María Elena González Pérez

Expediente 232/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
232/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • María Elena González Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por María Elena González Pérez, contra actos de la 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 232/2023-II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la Jurisprudencia, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, que en esta vía se combate es: La omisión de proveer respecto a la ejecución del laudo e interlocutoria, solicitada con el escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en autos del expediente laboral J/O/539/2013. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Expuesto lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, así como a la diversa fracción V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por los motivos que se expondrán a continuación. Ello es así, ya que para poder considerar que existe una abierta dilación, es necesario que transcurra un término excesivo desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente se debe pronunciar o realizar la diligencia correspondiente, en este caso, proveer respecto a la ejecución del laudo e interlocutoria, solicitado con el escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en autos del expediente laboral J/O/539/2013, cuya omisión acontece desde el tres de febrero del año en curso; lo anterior, considerando que el escrito fue presentado ante la responsable el uno de febrero de dos mil veintitrés, y el término de cuarenta y ocho horas, que establece el artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época en que se radicó el juicio de origen, con que contaba la autoridad para emitir el pronunciamiento condigno, transcurrió del dos al tres de febrero siguientes, por lo que se computan como días hábiles, los transcurridos del siete al nueve de febrero del año en curso, sin contar para dicho término los días cuatro, cinco y seis, por ser inhábiles, de lo que se advierte que a la fecha en que promovió la demanda de amparo, únicamente median tres días hábiles, los cuales son insuficientes para considerar que existe una dilación excesiva. Al respecto, es aplicable al caso concreto la parte final de la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), de rubro y texto siguiente: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales." Por lo que en la especie, la dilación planteada por la parte quejosa, no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, por no transgredir derechos sustantivos, ni constituir una abierta dilación en la fase relativa o su paralización total, cuyos supuestos, por excepción, hacen procedente la vía de amparo biinstancial. Lo anterior, considerando que únicamente han transcurrido tres días hábiles entre la fecha en que la autoridad responsable, debió emitir pronunciamiento respecto al escrito presentado el uno de febrero anterior (tres de febrero de dos mil veintitrés), y la fecha de la presentación de la demanda (diez de febrero de dos mil veintitrés), por lo que se considera que dicha omisión de acordar la promoción presentada y de proseguir en con la ejecución del juicio en los términos solicitados, no es una violación que afecte sus derechos sustantivos, pues de lo manifestado en el escrito de demanda, no se advierte una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia. En consecuencia, se itera se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, así como a la diversa fracción V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo. IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, así como a la diversa fracción V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo analizada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: ******************** Se tienen como autorizados a********************, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado y tratarse de la parte trabajadora. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Andrea Guadalupe González Cortazar, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA... Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Vista; la demanda de amparo promovida por María Elena González Pérez, contra actos de la 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como juicio de amparo número 232/2023-II. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO. La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ".los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico." Atento a lo anterior, se instruye al Oficial de Partes, al Oficial Judicial A y a los Actuarios adscritos, para que en el ámbito de sus respectivas funciones, realicen la digitalización de constancias y escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Resulta ilustrativa sobre el particular, por similitud jurídica, la Jurisprudencia, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, que en esta vía se combate es: La omisión de proveer respecto a la ejecución del laudo e interlocutoria, solicitada con el escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en autos del expediente laboral J/O/539/2013. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Expuesto lo anterior, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, así como a la diversa fracción V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por los motivos que se expondrán a continuación. Ello es así, ya que para poder considerar que existe una abierta dilación, es necesario que transcurra un término excesivo desde la fecha en que concluyó el plazo en que legalmente se debe pronunciar o realizar la diligencia correspondiente, en este caso, proveer respecto a la ejecución del laudo e interlocutoria, solicitado con el escrito de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en autos del expediente laboral J/O/539/2013, cuya omisión acontece desde el tres de febrero del año en curso; lo anterior, considerando que el escrito fue presentado ante la responsable el uno de febrero de dos mil veintitrés, y el término de cuarenta y ocho horas, que establece el artículo 838, de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época en que se radicó el juicio de origen, con que contaba la autoridad para emitir el pronunciamiento condigno, transcurrió del dos al tres de febrero siguientes, por lo que se computan como días hábiles, los transcurridos del siete al nueve de febrero del año en curso, sin contar para dicho término los días cuatro, cinco y seis, por ser inhábiles, de lo que se advierte que a la fecha en que promovió la demanda de amparo, únicamente median tres días hábiles, los cuales son insuficientes para considerar que existe una dilación excesiva. Al respecto, es aplicable al caso concreto la parte final de la jurisprudencia 2a./J. 12/2022 (11a.), de rubro y texto siguiente: "DILACIÓN EXCESIVA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA LABORAL. PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE UN AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, NO ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 33/2019 (10a.), EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a conclusiones contrarias al analizar si resultaba aplicable o no la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), para determinar la actualización de una dilación excesiva, como caso de excepción para la procedencia del amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), no resulta aplicable para analizar si se ha configurado o no una dilación excesiva que haga procedente el amparo indirecto en materia laboral, en contra de aquellos actos correspondientes a la etapa de ejecución de sentencia. Justificación: Esto es así, ya que a través de dicha jurisprudencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación simplemente se limitó a complementar el alcance de la diversa jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), en la cual había dejado a la interpretación judicial analizar, en cada caso, si existía o no una abierta dilación procesal o paralización total del procedimiento, como una excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra los actos previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es decir, contra los "actos en juicio" cuyos efectos son de imposible reparación, para lo cual estableció un parámetro mínimo objetivo para emprender la acción constitucional en contra de las dilaciones presuntamente excesivas de la autoridad responsable en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia. Dicho parámetro se fijó en función del lapso máximo que preveía la Ley Federal del Trabajo para que el juicio laboral permaneciera inmóvil, so pena de que operara la caducidad de la instancia, lo que evidentemente no aplica con relación a las dilaciones procesales ocurridas en la fase de ejecución de sentencia, al tratarse de una etapa procesal diferente a la del juicio, en la que la Ley Federal del Trabajo establece procedimientos y plazos específicos para el cumplimiento de un laudo, los cuales, incluso, en un momento dado pudieran abonar para determinar la actualización de una dilación procesal para esa etapa; además de que la propia Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos después de concluido el juicio, establece reglas específicas de procedencia diferentes a la analizada en la jurisprudencia en comento, es decir, a la prevista en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, a juicio de esta Segunda Sala, corresponde al juzgador, en cada caso, ponderar cuándo existe o no una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia, como caso de excepción para efectos de la procedencia del amparo indirecto, para lo cual deberá considerar, además de la complejidad del asunto, la actividad procesal de las partes, la conducta asumida por la autoridad judicial y la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada; que un plazo razonable en la etapa de ejecución de sentencia pudiera ser aquel que permita el desahogo de dicha fase en un tiempo ligeramente superior al que pudiera desarrollarse en condiciones normales." Por lo que en la especie, la dilación planteada por la parte quejosa, no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, por no transgredir derechos sustantivos, ni constituir una abierta dilación en la fase relativa o su paralización total, cuyos supuestos, por excepción, hacen procedente la vía de amparo biinstancial. Lo anterior, considerando que únicamente han transcurrido tres días hábiles entre la fecha en que la autoridad responsable, debió emitir pronunciamiento respecto al escrito presentado el uno de febrero anterior (tres de febrero de dos mil veintitrés), y la fecha de la presentación de la demanda (diez de febrero de dos mil veintitrés), por lo que se considera que dicha omisión de acordar la promoción presentada y de proseguir en con la ejecución del juicio en los términos solicitados, no es una violación que afecte sus derechos sustantivos, pues de lo manifestado en el escrito de demanda, no se advierte una abierta dilación procesal en la etapa de ejecución de sentencia. En consecuencia, se itera se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, así como a la diversa fracción V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo. IV. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, así como a la diversa fracción V, aplicadas en sentido contrario, de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo analizada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en: ******************** Se tienen como autorizados a********************, con las facultades amplias que refiere el numeral 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado y tratarse de la parte trabajadora. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Andrea Guadalupe González Cortazar, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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