María Elena González Pérez
Expediente 1105/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1105/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/11/2021
Partes del expediente
- María Elena González Pérez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por María Elena González Pérez, contra actos de la 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 1105/2021-I, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). I. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto de su admisión o desechamiento, el artículo 114, de la Ley de Amparo,1 dispone que el órgano jurisdiccional mandará requerir a la parte promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse.En ese orden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, de la Ley de Amparo,2 REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, y entendido de la responsabilidad penal en que incurren las partes y de las sanciones previstas en el artículo 261, de la ley de la materia,3 por escrito, bajo protesta de decir verdad y de manera personal, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO: Señale de manera clara, precisa y congruente el acto reclamado que de forma real, actual e inminente le causa perjuicio, en razón que del contenido de su demanda en el capítulo relativo al acto reclamado se aprecia que se duele de: la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, sito en esta localidad, de vigilar que el actuario de su adscripción notifique a la parte demandada la resolución interlocutoria dictada dentro de la contienda laboral, además que dicha orden lo informó mediante número 000766 de veinte de enero de dos mil veinte a esta potestad; y por otra parte, aduce que lo que le causa perjuicio es la omisión de acordar su escrito presentado el veinticinco de agosto de los cursantes, en el que solicitó la ejecución de laudo emitido dentro de dicho asunto; por tanto, resultan manifestaciones que tornan obscuro e impreciso el acto reclamado. Lo anterior, toda vez que los actos reclamados deben ser inminentes y no de realización futura e incierta; además, fijarse en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75, y 77, de la Ley de Amparo. Al efecto, apoya la anterior consideración el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013."4 Y el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo texto y rubro son el tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda."5 SEGUNDO: Una vez desahogado el punto anterior, en caso de aducir que lo que realmente le irroga perjuicio es la omisión de notificar la resolución interlocutoria emitida dentro del juicio natural, tendrá que pormenorizar detalladamente y de forma congruente los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, esto es, los hechos o abstenciones que constituyen las circunstancias y particularidades que servirán de fundamento a los conceptos de violación, para que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de verificar su constitucionalidad; particularmente, exprese si esa notificación fue ordenada en un juicio de amparo, toda vez que, según sus manifestaciones dicha circunstancia fue informada a este órgano de control constitucional; empero, no especifica cuál fue el motivo, así como el número de expediente respectivo. II. APERCIBIMIENTO Bajo el apercibimiento que de no desahogar la prevención en sus términos y en el plazo señalado, acorde con el penúltimo párrafo del precepto 114, de la ley de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de cuenta. III. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 12, de la Ley de Amparo téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. Asimismo, se autoriza en términos amplios a las personas que refiere, de conformidad con aludido ordinal 12 párrafo primero, de dicho ordenamiento legal, toda vez que la promovente no precisó con exactitud dicha cuestión y funge como parte trabajadora dentro del juicio de origen; de ahí que, no sea necesaria la verificación de que la cédula profesional de su autorizado se encuentre en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. IV. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES.- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se realicen con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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