Maria Dolores Arrubarrena Martínez
Expediente 571/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/02/2023
Partes del expediente
- Maria Dolores Arrubarrena Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remite copia certificada del testimonio de la resolución aprobada en sesión pública ordinaria virtual de veintiséis de enero del año en curso, dictada en los autos del Q.P. 233/2022, ejecutoria en la que se determinó: "PRIMERO. Es INFUNDADO el recurso de queja. SEGUNDO. Se CONFIRMA el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictado por el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el amparo indirecto 571/2022, por los motivos expuestos en la presente ejecutoria". Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Se ordena la destrucción de las constancias que acompañaron al oficio de cuenta al ser innecesaria su retención. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que instituye las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis de agosto siguiente, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Finalmente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual comunica la determinación por la que se acusa recibo del oficio con el que se le remitió copia certificada del juicio de amparo 571/2022-I, así como original del escrito por medio del cual interpuso recurso de queja e informa que se admitió a trámite dicho recurso, registrándolo con el número de expediente Q. P. 233/2022. Finalmente, la oficiante solicita la vinculación del presente juicio a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos que precisa. En virtud de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice los movimientos correspondientes en el citado sistema a efecto de permitir la vinculación solicitada. Notifíquese y personalmente a la Oficial Judicial "A".
- Principal
Ciudad de México, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, del cual se advierte que la quejosa interpone recurso de queja contra el acuerdo de veintiséis de octubre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. En ese contexto, no es procedente notificar a las partes, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el presente recurso no las involucra; por tanto, envíese copia certificada del escrito de la quejosa mediante el cual interpone recurso de queja al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en Turno, para los efectos legales a que haya lugar; como lo ordena artículo 101 de la Ley de Amparo y remítase copia certificada de las constancias necesarias a fin de que el tribunal colegiado substancie el recurso interpuesto por la parte quejosa. Hágase del conocimiento de la superioridad, que este Órgano Jurisdiccional, rinde el referido informe comunicándole que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, ya que mediante proveído de veintiséis de octubre del año en curso, este juzgado desechó de plano la demanda de amparo en los términos ahí precisados. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por María Dolores Arrubarrena Martínez, por medio del cual desahoga la prevención decretada en auto de catorce de octubre de la presente anualidad y precisa cual es el acto reclamado en el presente asunto y expone los antecedentes relativos a éste. En ese sentido, se tiene por cumplida la prevención decretada en actos y se tiene como único acto el consistente en: El acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, a través del cual se hace de su conocimiento que en audiencia de veintisiete de diciembre anterior, el Juez de Control Especializado en el Sistema Acusatorio dejó sin materia la impugnación de la determinación de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ********. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se aprecia que por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo, inconforme con dicho proveído la parte quejosa interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante ejecutoria pronunciada en sesión de seis de octubre de dos mil veintidós, relativa a la queja penal 149/2022 en la que consideró lo siguiente: "(.) Esto es, el A quo debió requerir a la accionante del amparo para que se aclarara: Si el acto reclamado solo se hacía consistir en la determinación por la que se dejó sin materia la impugnación de la determinación de no ejercer acción penal de seis de julio de dos mil veintiuno o, también, se reclama lo resuelto en las audiencias de quince y veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Además si para el A quo, del estudio de la demanda no pudiera advertirse lo determinado por el Juez responsable en las audiencias generadas por la impugnación que intentó la quejosa haya sido causado por su motivo de inasistencia a ésta y, que ello, fuera necesario para fijar debidamente la pretensión de la quejosa a fin de desentrañar su verdadera intención en cuanto a la materia del proceso constitucional, también requerirla para que explicara tal aspecto. Con base a tal contexto, la omisión de prevenir a la quejosa sin analizar en su integridad la demanda, sin duda, es relevante y trascendió al dictado del auto impugnado, pues el juzgador desechó la demanda de amparo sin que se hubiera precisado en forma concreta, el acto o actos reclamados por la quejosa ni los antecedentes necesarios, a fin de que se estuviera en aptitud de fijar correctamente la Litis en el amparo y resolver en su integridad, ello en observancia a lo dispuesto por el dispositivo 17 Constitucional y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. En efecto, de la interpretación conforme de los arábigos mencionados, se desprende que es derecho fundamental el acceso a la tutela judicial efectiva, traducida en una de sus variantes como el derecho de acceso en forma completa que permita a los gobernados acudir ante los órganos de amparo a solicitar que se les administre justicia y, se dé contestación a cada uno de los argumentos vertidos en su demanda; por tanto, se insiste, en el caso, resultaba necesario prevenir a la quejosa para que precisara los actos reclamados y antecedentes en la instancia constitucional pero atendiendo a la demanda en su integridad y, al no haberlo hecho, el juez dejó inaudita a la demandante del amparo. (.) En las relatadas condiciones, lo procedente es REVOCAR el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento para que el juez de Distrito dice un nuevo proveído, en el que atendiendo a las consideraciones antes precisadas, en términos de lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo prevenga a la quejosa para que señale de manera clara y precisa cuál es el acto reclamado en el amparo indirecto, esto es, especifique el auto, resolución u omisión de la autoridad responsable impugnado en la vía constitucional y especifique claramente los antecedentes del acto reclamado, debido a la inconsistencia de la demanda en esos aspectos, en los términos precisados en párrafos precedentes; en la inteligencia que, en caso de señalar como actos lo resuelto en las audiencias de quince y veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, deberá precisar la quejosa la totalidad de los hechos que constituyen los antecedentes, debiendo narrar, bajo protesta de decir verdad y, de manera clara, sucinta y cronológica todos y cada uno de los hechos y abstenciones que constituyen los actos reclamados, así como la fecha en que conoció de los mismos. Hecho lo anterior, continúe con el procedimiento como en derecho corresponda. (.).". Luego, por auto de catorce de octubre de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo resuelto por la Superioridad, se le previno a la quejosa para que realizara lo siguiente: "(.) la accionante de amparo deberá realizar lo siguiente: Especificar el auto, resolución u omisión de la autoridad responsable impugnado en la vía constitucional Indicar claramente los antecedentes del acto reclamado, debido a la inconsistencia de la demanda en esos aspectos. En el entendido, que en caso de señalar como actos lo resuelto en las audiencias de quince y veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, deberá precisar la quejosa la totalidad de los hechos que constituyen los antecedentes, debiendo narrar, bajo protesta de decir verdad y, de manera clara, sucinta y cronológica todos y cada uno de los hechos y abstenciones que constituyen los actos reclamados, así como la fecha en que conoció de los mismos.". En ese sentido, como se señaló, del ocurso de cuenta se aprecia que la justiciable expresa como único acto reclamado el referido acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, sin que se advierta que haya sido su deseo señalar con tal carácter lo resuelto en las audiencias de quince y veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, pese haberle dado la oportunidad de hacerlo. Puntualizado lo anterior, conviene reseñar que de autos se obtienen los siguientes antecedentes: 1. La promovente tiene calidad de víctima en la carpeta de investigación ************. 2. El diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, presentó una denuncia de hechos, por el delito de abuso de autoridad. 3. El seis de julio de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público de la Federación determinó el no ejercicio de la acción penal, mismo que le fue notificado el diez de septiembre siguiente. 4. En contra de esa determinación promovió el medio de impugnación innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que por cuestión de turno correspondió al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, donde se registró bajo el número de expediente 303/2021. 5. El quince de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia de impugnación, misma que fue diferida por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, debido a que no se encontraban las partes investigadas. 6. El veintisiete de diciembre siguiente, tuvo verificativo la diligencia de marras, en la que el Juez responsable dejó sin materia la impugnación de la determinación de no ejercicio de la acción penal. 7. Mediante acuerdo de treinta de mayo de dos mil veintidós, se señaló que la impugnación hecha valer se dejó sin efectos en la diligencia celebrada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno (acto reclamado). Desechamiento. En sentido, con fundamento en el artículo 113, se estima procedente desechar de plano la demanda, por las siguientes consideraciones: Los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción I, 6° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". La interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que de la demanda de amparo, se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así, el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En esa virtud, es claro que el acto reclamado en esta instancia, no genera afectación alguna a la esfera de derechos de la quejosa, pues en éste únicamente se precisó que el Juez responsable dejó sin materia la audiencia de impugnación de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, misma que fue promovida en contra del no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/VG/UNAI-DF/0000194/2016 sin que ello implique que se ha generado una situación jurídica adversa a la justiciable, sino que, lo que pudo haber ocasionado una afectación a sus derechos, en todo caso, lo sería la determinación en la que se dejó sin efectos la impugnación intentada, la cual no fue señalada de forma expresa como acto reclamado en el presente asunto. Por lo que como se adelantó la determinación reclamada no le irroga perjuicio alguno. Consecuentemente, se desecha de plano el escrito de demanda, por ser notoria e indudable su improcedencia de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.
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