María Elena Garcilazo García
Expediente 1446/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1446/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/10/2015
Partes del expediente
- María Elena Garcilazo García
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de octubre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto de ocho de septiembre de dos mil quince; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho auto en el cual se declaró el sobreseimiento en el juicio de amparo, ha causado estado para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE] y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil quince Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, así como por el Jefe del Departamento de Actuaría, para los efectos legales a que haya lugar Por otro lado, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se desprende que la quejosa María Elena Garcilazo García, por escrito presentado el doce de agosto de dos mil quince [fojas 2 a 7], ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, ocurrió ante esta instancia de control constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y Actuario adscrito al referido Tribunal La omisión de acordar el escrito a través del cual promovió la demanda que generó el juicio laboral D-189/2015, así como la omisión de notificarle la resolución que recayera a ese ocurso inicial La omisión de emplazar a la parte demandada El requerimiento de acreditar su personalidad Ahora bien, del informe justificado rendido por las autoridades responsables, Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Magistrado Presidente, así como por el Jefe del Departamento de Actuaría, se desprende que las referidas responsables manifiestan que los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en razón de que mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil quince ese tribunal emitió un auto en el que acordó lo conducente respecto al escrito inicial de demanda presentado el diecisiete de abril de dos mil quince ante la responsable dentro del juicio laboral D-189/2015, en el que requirió a la parte quejosa para que acreditara su personalidad, apercibiéndola que de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda laboral; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante el tres de septiembre de dos mil quince, lo que se acredita con la copia certificada del referido auto de dieciocho de mayo de dos mil quince y la mencionada constancia de notificación, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo En ese sentido, esta autoridad advierte que aun cuando la negativa de actos, se desvirtúa con las propias constancias remitidas por la responsable Empero, en el caso, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar la demanda laboral y hacer del conocimiento de la parte impetrante la resolución que recayó a aquélla, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Así, de la narrativa que anteceden, se colige que el dieciocho de mayo de dos mil quince se emitió el acuerdo correspondiente al indicado escrito presentado por la quejosa en el que presentó demanda laboral y el tres de septiembre de igual año se le notificó dicha resolución En efecto, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, se advierte que por acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil quince el Tribunal responsable registró la demanda laboral presentada por María Elena Garcilazo García, con el número de expediente D-189/2015, la tuvo señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y la previno para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de dicho proveído exhibiera documento idóneo mediante el que acreditara su personalidad, apercibiéndola que de no hacerlo, se tendría por no presentada la demanda laboral (foja 20 del cuaderno de amparo) Dicho proveído le fue notificado a la parte quejosa el tres de septiembre de dos mil quince (foja 22 ídem) Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber acordado el escrito presentado ante su autoridad el diecisiete de abril de dos mil quince y notificar la resolución que recayó al mismo a la parte quejosa, cesaron los efectos del retardo del que se duele la peticionaria de amparo, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable acordara su escrito de demanda presentado el diecisiete de abril de dos mil quince y le notificara la resolución que recayera al mismo, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el dieciocho de mayo de dos mil quince, la responsable dictó el acuerdo correspondiente, y éste le fue notificado el tres de septiembre de igual año. En las relatadas condiciones, como se dijo, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar la demanda laboral y hacer del conocimiento de la parte impetrante la resolución que recayó a aquélla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo Partiendo de las anteriores premisas, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada del juicio natural, se estima que en el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente "Artículo 63 El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando IV De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y La lectura del transcrito precepto permite advertir que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia Ahora bien, como se precisó previamente, la demanda laboral presentada por María Elena Garcilazo García no ha sido admitida, con motivo de la prevención efectuada en acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil quince, en el que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla requirió a la peticionaria de amparo para que, dentro del término de tres días siguientes a la notificación de dicho proveído, exhibiera documento idóneo mediante el que acreditara su personalidad, apercibiéndola que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda laboral En tal virtud, si la demanda presentada por María Elena Garcilazo García no ha sido admitida, ya que en proveído de dieciocho de mayo de dos mil quince se le realizó una prevención, por tanto, aún no existe la obligación legal de emplazar a la parte demandada del juicio natural pues no se cumplen con los requisitos que para tal efecto exige el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo (de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, por disposición de su artículo 11), de tal forma que el tribunal de origen no ha incurrido en la omisión que le atribuye la parte peticionaria de amparo, pues al no admitirse a trámite la demanda de que se trata aún no existe obligación legal de emplazar a dicha parte enjuiciada En consecuencia, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada del juicio natural, se configura la causa de sobreseimiento, prevista en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo No es contrario a la anterior determinación el hecho de que el peticionario de amparo solicite se ordene a la responsable actúe con celeridad en todo el trámite del juicio natural, pues éste órgano jurisdiccional estima que en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, los actos reclamados deben atenderse únicamente hasta la etapa procesal en la que fueron planteados, por lo que, la Litis constitucional únicamente puede constreñirse a los actos reclamados por el peticionario de amparo y hasta la etapa en la que se encontraba el juicio natural de origen Además, con relación al acto reclamado consistente en el requerimiento efectuado a la parte quejosa para que acreditara su personalidad contenido en el proveído de dieciocho de mayo de dos mil quince, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la nueva Ley de Amparo, ya que dicho proveído no constituye un acto de imposible reparación, necesario para la procedencia del juicio de amparo En ese sentido, conviene traer a contexto, los dispositivos invocados "Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107 El amparo indirecto procede V Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; De las disposiciones transcritas se advierte que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando éstos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses.Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable Bajo ese contexto, si el acto reclamado sólo produce una violación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeto de análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues ésta vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado En esa tesitura, el auto de dieciocho de mayo de dos mil quince, por el que se previno a la parte quejosa para que acreditara su personalidad, no reviste el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos, sino sólo produce afectaciones de índole procesal, en tanto que únicamente incide en cuestiones adjetivas Incluso, en caso de que la resolución que ponga al fin al procedimiento natural sea adversa a los intereses de la parte inconforme, ésta podrá impugnar las violaciones que considere se cometieron en el procedimiento a través del juicio de amparo directo, tal como lo establece el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo En las relatadas condiciones, procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, por actualizarse las causales de improcedencia y sobreseimiento materia de análisis, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo Por tanto, se dejan sin efecto las once horas del once de septiembre de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de agosto de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; y acusa el recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.
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