María Elena Dimas Vargas
Expediente 268/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 268/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Elena Dimas Vargas
- María Elena Dimas Vargas y Otros.
- Julio Chavez Zavala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE LA PARTE QUEJOSA NI LA PARTE TERCERA INTERESADA, no comparecerieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL , queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE. Uruapan, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponden los oficios signados por el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, por el que informa que el trece de septiembre actual, tuvo verificativo la audiencia de lectura y explicación de sentencia, dictada el veintidós de marzo de dos mil veintiuno, haciendo del conocimiento a las partes que cuentan con el término de diez días, para promover el recurso de apelación respectivo, lo que se corrobora con el disco que acompañó a su oficio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Con el oficio y anexo recibido en auto de nueve de septiembre pasado, dese vista a las partes, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución correspondiente en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indican: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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Uruapan, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponden, los oficios signados por el Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, mediante el cual, en cumplimiento a la sentenciada dictada en autos, dejó insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, asimismo informa, que fijo las diecisiete horas con treinta minutos del trece de septiembre para el desahogo de la audiencia de lectura y explicación de sentencia, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. No obstante lo anterior, requiérase al Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, para que dentro del término de tres días contados a partir del momento en que reciba el oficio respectivo, cumplan con dicha ejecutoria, remitiendo a este Juzgado Federal copia certificada de la audiencia de lectura y explicación de sentencia. Apercibida que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá como medida de apremio una multa de cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I y 258, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió en los términos señalados en la misma, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de enero de dos mil veintidós, en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Elena Dimas Vargas y Julio Chávez Zavala, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que a la letra indica: "Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable (.)" En tales condiciones, requiérase al Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y oral de Uruapan, para que dentro del término de tres días contados a partir del momento en que reciba el oficio respectivo, cumplan con dicha ejecutoria, remitiendo a este Juzgado Federal copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Para lo cual la autoridad responsable, deberá realizar lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno en la que negó la solicitud de reposición de plazo para impugnar la sentencia definitiva. 2. Dicte otra, en el que considere que con base en los argumentos vertidos en esta sentencia de amparo, el plazo para inconformarse contra la sentencia absolutoria dictada en ese juicio, no podía comenzar a transcurrir debido a la falta de la etapa de lectura y explicación de sentencia, por lo que deberá proveer en consecuencia para la citación de la misma y su debido desahogo en término de los artículos 401 y 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Concesión que se hace extensiva al diverso acto reclamado consistente en el acuerdo que recayó al recurso de revocación escrito contra el auto que declaró ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal, dado que los motivos que sustentaron dicho proveído quedaron destruidos con los argumentos vertidos en esta sentencia." Apercibidas las responsables que en caso de no cumplir con el requerimiento aquí formulado en el lapso concedido, se procederá en términos del artículo citado con anterioridad. NOTIFÍQUESE.
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EN RAZÓN DE QUE MARÍA ELENA DIMAS VARGAS Y JULIO CHÁVEZ ZAVALA POR MEDIO DE MIGUEL SILVA BEJAR-ASESOR JURÍDICO ADSCRITO A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTIMAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN (PARTE QUEJOSA), no generaron cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica; o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el VEINTITRÉS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO; SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO AHÍ DECRETADO, Y LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS Y SENTENCIA DE VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO Y RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICEN:Uruapan, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en la sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó notificar a las partes personalmente y por oficio a la autoridad responsable, sin que del expediente se advierta que se haya practicado la notificación correspondiente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento, para lo cual, subsánese tal omisión; por tanto, se comisiona al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que notifique personalmente la sentencia dictada en autos el veintiocho de enero de dos mil veintidós a: 1. A la parte quejosa María Elena Dimas Vargas y Julio Chávez Zavala, través de Miguel Silva Bejar asesor jurídico. 2. A los terceros interesados Alberto Hernández Jaimes. Agente del Ministerio Publico de la Dirección de Litigación de la Fiscalía Regional de Uruapan - encargado de la causa penal 105/2018-. 3. A la autoridad responsable Tribunal de Enjuiciamiento Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán, el oficio 1668 derivado de la sentencia de once de febrero de dos mil veintiuno, mediante oficio que al efecto se giré, reexpídase el oficio en comento. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.SENTENCIA QUE CONLUYO BAJO LOS SIGUIENTES PUNTOS RESOLUTIVOS:PRIMERO.- Miguel Silva Bejar asesor jurídico, adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Michoacán, en representación de María Elena Dimas Vargas y Julio Chávez Zavala, presentó escrito el doce de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado, mediante el cual promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos señalados en el propio escrito. SEGUNDO.- La demanda de amparo por cuestión de turno, correspondió a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, el que por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, previa aclaración, la admitió a trámite; se registró en el Libro de Gobierno con el número 268/2020, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CUARTO.- Una vez realizados los trámites de ley, previos diferimientos se llevó a cabo la audiencia constitucional, según se acredita con el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción y tiene ejecución en el mismo. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de técnica del juicio de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados. Para lograr ese propósito, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer los actos reclamados, como son: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relacionados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan de los actos reclamados. Apoya lo anterior las jurisprudencias del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en la especie se reclama: "ACTO RECLAMADO: En las resoluciones emitidas por el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los jueces de oralidad Fabian Sinaí Becerra Montejano, Fernando Javier Gámez Piñón y Víctor Hugo Ortiz Margarito, Presidente, primer y segundo relatores, respectivamente, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con fecha 21 veintiuno y 22 veintidós de abril del presente año, en la causa penal número 105/2018, que se integra ante el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Uruapan, en contra de ALBERTO HERNANDEZ JAIMES, por el hecho señalado en la ley como el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, cometido en agravio de ALEJANDRO CHAVEZ ZAVALA; la primera al resolver la solicitud de reposición de plazo de apelación promovida de conformidad con lo establecido por el artículo 96 del Código Nacional de Procedimientos Penales (de 21 de abril del 2021); y, la segunda al resolver el recurso de revocación interpuesto en contra de la primera de las resoluciones citadas (del día 22 de abril del 2021 -por la hora hasta que se prolongó la audiencia-), al determinar improcedente el recurso de revocación bajo las mismas consideraciones establecidas en su resolución primaria. Y en la resolución dictada, también con data 22 veintidós de abril de esta anualidad, al resolver el diverso recurso de revocación promovido desde el 16 de ese mes y año, en contra del auto de data 13 trece de abril del año 2021 (notificado al día siguiente), mediante el que, previo a que se computó que había transcurrido el termino establecido por el párrafo segundo del artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la interposición del recurso de apelación en contra de la sentencia absolutoria y al no haber sido recurrida esta, se declaró que, en términos del diverso 412 de la citada legislación nacional instrumental, dicha sentencia quedaba firme (y, que, por determinación del propio tribunal de enjuiciamiento, se reservó su resolución para la audiencia de reposición de plazo señalada para el día 21 de abril del 2021, a las 22:30 horas, y se dictó después de resolver el recurso de revocación interpuesto en contra de la negativa de reposición del plazo de apelación." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Una vez precisados los actos reclamados, corresponde determinar su existencia o inexistencia, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis aislada de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad" Bajo la precisión anotada, ES CIERTO el acto que se reclama del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, pues así lo manifestó al emitir su informe justificado. La certeza del acto reclamado se corrobora con los discos compactos en formato de video grabación, que la autoridad judicial remitió en apoyo a su informe con justificación, al cual se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, dado que son documentales públicas realizadas y emitidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, y respecto de diligencias a éste encomendadas por disposición de la Ley. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.". Así como la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de dos mil trece, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. Causales de improcedencia. En atención a que no existe causa de improcedencia pendiente de estudio, ni este juzgado advierte su actualización de oficio, procede analizar los conceptos de violación, cuya transcripción se omite, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni en alguna otra disposición. Es aplicable sobre el particular, la Jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes, cuya transcripción se omite en este apartado, en atención a economía procesal, pues no constituye un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni en alguna otra disposición. Es aplicable sobre el particular, la Jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS, PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. Son fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, por las razones de derecho que se explican a continuación. La parte quejosa, reclamó al Juez de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y oral de Uruapan, la resolución que recayó a su solicitud de reposición de plazo de apelación promovida de conformidad con lo establecido por el artículo 96 del Código Nacional de Procedimientos Penales (de veintiuno de abril de dos mil veintiuno), la resolución del recurso de revocación interpuesto en contra de la primera de las resoluciones citadas (del día veintidós de abril de dos mil veintiuno -por la hora hasta que se prolongó la audiencia-), al determinar improcedente el recurso de revocación bajo las mismas consideraciones establecidas en su resolución primaria; y, la resolución dictada, también con data veintidós de abril de dos mil veintiuno, al resolver el diverso recurso de revocación promovido el dieciséis de ese mes y año, en contra del auto de data trece de abril del año pasado. Por cuestión de orden jurídico, se procederá a analizar, primero, el acto reclamado que el quejoso señaló como: La resolución del recurso de revocación interpuesto de manera verbal contra de la diversa resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno -por la hora hasta que se prolongó la audiencia-, al determinar improcedente el recurso de revocación bajo las mismas consideraciones establecidas al resolver la petición de reposición de plazo, misma que a criterio de éste Juzgador no es contraria a derecho por que la petición formulada por la Fiscalía al realizar su petición no expuso ningún motivo con el que sostuviera la manifestación de la ilegalidad de dicha resolución, tampoco argumentó ni expresó los razonamientos nuevos por lo que consideraba que la autoridad responsable debía realizar nuevamente el estudio de la solicitud de reposición de plazo de apelación, que ya había sido estudiada. Por ende, lo resolución del Juez responsable en relación a que el recurso verbal de inconformidad era improcedente no es ilegal. Ahora, se procederá a analizar, el acto reclamado consistente en la resolución que recayó a su solicitud de reposición de plazo de apelación promovida de conformidad con lo establecido por el artículo 96 del Código Nacional de Procedimientos Penales (de veintiuno de abril de dos mil veintiuno). Cabe recordar que el Juez responsable determinó que era improcedente la solicitud de reposición de plazo de la sentencia para poder impugnarla, pues consideró que en la audiencia de lectura de fallo se notificó a las partes los plazos a partir de los cuales empezaría a computarse la impugnación, que sería al día siguientes de la lectura y explicación de la sentencia, respecto a la cual las partes se dispensaron y se requirió al asesor jurídico para que manifestara si las víctimas acudirían a la misma, y como la víctima no realizó ninguna manifestación, dejó sin efectos dicha convocatoria y no celebró aquella audiencia; agregando que no obstante ello, la sentencia fue remitida a las partes por correo electrónico. Como punto de partida, se estima necesario puntualizar que el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva, previsto en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un derecho público subjetivo que tiene toda persona para acceder de manera pronta y expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades se decida sobre la pretensión o la defensa, y en su caso, se ejecute tal decisión, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 22/2009 y la contradicción de tesis 35/2005 puntualizó que el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva se proyecta como un derecho gradual y sucesivo, que se va perfeccionando mediante el cumplimiento de etapas correlativas que hay que ir superando hasta lograr la tutela judicial efectiva; asimismo, señaló que dichas etapas están interconectadas, con otros derechos fundamentales, especialmente con el derecho de audiencia y el debido proceso. En ese contexto, en el primero de los precedentes en cita señaló, que la falibilidad de los juzgadores requiere que sus decisiones sean revisables por ellos mismos o por instancias superiores, pues ello permite verificar que los tribunales emitan sus resoluciones de manera completa e imparcial, evitando así los excesos discrecionales, la arbitrariedad, el error o la injusticia. Así, el derecho al recurso constituye un medio de control de la juridicidad general de las resoluciones y de su motivación, lo que resulta imprescindible para el adecuado desarrollo del proceso y para la obtención de justicia completa e imparcial en los términos que exige la Constitución. Sentado lo anterior, en principio se debe atender lo dispuesto por el artículo 411 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual indica que el Tribunal de enjuiciamiento deberá explicar toda sentencia de absolución o condena. En ese orden, se tiene que en términos de lo dispuesto por el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, con el propósito de que el juez relator comunique el fallo respectivo, que puede ser absolutorio o condenatorio. En caso de absolución, el Tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por un plazo de cinco días, la que será comunicada a las partes. En dicho dispositivo también se señala que el Tribunal de enjuiciamiento dará lectura y explicará la sentencia en audiencia pública. Diligencia que podrá dispensarse en caso de que, en la fecha y hora fijadas para llevarla a cabo, no asistiera persona alguna. Sin que se pierda de vista que en el citado numeral 401 del código invocado, se señalan los requisitos del fallo, los cuales son únicamente: La decisión de absolución o de condena; Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. Por cuanto al último punto, es dable referir que, se trata de una explicación breve, a diferencia de lo que ocurre en la sentencia, que implica un ejercicio de mayor argumentación en la medida que deben desarrollarse diferentes tópicos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 403, entre otros requisitos, la sentencia debe contener: La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación y, en su caso, los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado; Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba; La valoración de los medios de prueba que fundamenten las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de enjuiciamiento; Las razones que sirvieren para fundar la resolución; La determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se consideren probados y de la valoración de las pruebas que fundamenten dichas conclusiones; Los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el tribunal de enjuiciamiento se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el monto de las indemnizaciones correspondientes. Además, cabe destacar que el artículo 404 del código en cita, establece en su último párrafo textualmente que "La sentencia producirá sus efectos desde el momento de su explicación y no desde su formulación escrita". Lo que tiene congruencia con el citado artículo 411, que refiere que el tribunal de enjuiciamiento deberá explicar toda la sentencia ya sea absolutoria o condenatoria. Luego, si los dispositivos transcritos establecen que en la lectura y explicación de la sentencia se tendrá por notificadas a todas las partes; y que la sentencia producirá sus efectos desde el momento de su explicación; ello permite establecer que el dictado de la sentencia en un juicio oral es un acto procesal que inicia con la audiencia en la que se emite oralmente la sentencia y culmina con la audiencia de lectura y explicación, que es donde quedan establecidas las consideraciones de hecho y de derecho, es decir, es en esta fecha en la que se agotaron todos los aspectos propios de la sentencia. Por lo que, no es adecuado el argumento de la responsable de que la resolución escrita les fue remitida al correo electrónico de las partes; pues como se señaló de los artículos 401 y 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la sentencia producirá sus efectos desde el momento de su explicación. En consecuencia, se debe atender a la audiencia de lectura y explicación de sentencia, lo que tiene su razón de ser, pues es en este acto, en el que las partes se percatan del alcance de la sentencia, porque en ella se entenderán el grado de perjuicio o afectación que les causará la misma. En este punto, cabe precisar que en términos del artículo 401 del código adjetivo citado, al fijarse fecha y hora para la celebración de la audiencia de comunicación de sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento podrá prevenir a las partes, que, en caso de no asistir a la misma, se dispensará de la lectura y su explicación de la sentencia y se les tendrá por notificados para todos los efectos que correspondan. Del anterior contexto normativo, se obtiene que será a partir de ese momento -lectura y explicación de la sentencia-, y no desde su formulación escrita o en diversa etapa anterior, que producirá sus efectos la sentencia definitiva, conforme a lo dispuesto por el numeral 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, además que la dispensa de que se habla versa en relación a exceptuar de la lectura de la sentencia en caso de que alguna de las partes no asistiera a la misma, sin que el texto permita que deje de llevarse la etapa de lectura y explicación de la sentencia, como erróneamente consideró el Juez responsable al dejar sin efectos la convocatoria a la misma y aseverar que con haber informado a las partes en la audiencia de emisión del fallo que el término para inconformarse con la sentencia comenzaría a contar al día siguiente de la audiencia de lectura de sentencia de que se viene hablando (veintitrés de marzo de dos mil veintiuno) se tenía a las partes como notificadas de la resolución final y que además, les había sido remitida la versión escrita por correo electrónico. Lo anterior, porque como la propia norma señala, el tribunal de enjuiciamiento tiene la obligación de citar a las partes de nueva cuenta a una audiencia para que escuchen su lectura y explicación; los asistentes quedarán notificados de su contenido en ese momento; y si ninguno de ellos asiste, no se leerá ni explicará el fallo, pero la consecuencia es que las partes quedan notificadas de la sentencia en el momento de la audiencia programada. Además, por disposición expresa de la ley, a partir de esta fecha es cuando surte efectos la sentencia y no desde que se emite de manera escrita. En esa tesitura, al no haberse agotado materialmente la etapa de lectura y explicación de sentencia (con o sin la dispensa de la lectura al no haber asistido las partes), no puede tenerse por notificadas a las partes en términos del artículo 401 del Código de la materia y por ende la sentencia tampoco surtir sus efectos como lo refiere el citado numeral 404, lo que genera de la consecuencia de que el plazo para inconformarse contra la misma, no podía comenzar a transcurrir. Sustenta lo anterior, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2022798, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s Penal, Tesis: I.9o.P.301 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 3034, de texto y rubro: "RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO QUE CONDENA AL ACUSADO Y ABSUELVE A SUS COINCULPADOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA INTERPONERLO INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE EFECTUÓ LA AUDIENCIA DE LECTURA Y EXPLICACIÓN DEL FALLO. Hechos: El tribunal de enjuiciamiento emitió oralmente sentencia condenatoria contra el acusado y absolutoria por lo que hace a sus coinculpados por dos delitos de secuestro exprés agravado. La agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Procesos en Salas Penales interpuso el recurso de apelación; la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó que el término para promoverlo respecto del fallo absolutorio transcurrió en exceso, por lo que al haberse presentado el recurso de forma extemporánea, lo declaró inadmisible, al considerar que el cómputo del plazo para interponerlo inició a partir del día siguiente al en que se emitió oralmente la sentencia absolutoria; en su contra dicha fiscal interpuso el diverso de revocación, el cual se declaró infundado; determinación que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que de la lectura integral de los artículos 401, 404 y 471, última parte del párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que el cómputo del plazo para interponer el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal de enjuiciamiento que condena al acusado y absuelve a sus coinculpados inicia a partir del día siguiente al en que se efectuó la lectura y explicación del fallo, ya que en esa fecha fue notificada la sentencia y surtió efectos la misma. Justificación: Esos dispositivos prevén que en la lectura y explicación de la sentencia se tendrá por notificadas a todas las partes, y que ésta producirá sus efectos desde el momento de su explicación, lo que permite establecer que el dictado de la sentencia en un juicio oral es un acto procesal que inicia con la audiencia en la que se emite oralmente y culmina con la audiencia de lectura y explicación, donde quedan precisadas las consideraciones de hecho y de derecho y agotados todos los aspectos propios de la sentencia. Además, con la lectura y explicación, las partes se percatan del alcance de la sentencia, pues al ser leída y explicada entenderán el grado de perjuicio o afectación que ésta les causará. En el caso, al efectuarse la lectura y explicación de la sentencia absolutoria y condenatoria, se hizo saber a la agente del Ministerio Público el derecho y el plazo de diez días para interponer el recurso de apelación, por lo que es al día siguiente de esa fecha a partir de la cual debe iniciar el cómputo del plazo para interponer la apelación. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 62/2020. 12 de noviembre de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: J. Trinidad Vergara Ortiz. Nota: Por ejecutoria del 12 de enero de 2022, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 219/2021, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis. Esta tesis se publicó el viernes 05 de marzo de 2021 a las 10:08 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Consecuentemente, al resultar la determinación reclamada violatoria del derecho fundamental de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 constitucional, lo procedente es conceder a la parte quejosa, el amparo y la protección de la Justicia Federal, para que realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno en la que negó la solicitud de reposición de plazo para impugnar la sentencia definitiva. 2. Dicte otra, en el que considere que con base en los argumentos vertidos en esta sentencia de amparo, el plazo para inconformarse contra la sentencia absolutoria dictada en ese juicio, no podía comenzar a transcurrir debido a la falta de la etapa de lectura y explicación de sentencia, por lo que deberá proveer en consecuencia para la citación de la misma y su debido desahogo en término de los artículos 401 y 404 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Concesión que se hace extensiva al diverso acto reclamado consistente en el acuerdo que recayó al recurso de revocación escrito contra el auto que declaró ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal, dado que los motivos que sustentaron dicho proveído quedaron destruidos con los argumentos vertidos en esta sentencia. SÉPTIMO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a los quejosos María Elena Dimas Vargas y Julio Chávez Zavala, a través de Miguel Silva Bejar asesor jurídico, contra los actos reclamados al Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y oral de Uruapan, Michoacán, por las razones y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Se hace constar que la publicación de esta resolución se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
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