María Elena Hernández Osorno

Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
70/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • María Elena Hernández Osorno

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase la anotación en el libro de gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por propio derecho, contra actos de la licenciada Fidelina Pérez Miranda, Jueza de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Siete del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 70/2021-V. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis De la lectura integral del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: -La omisión de la autoridad responsable de hacer efectiva la medida de apremio decretada mediante resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, dentro de la Carpeta Judicial número ************** en la que se resolvió conceder las medidas de protección previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, por un término de sesenta días, señalando que en caso de incumplimiento por parte de ************ se le impondría a éste una medida de apremio consistente en cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Desechamiento En ese tenor, debe precisarse que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Ley de Amparo, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, es importante precisar que de una interpretación sistemática de dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando no se produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De igual modo, cabe destacar que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado por la quejosa no le cause un perjuicio a su esfera de derechos fundamentales; es decir, cuando la realización de aquel no impida que ejerza los derechos que la Constitución Federal, los Tratados Internacionales y las leyes secundarias consagradas en su favor. Bajo ese contexto, el interés jurídico a que alude el invocado artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es el derecho que le asiste a un particular para reclamar vía amparo algún acto violatorio de sus derechos humanos, es decir, alude a un derecho subjetivo protegido por alguna norma que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Así es que, conforme con el contenido de la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal; así como de los diversos 5°., fracción I, 6º. y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley reclamada, entendiéndose como "perjuicio" la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional para que ese derecho protegido por la ley sea reconocido o que no sea violado, ello es lo que configura el interés jurídico que se toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que el juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de los derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real a la parte quejosa, es decir, cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estima violatorio de sus derechos, y lo impugna a través de dicho medio de defensa, el cual se instituyó para atacar tales violaciones, por lo que, se deberán observar las reglas que para su procedencia establece la Ley de Amparo. Bajo esa línea argumentativa es dable establecer que, para la procedencia del juicio de amparo se requiere que la parte quejosa acredite tener interés jurídico o interés legítimo; y que el mismo se vea afectado con la existencia del acto reclamado, en el entendido que respecto al interés jurídico la agravia debe ser personal y directo, mientras que para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Esto último, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que la quejosa acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Apoya lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa.". Asimismo, es de destacarse que el interés jurídico que asiste a la parte quejosa en un juicio de amparo, requiere por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a este; así, no se tendrá por actualizado el interés jurídico si no existe un derecho protegido por el ordenamiento legal, o si, de existir, no resiente perjuicio alguno por el acto de autoridad que se reclama; de ahí que, es indispensable que dicho interés se pruebe plenamente y no se infiera con base en presunciones. De tal manera que, quien acude al amparo, bajo el argumento que existe una afectación a un derecho sustantivo debe acreditar en principio su titularidad; verbigracia, el reclamo de una afectación al patrimonio, pues debe acreditarse la identidad de los bienes afectados por el acto de autoridad y aquel cuya propiedad o posesión aduce, y en su caso el origen del derecho a su favor el cual deberá ser anterior a la emisión del acto que reclama. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis, siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.". En términos de lo razonado, se puede concluir que, para que la acción constitucional proceda no basta la existencia del acto reclamado, pues aunque no fuera dubitable el actuar ilegal de la autoridad, si la quejosa no acredita en forma plena que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, la acción se tornará improcedente. Argumento que además se apoya con el criterio sustentado, que se comparte en la tesis jurisprudencial de encabezado y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso.". De lo anterior se pone de manifiesto que, cuando un gobernado acuda a demandar vía amparo alguna transgresión a sus derechos fundamentales, es preciso que demuestre la titularidad de los derechos sustantivos que le asiste y que estima violados. Ahora bien, del análisis del escrito inicial de demanda, se desprende que la quejosa (víctima en el procedimiento de origen), reclama: La omisión de la autoridad responsable de hacer efectiva la medida de apremio decretada mediante resolución dictada el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, dentro de la Carpeta Judicial número *************, en la que se resolvió conceder las medidas de protección previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, por un término de sesenta días, señalando que en caso de incumplimiento por parte de ***************, se le impondría a éste una medida de apremio consistente en cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Bajo ese contexto, resulta menester precisar que la omisión reclamada, no deviene en perjuicio o afectación del interés jurídico de la justiciable; sino que, en todo caso, quien pudiera verse afectado en dicho aspecto, es el imputado ************, no así, la ahora quejosa En apoyo a lo así considerado, es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". En esa tesitura es que deviene inconcuso que, al carecer la quejosa de interés jurídico y legítimo para reclamar vía amparo indirecto el acto que le atribuye a la autoridad señalada como responsables, es jurídicamente correcto desecha de plano la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia al tenor de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados a las personas que mencionan en su escrito inicial de demanda que cuenten con cédula profesional, con las facultades que establece el artículo 12 de la ley de la materia, siempre y cuando acrediten estar facultados para ejercer dicha profesión. Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Correo electrónico Respecto a los correos electrónicos que se refiere, no ha lugar a tenerlo como domicilio para recibir notificaciones, toda vez que en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, sólo se estableció la firma electrónica (FIREL) como medio de ingreso al sistema del Poder Judicial Federal como opción para enviar y recibir promociones y demandas, realizar notificaciones personales, así como consultar los acuerdos respectivos. Además, la ley de la materia no contempla este medio para poder realizar notificaciones, por lo que tal medio se tendrá, en su caso, como vía de comunicación entre la promovente y este juzgado federal. Notifíquese personalmente.

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