María Elena Garcilazo García
Expediente 237/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2017
Partes del expediente
- María Elena Garcilazo García
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé en artículo 86, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de dos de marzo del año en curso. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable de cuenta, para los efectos legales procedentes. Ahora, visto el contenido del informe justificado y de las copias certificadas que remite la autoridad antes citada, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado lo cual da lugar a sobreseer en el presente juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que María Elena Garcilazo García acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la autoridad y acto siguientes (fojas 2 a 5): "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. IV. ACTO RECLAMADO.- Omisión de señalar y celebrar audiencia de ley a que se refiere el numeral 88 de la ley de la materia dentro del expediente D-189/2015." Al respecto, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del Secretario General, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, pues con fecha veintiocho de febrero del año en curso dentro del expediente D-189/2015 señaló las once horas del veintisiete de marzo del año en curso, a fin de que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de ley. Establecido lo anterior, este Juzgado Federal, advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por los razonamientos jurídicos que a continuación se exponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Asimismo, resulta importante reiterar que María Elena Garcilazo García acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión de señalar y celebrar audiencia de ley a que se refiere el numeral 88 de la ley de la materia dentro del expediente D-189/2015. Como se dijo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del Secretario General, mediante oficio recibido el uno de marzo de la presente anualidad, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, señaló las once horas del veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia de ley. Luego, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo María Elena Garcilazo García, en el pleno goce del derecho humano que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos del acto reclamado han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la legalidad del proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, dictado en los autos del juicio natural, ya que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, la litis constitucional únicamente puede constreñirse a la omisión reclamada, sin que pueda comprender diversas resoluciones que no fueron impugnadas; sobre todo si se toma en consideración que estudiar una violación distinta rompería con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo; de ahí que el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados, debe limitarse a lo reclamado primigeniamente en relación con la etapa procesal en que se encuentre el juicio laboral. En efecto, el criterio de que las omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral debe estudiarse aun tratándose de las subsecuentes a las reclamadas, fue abandonado conforme a la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página: 732, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto que María Elena Garcilazo García reclamó al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del trece de marzo de dos mil diecisiete, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías; háganse las anotaciones correspondientes, en los libros de gobierno y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que dice la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que lo hubieran hecho, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de dos de febrero de dos mil diecisiete y, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de cuatro de enero de dos mil diecisiete, se concedió a la parte quejosa Instituto Mexicano del Seguro Social, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dejara insubsistente la resolución de trece de abril de dos mil dieciséis, dictada en el juicio laboral 2143/2011, que resolvió lo relativo al incidente de liquidación de laudo, y en su lugar dictara otra en la que, reiterando los aspectos diversos a la determinación de la asignación familiar para el hijo de la parte actora, hoy tercero interesado, analizara ese aspecto en particular, considerando el material probatorio ofrecido por esa persona en la incidencia de que se trata, sin tomar en cuenta de forma aislada la presunción a que se hizo alusión en la sentencia dictada en autos, por ser tal incidencia donde precisamente deben ofrecerse pruebas para acreditar el extremo pretendido, y con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera. En cumplimiento a lo anterior, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, mediante oficio recibido el dos de febrero de dos mil dieciséis, remitió copia certificada de la resolución de treinta de enero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente laboral 21143/2011, en la que dejó insubsistente la resolución de trece de abril de dos mil dieciséis y dictó una nueva siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia dictada en autos. Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad judicial responsable DIO CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Con la demanda de amparo promovida por María Elena Garcilazo García, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 237/2017-IV; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin tramitarse el incidente de suspensión del acto reclamado, pues la parte quejosa no la solicitó de manera expresa como lo dispone la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el arábigo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, la que deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento que de no hacerlo o no anexar las constancias que lo apoyen (mismas que deberán estar legibles, en orden progresivo, foliadas, rubricadas y entre selladas), se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las nueve horas con veintiocho minutos del trece de marzo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. TERCERO INTERESADO Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero interesado a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, quien deberá ser emplazada por medio de oficio que para tal efecto se libre, al que se acompañará una copia simple de la demanda que originó el presente juicio, en términos del diverso numeral 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del numeral 5 de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario Judicial Adscrito a este Juzgado emplazar al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, corriéndole traslado con copia de la demanda de garantías que dio origen al presente sumario. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XX. J/8, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 379, Tomo II, octubre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. SI EN EL JUICIO DE GARANTÍAS SE OMITE CORRERLE TRASLADO CON LAS COPIAS DE LA DEMANDA AL. SE IMPONE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR LA OMISIÓN. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Darío García Rojas, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como autorizada en los términos restringidos que prevé el citado numeral a la diversa persona que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. PRUEBAS Se hace constar que la parte quejosa no ofreció ningún medio de prueba. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a./J. 43/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164473, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. EL QUEJOSO, TERCERO PERJUDICADO O PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO, PUEDEN SEÑALARLO EN LA ZONA METROPOLITANA O CONURBADA AL MUNICIPIO O CIUDAD DONDE EL JUEZ O TRIBUNAL QUE CONOZCA DEL ASUNTO TENGA SU LUGAR DE RESIDENCIA. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE.
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