación de los órganos federales de analizar si en el caso concreto se cumplen con el resto de los requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o medio de impugnación, resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "Registro digital: 2010984 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 12/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 763 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." En su diverso concepto de violación, la quejosa afirma que la autoridad responsable debió admitir el recurso de queja que interpuso dentro del juicio sucesorio intestamentario 833/2013, pues la impetrante considera que el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala prevé la procedencia del recurso de queja contra sentencias interlocutorias que resuelvan un incidente. Por tanto, la peticionaria del amparo estima que el recurso que intentó sí era procedente porque la determinación que concluye la etapa de un juicio sucesorio intestamentario se asimila a una interlocutoria. Tales aseveraciones son infundadas y para sostener esta conclusión es necesario señalar que el dispositivo legal al que se refiere la quejosa establece lo siguiente: "Artículo 723.- Contra la interlocutoria que resuelva un incidente procede el recurso de queja, si fue dictada por un Juez de Primera Instancia, y no procede recurso cuando el incidente se haya tramitado en el Tribunal Superior." Dicho normativo establece la procedencia del recurso de queja contra la resolución que dirime una cuestión incidental y, en el caso, la quejosa intentó tal medio de impugnación contra la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc en la que aprobó la segunda sección de inventario y avalúo dentro del juicio sucesorio intestamentario 833/2013. Ahora, contrario a lo afirmado por la impetrante, la indicada resolución no constituye una sentencia interlocutoria y además no existen elementos para realizar una interpretación extensiva para considerarla como tal, en razón de que los juicios hereditarios se encuentran expresamente previstos con tal denominación en el título décimo del Código de Procedimientos Civiles de Estado de Tlaxcala, concretamente de los artículos 1154 a 1386. Específicamente para el presente asunto, de dichos normativos destacan los numerales 1167 a 1171, que establecen: "Artículo 1167.- En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones, compuestas de los cuadernos necesarios. "Artículo 1168.- La primera sección se llamará "de sucesión", y contendrá, en sus respectivos casos: "I.- El testamento o el testimonio de su protocolización; "II.- La denuncia del intestado; "III.- Las citaciones de los herederos y la convocación de los que se crean con derecho a la herencia; "IV.- Las actas de las juntas relativas a nombramiento y remoción de albaceas, declaración de herederos, albaceas o interventores, y el reconocimiento de derechos hereditarios; "V.- Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento de tutores; "VI.- Testimonio de las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar, preferencia de derechos y calidad de herederos. "Artículo 1169.- La segunda sección se llamará "de inventarios", y contendrá, en sus casos: "I.- La solicitud en que se pida la licencia para formación de inventarios, si no estuviere ya concedida, o el escrito acompañando éstos; "II.- Los inventarios provisionales y los definitivos; "III.- Los avalúos; "IV.- Los incidentes y las resoluciones relativas a los mismos; "V.- El auto aprobatorio del inventario y avalúo." "Artículo 1170.- La tercera sección se llamará "de administración", y contendrá: "I.- Todo lo relativo a la administración, tanto de los interventores, como de los albaceas; "II.- Las cuentas, su glosa y calificación; "III.- Los comprobantes de pago de las contribuciones y cargas hereditarias que se causen; "IV.- La resolución o resoluciones que aprueben las cuentas. "Artículo 1171.- La cuarta sección se llamará "de partición", y contendrá: "I.- El proyecto de partición; "II.- Los incidentes que sobre él se promuevan; "III.- Los arreglos relativos; "IV.- Las sentencias; "V.- La aplicación de los bienes." De lo antes transcrito se advierte que la sucesión es un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva. Así, cada una de las secciones que componen el juicio se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos. De esta forma, la determinación con la que se resuelve cada sección no puede ser entendida como una resolución incidental, dado que no se ocupa de un aspecto accesorio dentro del procedimiento, sino que define cada cuestión que atañe a cada una de ellas. Además, tal conclusión se robustece con lo establecido por el propio Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que dispone un título específico de incidentes, en el cual figura el artículo 716 del referido ordenamiento, que señala: "Artículo 716.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal." Por consiguiente, no asiste la razón a la quejosa cuando refiere que la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio sucesorio intestamentario a bienes 833/2013, contra la cual interpuso recurso de queja, es un símil de una sentencia interlocutoria que resuelve un incidente y, por tanto, es recurrible en queja conforme al numeral 723 del ordenamiento adjetivo civil. De esta manera, es infundado el concepto de violación en el que se propone que la autoridad responsable debió hacer una interpretación extensiva y admitir el medio de defensa intentado, toda vez que a consideración de la suscrita resolutora la queja es un recurso especial cuyos supuestos de procedencia son específicos conforme al artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala ya transcrito en esta sentencia, lo que de antemano repudia toda noción de integración por analogía para su admisión. Por ello, debe concluirse que si la normativa procesal respectiva no contiene expresamente la posibilidad de interponer el referido medio de defensa contra la determinación que resuelve la sección segunda del juicio sucesorio, no debe hacerse procedente, a fin de no desnaturalizarlo. En su último concepto de violación, la quejosa sostiene que de realizarse una interpretación conforme al orden constitucional y convencional, se debería proceder a la admisión del recurso de queja hecho valer, aunado a que al existir una pluralidad de posibilidades se debe elegir aquella que privilegie el análisis del fondo del asunto sobre los formalismos procesales y la que dé una protección más amplia; asimismo, afirma que existe la posibilidad de inaplicar la norma que no sea acorde con la Constitución. Tal motivo de inconformidad es igualmente infundado, en virtud que según se ha visto en esta sentencia, la legislación procesal civil en el Estado de Tlaxcala prevé de forma taxativa la procedencia del recurso de queja, por lo que no cabría realizar alguna interpretación extensiva para establecer que la resolución emitida en la segunda sección del juicio sucesorio es atacable a través de dicho medio de defensa, esto porque el referido ordenamiento no lo contempla expresamente. Además, en el caso no podría realizarse un ejercicio para determinar una interpretación más favorable, toda vez que no nos encontramos en el supuesto de que dos o más normas son aplicables al caso y deba optarse por la que brinde una mayor protección y mucho menos se está en presencia de una norma que admita diversas interpretaciones, al ser claro que el artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no da lugar a realizar un ejercicio interpretativo, al señalar de manera específica los supuestos en los que procede el recurso de queja, aunado a que en tal legislación no se prevé expresamente dicho medio de defensa para recurrir la resolución de la segunda sección del juicio sucesorio. Sirve de criterio orientador al respecto, la tesis 2a. LVI/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "Registro digital: 2009545 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a. LVI/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Julio de 2015, Tomo I, página 822 Tipo: Aislada "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN. Si bien es cierto que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deben interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con el principio indicado, también lo es que dicha obligación se actualiza cuando el operador jurídico advierte que dos o más normas son aplicables al caso y debe elegir la que otorga la protección más amplia a la persona, o bien, cuando sólo existe una norma aplicable, pero que admite diversas interpretaciones que se traducen en mayor o menor protección a los derechos fundamentales; lo que implica que no es necesario que exista un conflicto entre normas, ni que éstas sean de la misma naturaleza y finalidad para que sea aplicable el principio de interpretación más favorable a la persona. Ahora bien, en este supuesto, antes de hacer la interpretación, el juzgador debe determinar que efectivamente la o las normas en cuestión son aplicables al caso concreto, es decir, que el derecho reconocido se encuentre tutelado en diversas normas o que la que lo tutela admite distintas interpretaciones. En este tenor, la obligación de resolver conforme al principio en cuestión se traduce en la elección de la norma o la interpretación más favorable para la persona, de entre las que resulten aplicables al derecho reconocido, pero no de todo el universo normativo." Finalmente, respecto a lo argumentado por la quejosa, al señalar que procede la inaplicación de una norma cuando ésta no se ajuste a lo establecido por la Constitución o en los tratados internacionales, debe decirse que tal afirmación resulta genérica, sin que la impetrante haya señalado de forma concreta qué dispositivo legal es el que estima debe dejar de aplicarse, lo que impide contrastarlo con las disposiciones de la carta magna o de los instrumentos internacionales; por tanto, tal concepto de violación es inoperante. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/11 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito que establece: "Registro digital: 2008514 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXVII.3o. J/11 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2241 Tipo: Jurisprudencia "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE. Si bien el control difuso de constitucionalidad -connotación que incluye el control de convencionalidad-, que se ejerce en la modalidad ex officio, no está limitado a las manifestaciones o actos de las partes, cuando se solicita su ejercicio deben señalarse claramente los elementos mínimos que posibiliten su análisis, es decir, cuál es el derecho humano que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que produce, pues, de no ser así, el planteamiento correspondiente debe declararse inoperante, ya que fuera del cumplimiento del principio iura novit curia, el juzgador no está obligado a emprender un estudio "expreso" oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcriban, o que genéricamente se invoquen como pertenecientes al sistema." En las relatadas circunstancias, al ser infundados inoperantes los conceptos de violación expresados por la quejosa e inoperante uno de ellos, se niega a María Edith Montiel Hernández, la protección constitucional solicitada. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6º, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, deberán generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos, así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción IV, del artículo 3º y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a María Edith Montiel Hernández, atento a lo expuesto en el considerando séptimo de esta determinación. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la quejosa y a las terceras interesadas; electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el día de hoy diez de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    *****S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 720/2021, promovido por María Edith Montiel Hernández, por propio derecho, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional, María Edith Montiel Hernández demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. ACTO RECLAMADO: El auto de ocho de julio de dos mil veintiuno dictado en el recurso de queja 203/2021, por el cual se desechó tal medio de impugnación. Resolución que considera violatoria de los derechos contenidos en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (fojas 1 a 13). SEGUNDO. Prevención, admisión, trámite y audiencia constitucional. En proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó radicar el asunto con el número 720/2021 y se previno a la quejosa para que narrara de forma completa los antecedentes del acto reclamado y para que señalara la fecha en que fue notificada de dicha resolución (fojas 14 a 18, 26 y 27). Una vez que la impetrante dio cumplimiento a lo requerido, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable y se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento (fojas 30 a 36, 39 y 40). De igual forma, en la tramitación del presente juicio de amparo se ordenaron los emplazamientos a las terceras interesadas Gema Marcela y Gloria Berenice, ambas de apellidos, Cisneros Mendieta, diligencias que se efectuaron en los términos que obran en autos; asimismo, mediante escritos acordados el catorce de octubre de dos mil veintiuno, las antes nombradas se apersonaron al presente juicio de amparo (fojas 51 a 56 y 68 a 76). Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala con sede en Apizaco es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado, por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito; por materia es de naturaleza civil y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Cambio de Titular. En sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio SEADS/814/2021, se determinó la readscripción de la suscrita Juez, Karina Juárez Benavides, en este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; en tal virtud, se hace del conocimiento de las partes que tras el análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, no se advierte alguna causal de impedimento de las establecidas en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; por tanto, esta Juzgadora procede a dictar la sentencia correspondiente en este asunto. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que María Edith Montiel Hernández reclama: El acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno dictado por los Magistrados de la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala en el toca 203/2021, en el cual se desechó el recurso de queja interpuesto por la ahora quejosa María Edith Montiel Hernández contra la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno que aprobó la segunda sección correspondiente al inventario y avalúo de la sucesión a bienes de Ricardo Cisneros Flores dentro del expediente 833/2013 del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a los Magistrados integrantes de la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en virtud de que, al rendir su informe justificado, el cual obra a foja 45, aceptaron el acto atribuido y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 917812 Instancia: Pleno Octava Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 278 Página: 231 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con los autos originales del toca civil de queja 203/2021 y con las copias certificadas de la sección segunda de inventario y avalúo del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ricardo Cisneros Flores, radicado con el número 833/2013 del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, que como apoyo a su informe justificado anexó la autoridad judicial responsable y con los cuales se formó tomo de pruebas por separado, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, considerando que esta autoridad judicial no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia, se procede al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Es oportuno realizar una breve reseñada del origen del acto reclamado, ello para una mejor comprensión del asunto: 1.- En el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc se encuentra radicado el expediente 833/2013, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de Ricardo Cisneros Flores, denunciado por Gloria Berenice Cisneros Mendieta (fojas 1 a 94 del referido sumario que obra en el cuaderno de pruebas de este juicio de amparo). 2.- Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete ante la referida autoridad judicial, Gloria Berenice Cisneros Mendieta, en su carácter de albacea definitiva, promovió la formación del inventario y avalúo de los bienes que conforman la masa hereditaria en la indicada sucesión intestamentaria (fojas 1 a 38 de la sección segunda del juicio sucesorio 833/2013 que obra en el cuaderno de pruebas). 3.- Atento a dicha petición, en acuerdo de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc acordó formar la sección segunda de la sucesión intestamentaria (foja 39 del indicado juicio). 4.- Seguido el trámite procesal correspondiente, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el indicado juzgador emitió la resolución en la que determinó que fue tramitada legalmente la segunda sección correspondiente al inventario y avalúo formulados por Gloria Berenice Cisneros Mendieta, en su carácter de coheredera y albacea definitiva de la sucesión a bienes de Ricardo Cisneros Flores, además de decretar su aprobación (fojas 91 a 93 del cuaderno de pruebas, así como 88 a 95 del presente juicio de amparo). 5.- Inconforme con la anterior resolución, María Edith Montiel Hernández, a quien se le reconocieron derechos hereditarios en el juicio sucesorio de origen, interpuso recurso de queja ante el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, autoridad que mediante oficio número 793/2021 remitió el escrito respectivo a la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (fojas 2 y 6 a 10 del recurso de queja 203/2021 que obra en el cuaderno de pruebas de este juicio de amparo). 6.- En proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, los Magistrados que integran la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala radicaron el recurso de queja 203/2021 interpuesto por María Edith Montiel Hernández, el cual desecharon en los siguientes términos: "Santa Anita Huiloac, Apizaco, Tlaxcala, a ocho de julio de dos mil veintiuno. "Con lo de cuenta, SE ACORDÓ: Téngase por recibido el expedientillo que formó el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con motivo del trámite del recurso de queja interpuesto, y copia certificada de constancias deducidas del expediente número 833/2013, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario; mismo que quedó registrado con el número de Toca Civil de Queja 203/2021, de los del índice de esta Sala. "De un análisis integral de las constancias que remite el Juez de los autos, se advierte que la recurrente, impugna a través del recurso de queja la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno; en el que el Juez de los autos, resolvió la sección de inventario y avalúo; al respecto debe decirse que el recurso de queja procede contra las resoluciones cuando así lo determine expresamente el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; por tanto, con fundamento en el artículo 562, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, se desecha el recurso por improcedente. "En consecuencia, remítase testimonio de esta resolución al Juzgado de su origen para los demás efectos legales procedentes y en su oportunidad previas las anotaciones pertinentes en el libro de registro respectivo, archívese el Toca como asunto concluido. . "Así lo acordaron y firman los Magistrados que integran la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado." El anterior acuerdo obra a fojas 18 y 19 del recurso de queja 203/2021 dentro del tomo de pruebas de este juicio de amparo y es la resolución que constituye el acto reclamado por María Edith Montiel Hernández en esta instancia constitucional. SÉPTIMO. Estudio del asunto. En este apartado, se procede a abordar los argumentos expuestos por la quejosa en sus conceptos de violación, los cuales no pueden ser suplidos en su deficiencia, toda vez que no se surte alguna de las hipótesis que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no se fundó en preceptos declarados inconstitucionales, ni se dictó dentro de un procedimiento de naturaleza penal, agraria o laboral, en que a la quejosa le revista el carácter de reo, ejidatario o trabajadora, respectivamente; tampoco se advierte que la promovente sea menor o incapaz, aunado a que no se aprecia de manera clara y evidente que exista una violación manifiesta de la ley en la emisión del acto reclamado, ni que la quejosa se encuentre en estado de pobreza o marginación que la deja en desventaja para su defensa; de ahí que como se adelantó, resulta improcedente la suplencia de la queja. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis LV/89, que dice: "Registro digital: 205929 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común, Civil, Administrativa Tesis: LV/89 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989. Página 123 Tipo: Aislada "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACION MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables." Precisado lo anterior, dentro de sus conceptos de violación, la quejosa aduce esencialmente lo siguiente: 1.- Que la autoridad responsable, al desechar el recurso de queja, viola el derecho de acceso a la tutela judicial y a un recurso efectivo conforme al pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos), pues en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no existe un precepto que norme en forma concreta el recurso de queja. 2.- Que el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala prevé la procedencia del recurso de queja contra sentencias interlocutorias que resuelvan un incidente y, en el caso, la determinación que recurrió, consistente en la resolución que concluye una etapa del juicio sucesorio intestamentario, debe considerarse como un símil a una interlocutoria. 3.- Que para estimar la procedencia del recurso de queja se debe realizar una interpretación conforme al orden fundamental y ante una pluralidad de posibilidades se debe elegir aquella que privilegie el análisis del fondo del asunto sobre los formalismos procesales y la que dé una protección más amplia, existiendo la posibilidad de inaplicar la norma que no sea acorde con la Constitución. El primer concepto de violación es infundado, pues la determinación de los Magistrados de la Sala Civil - Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, al desechar el recurso de queja hecho valer por María Edith Montiel Hernández, no resulta violatorio del derecho de acceso a la justicia. Ello es así, pues por principio debe decirse que es inexacto lo afirmado por la quejosa cuando refiere que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no existe algún precepto que regule el recurso de queja, toda vez que contrario a lo aseverado, dicho ordenamiento legal sí contiene un normativo que establece la procedencia del referido medio de impugnación, concretamente el numeral 554 que a la letra dice: "Artículo 554. Procede el recurso de queja: "I.- Contra la resolución del Juez de Primera Instancia que niegue correr traslado con el escrito en el que se interponga la apelación. "II.- Derogada "III.- En los casos en que expresamente conceda este recurso la ley". Con base a lo establecido por la ley adjetiva de la materia, la autoridad responsable procedió a desechar de forma acertada el recurso de queja que María Edith Montiel Hernández hizo valer contra la resolución que aprobó la sección segunda de inventario y avaluó dentro del juicio sucesorio a bienes de Ricardo Cisneros Flores, para lo cual de forma correcta sustentó su decisión en el artículo 562, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que establece: "Artículo 562. El Tribunal desechará el recurso de queja: "I.- Cuando no sea procedente." Así, se estima apegado a derecho que los Magistrados de la Sala responsable hayan desechado el medio de impugnación hecho valer, al ser evidente que la normatividad procesal en materia civil no prevé la procedencia del citado recurso contra la resolución en la que concluya la sección segunda del juicio sucesorio denominada de inventario y avalúo. De esta forma, no existe violación al derecho fundamental de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, en virtud de que el recurso intentado por la ahora quejosa constituye una vía para la salvaguarda al derecho humano relativo a que las partes en la contienda de origen tengan la oportunidad, antes de que alguna determinación adquiera la calidad de cosa juzgada o de que sea ejecutada, de que se realice un examen del actuar del juez inferior y se procure la corrección de la determinación, en caso de resultar contraria a derecho. Empero, ese derecho no tiene como objeto que se admitan recursos intentados en la vía errónea, pues al no estar previsto en la ley adjetiva civil la posibilidad de interponer el recurso de queja contra la resolución que aprueba la sección de inventario y avalúo en el juicio sucesorio intestamentario, no era dable para la autoridad responsable decretar su admisión. Esto porque la efectividad de un recurso interpuesto acontece cuando, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial correspondiente evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión planteada; por ende, la circunstancia que de que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para la procedencia del recurso de queja, no constituye en sí misma una violación al derecho fundamental de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan ese derecho. Al respecto, es orientadora por las consideraciones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "Registro digital: 2005917 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325 Tipo: Jurisprudencia "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En ese orden, la responsable de ninguna manera contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con los diversos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, como lo aduce la quejosa, pues como se indicó con anterioridad, la efectividad del recurso intentado acontece cuando, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial correspondiente evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión planteada, lo que en el caso no aconteció. En adición, debe decirse que la circunstancia de que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no prevea la procedencia del recurso de queja contra la resolución que aprueba la sección de inventario y avaluó en el juicio sucesorio intestamentario, con base en lo cual los Magistrados de la Sala responsable desecharon la vía propuesta por la ahora quejosa, no implica la violación al derecho humano al que se alude en el concepto de violación que se analiza. Lo anterior porque tal y como lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ordenamiento jurídico mexicano prevé la existencia de un mecanismo de defensa, el cual se encuentra disponible para que la quejosa esté en aptitud de combatir la ilegalidad de la resolución emitida en la sección segunda del juicio sucesorio. En efecto, el juicio de amparo se instituye en favor del gobernado, como un medio de control que en sí mismo materializa el derecho humano a un recurso judicial efectivo, en tanto que permite al interesado combatir aquellos actos de autoridad que estime violatorios de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, habilitando a la autoridad jurisdiccional a verificar si existen o no tales violaciones y, en su caso, a proveer sobre la reparación adecuada y oportuna. Al respecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . "V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Es decir, conforme al precepto legal transcrito, el juicio de amparo en la vía indirecta se instituye como un mecanismo de defensa a favor de la quejosa, el cual permite combatir la resolución que resuelve la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario. Adicionalmente, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado es de carácter positivo, los efectos de la concesión se ocuparán de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que si el acto reclamado es de carácter negativo o implica una omisión, los efectos se traducen en obligar a la responsable a respetar el derecho humano en cuestión y a cumplir lo que el mismo exija. Así las cosas, aunque en términos de la codificación procesal civil el recurso de queja no es procedente contra la resolución que definió la segunda sección del juicio sucesorio intestamentario, dicha circunstancia no impedía a la inconforme acudir a los órganos jurisdiccionales a efecto de hacer valer en el juicio de amparo las violaciones que estime se cometieron en su contra y obtener una reparación adecuada; de ahí, que es infundado lo alegado por la quejosa al señalar que la responsable infringió los derechos a los que alude. Lo anterior, sin menoscabo de la obligación de los órganos federales de analizar si en el caso concreto se cumplen con el resto de los requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o medio de impugnación, resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "Registro digital: 2010984 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 12/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 763 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, lo que se advierte de los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción I, párrafo primero, 77 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la idoneidad y la razonabilidad del juicio de amparo, la Corte Interamericana reconoció que la existencia y aplicación de causas de admisibilidad de un recurso o un medio de impugnación resultan perfectamente compatibles con el texto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el entendido de que la efectividad del recurso intentado, se predica cuando una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, el órgano judicial evalúa sus méritos y entonces analiza el fondo de la cuestión efectivamente planteada. En esa misma tesitura, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la circunstancia de que en el orden jurídico interno se fijen requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los planteamientos propuestos por las partes no constituye, en sí misma, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo; pues dichos requisitos son indispensables y obligatorios para la prosecución y respeto de los derechos de seguridad jurídica y funcionalidad que garantizan el acceso al recurso judicial efectivo." En su diverso concepto de violación, la quejosa afirma que la autoridad responsable debió admitir el recurso de queja que interpuso dentro del juicio sucesorio intestamentario 833/2013, pues la impetrante considera que el artículo 723 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala prevé la procedencia del recurso de queja contra sentencias interlocutorias que resuelvan un incidente. Por tanto, la peticionaria del amparo estima que el recurso que intentó sí era procedente porque la determinación que concluye la etapa de un juicio sucesorio intestamentario se asimila a una interlocutoria. Tales aseveraciones son infundadas y para sostener esta conclusión es necesario señalar que el dispositivo legal al que se refiere la quejosa establece lo siguiente: "Artículo 723.- Contra la interlocutoria que resuelva un incidente procede el recurso de queja, si fue dictada por un Juez de Primera Instancia, y no procede recurso cuando el incidente se haya tramitado en el Tribunal Superior." Dicho normativo establece la procedencia del recurso de queja contra la resolución que dirime una cuestión incidental y, en el caso, la quejosa intentó tal medio de impugnación contra la determinación de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc en la que aprobó la segunda sección de inventario y avalúo dentro del juicio sucesorio intestamentario 833/2013. Ahora, contrario a lo afirmado por la impetrante, la indicada resolución no constituye una sentencia interlocutoria y además no existen elementos para realizar una interpretación extensiva para considerarla como tal, en razón de que los juicios hereditarios se encuentran expresamente previstos con tal denominación en el título décimo del Código de Procedimientos Civiles de Estado de Tlaxcala, concretamente de los artículos 1154 a 1386. Específicamente para el presente asunto, de dichos normativos destacan los numerales 1167 a 1171, que establecen: "Artículo 1167.- En todo juicio hereditario se formarán cuatro secciones, compuestas de los cuadernos necesarios. "Artículo 1168.- La primera sección se llamará "de sucesión", y contendrá, en sus respectivos casos: "I.- El testamento o el testimonio de su protocolización; "II.- La denuncia del intestado; "III.- Las citaciones de los herederos y la convocación de los que se crean con derecho a la herencia; "IV.- Las actas de las juntas relativas a nombramiento y remoción de albaceas, declaración de herederos, albaceas o interventores, y el reconocimiento de derechos hereditarios; "V.- Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento de tutores; "VI.- Testimonio de las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar, preferencia de derechos y calidad de herederos. "Artículo 1169.- La segunda sección se llamará "de inventarios", y contendrá, en sus casos: "I.- La solicitud en que se pida la licencia para formación de inventarios, si no estuviere ya concedida, o el escrito acompañando éstos; "II.- Los inventarios provisionales y los definitivos; "III.- Los avalúos; "IV.- Los incidentes y las resoluciones relativas a los mismos; "V.- El auto aprobatorio del inventario y avalúo." "Artículo 1170.- La tercera sección se llamará "de administración", y contendrá: "I.- Todo lo relativo a la administración, tanto de los interventores, como de los albaceas; "II.- Las cuentas, su glosa y calificación; "III.- Los comprobantes de pago de las contribuciones y cargas hereditarias que se causen; "IV.- La resolución o resoluciones que aprueben las cuentas. "Artículo 1171.- La cuarta sección se llamará "de partición", y contendrá: "I.- El proyecto de partición; "II.- Los incidentes que sobre él se promuevan; "III.- Los arreglos relativos; "IV.- Las sentencias; "V.- La aplicación de los bienes." De lo antes transcrito se advierte que la sucesión es un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva. Así, cada una de las secciones que componen el juicio se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos. De esta forma, la determinación con la que se resuelve cada sección no puede ser entendida como una resolución incidental, dado que no se ocupa de un aspecto accesorio dentro del procedimiento, sino que define cada cuestión que atañe a cada una de ellas. Además, tal conclusión se robustece con lo establecido por el propio Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, que dispone un título específico de incidentes, en el cual figura el artículo 716 del referido ordenamiento, que señala: "Artículo 716.- Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal." Por consiguiente, no asiste la razón a la quejosa cuando refiere que la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio sucesorio intestamentario a bienes 833/2013, contra la cual interpuso recurso de queja, es un símil de una sentencia interlocutoria que resuelve un incidente y, por tanto, es recurrible en queja conforme al numeral 723 del ordenamiento adjetivo civil. De esta manera, es infundado el concepto de violación en el que se propone que la autoridad responsable debió hacer una interpretación extensiva y admitir el medio de defensa intentado, toda vez que a consideración de la suscrita resolutora la queja es un recurso especial cuyos supuestos de procedencia son específicos conforme al artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala ya transcrito en esta sentencia, lo que de antemano repudia toda noción de integración por analogía para su admisión. Por ello, debe concluirse que si la normativa procesal respectiva no contiene expresamente la posibilidad de interponer el referido medio de defensa contra la determinación que resuelve la sección segunda del juicio sucesorio, no debe hacerse procedente, a fin de no desnaturalizarlo. En su último concepto de violación, la quejosa sostiene que de realizarse una interpretación conforme al orden constitucional y convencional, se debería proceder a la admisión del recurso de queja hecho valer, aunado a que al existir una pluralidad de posibilidades se debe elegir aquella que privilegie el análisis del fondo del asunto sobre los formalismos procesales y la que dé una protección más amplia; asimismo, afirma que existe la posibilidad de inaplicar la norma que no sea acorde con la Constitución. Tal motivo de inconformidad es igualmente infundado, en virtud que según se ha visto en esta sentencia, la legislación procesal civil en el Estado de Tlaxcala prevé de forma taxativa la procedencia del recurso de queja, por lo que no cabría realizar alguna interpretación extensiva para establecer que la resolución emitida en la segunda sección del juicio sucesorio es atacable a través de dicho medio de defensa, esto porque el referido ordenamiento no lo contempla expresamente. Además, en el caso no podría realizarse un ejercicio para determinar una interpretación más favorable, toda vez que no nos encontramos en el supuesto de que dos o más normas son aplicables al caso y deba optarse por la que brinde una mayor protección y mucho menos se está en presencia de una norma que admita diversas interpretaciones, al ser claro que el artículo 554 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala no da lugar a realizar un ejercicio interpretativo, al señalar de manera específica los supuestos en los que procede el recurso de queja, aunado a que en tal legislación no se prevé expresamente dicho medio de defensa para recurrir la resolución de la segunda sección del juicio sucesorio. Sirve de criterio orientador al respecto, la tesis 2a. LVI/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "Registro digital: 2009545 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a. LVI/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Julio de 2015, Tomo I, página 822 Tipo: Aislada "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. PRESUPUESTOS PARA SU APLICACIÓN. Si bien es cierto que en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deben interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con el principio indicado, también lo es que dicha obligación se actualiza cuando el operador jurídico advierte que dos o más normas son aplicables al caso y debe elegir la que otorga la protección más amplia a la persona, o bien, cuando sólo existe una norma aplicable, pero que admite diversas interpretaciones que se traducen en mayor o menor protección a los derechos fundamentales; lo que implica que no es necesario que exista un conflicto entre normas, ni que éstas sean de la misma naturaleza y finalidad para que sea aplicable el principio de interpretación más favorable a la persona. Ahora bien, en este supuesto, antes de hacer la interpretación, el juzgador debe determinar que efectivamente la o las normas en cuestión son aplicables al caso concreto, es decir, que el derecho reconocido se encuentre tutelado en diversas normas o que la que lo tutela admite distintas interpretaciones. En este tenor, la obligación de resolver conforme al principio en cuestión se traduce en la elección de la norma o la interpretación más favorable para la persona, de entre las que resulten aplicables al derecho reconocido, pero no de todo el universo normativo." Finalmente, respecto a lo argumentado por la quejosa, al señalar que procede la inaplicación de una norma cuando ésta no se ajuste a lo establecido por la Constitución o en los tratados internacionales, debe decirse que tal afirmación resulta genérica, sin que la impetrante haya señalado de forma concreta qué dispositivo legal es el que estima debe dejar de aplicarse, lo que impide contrastarlo con las disposiciones de la carta magna o de los instrumentos internacionales; por tanto, tal concepto de violación es inoperante. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/11 (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito que establece: "Registro digital: 2008514 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXVII.3o. J/11 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, página 2241 Tipo: Jurisprudencia "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE. Si bien el control difuso de constitucionalidad -connotación que incluye el control de convencionalidad-, que se ejerce en la modalidad ex officio, no está limitado a las manifestaciones o actos de las partes, cuando se solicita su ejercicio deben señalarse claramente los elementos mínimos que posibiliten su análisis, es decir, cuál es el derecho humano que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que produce, pues, de no ser así, el planteamiento correspondiente debe declararse inoperante, ya que fuera del cumplimiento del principio iura novit curia, el juzgador no está obligado a emprender un estudio "expreso" oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcriban, o que genéricamente se invoquen como pertenecientes al sistema." En las relatadas circunstancias, al ser infundados inoperantes los conceptos de violación expresados por la quejosa e inoperante uno de ellos, se niega a María Edith Montiel Hernández, la protección constitucional solicitada. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2º de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6º, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberán ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, deberán generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos, así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción IV, del artículo 3º y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 73 y 74 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia de la unión no ampara ni protege a María Edith Montiel Hernández, atento a lo expuesto en el considerando séptimo de esta determinación. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública esta sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente a la quejosa y a las terceras interesadas; electrónicamente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el día de hoy diez de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Aldo Christian Gallegos Ortiz, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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