María Elena Cacho González

Expediente 449/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
449/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • María Elena Cacho González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiere hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar, si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos, ni defectos, o si hay imposibilidad para cumplirla; es decir, que el cumplimiento dado por las autoridades responsables sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por la persona juzgadora de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen, actos preliminares para su cumplimiento. ... En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia de la quejosa, en el caso, la localidad de *** municipio de **** a efecto de que sea la más cercana a su domicilio. ... Por otro lado, mis representadas Secretaría de Salud y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, signaron contrato N°CADPE-EM-LPE-015/2022-2ª (CADPE-EM-096/2022)-1, con la empresa IGSA Medical Services S.A. DE C.V., misma que es la encargada de asignarles clínica a los quejosos a fin de que se les proporcione el tratamiento dialítico que requieren, por lo que esta parte solicitó a dicha empresa dar de alta al quejoso en una de las clínicas más cercanas a su domicilio, para brindarle el tratamiento dialítico que requiere de manera subrogada, siendo informada por la moral, que será en la Clínica Particular "Unidad Renal Ambulatoria" en Uruapan, Michoacán, en la que se le aplicará tratamiento dialítico incluyendo los medicamentos, de forma gratuita para ella en la forma y términos en que ya los viene recibiendo y las veces por semana en que las requiere. Documental que adquiere pleno valor demostrativo, en términos de lo dispuesto por los numerales 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en atención a su artículo 2. 4. Calificación del cumplimiento dado a la ejecutoria. De lo que se desprende que las autoridades responsables cumplieron con los efectos precisados en la sentencia ejecutoria de que se trata. Lo anterior, pues a través del referido acuerdo administrativo se advierte la solicitud del Subdirector Jurídico y apoderado del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán y Secretaría de Salud de Michoacán, dirigida al director del hospital responsable, a fin de que proporcione, en específico, a la parte quejosa de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios a fin de contrarrestar su padecimiento; asimismo, la subrogación de sesiones de hemodiálisis que requiere la impetrante en la clínica particular denominada Unidad Renal Ambulatoria UREA" en esta ciudad. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos a la parte quejosa respecto de los cuales se concedió el amparo, pues las responsables, por una parte, realizaron las gestiones a fin de que le sea proporcionada de manera gratuita la atención médica necesaria y, por otra, determinaron brindar el tratamiento consistente en las sesiones de hemodiálisis en la clínica particular señalada, la cual se ubica en esta ciudad, lugar más cercano a la residencia de la quejosa que lo es la localidad de **** municipio de **** Por tanto, la suscrita concluye que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Finalmente, se ordena notificar a la parte quejosa, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 196 de la citada legislación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remitió el Apoderado Jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante Legal del Director del Hospital General de Michoacán, dependiente de los Servicios de salud de Michoacán y de la Secretaría de Salud, mediante el cual refiere que da cumplimento a la ejecutoria de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, con el contenido del oficio de cuenta y su anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que, en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente, tomando en consideración lo expuesto por la autoridad y el texto íntegro de la sentencia constitucional. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos las constancias recibidas vía correo electrónico institucional, por parte de la representante jurídica de la responsable Subdirección Jurídica de la Secretaría de Salud. Constancias con que la responsable en cuestión, acredita ante este órgano jurisdiccional que el servicio subrogado de terapias de sustitución renal extracorpórea (hemodiálisis) se encuentran a cargo de la empresa IGSA MEDICAL SERVICES S.A. DE C.V., asimismo, que solicitó, y le fue concedida, una ampliación del 15% del total de contrario sobre el cual se versa dicho servicio. Sin embargo, de las mismas no se aprecia que dentro de las sesiones de hemodiálisis que, de manera subrogada, serán brindadas por la empresa IGSA MEDICAL SERVICES S.A. DE C.V., se tenga contemplado a la quejosa María Elena Cacho González. Ahora bien, en el caso en concreto dichas documentales no son suficientes para acreditar el cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al apoderado jurídico de las responsables SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACÁN, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, por si y en cuanto superior jerárquico y representante legal de la Directora del Hospital General Regional de Uruapan, Michoacán, para que en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se les realice, cumplan a cabalidad con la sentencia de amparo, esto es, remitan el acuerdo administrativo mediante el cual se toma la determinación definitiva, para el tratamiento de hemodiálisis prescrita a la quejosa María Elena Cacho González. Apercibido que en caso de no cumplir con el requerimiento aquí formulado en el lapso concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, vigente a partir del uno de febrero del año en curso, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo y se procederá en término del citado artículo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, primero de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio firmado por ********************, apoderado jurídico de las autoridades responsables, Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y/o Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, estos por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Uruapan "Dr. Pedro Daniel Martínez", a través del cual, informa entre otras cosas, que la quejosa ha estado recibiendo las sesiones de hemodiálisis en forma subrogada, gratuita e ininterrumpidamente. Asimismo, refiere que sus representadas celebraron contrato con la empresa particular denominada "IGSA Medical Services, S.A. de C.V." para que siga proporcionando de manera subrogada las sesiones de hemodiálisis a diversos pacientes. Asimismo, señala que la quejosa no cuenta con expediente clínico abierto, por lo que solicita se le requiera para que acuda al nosocomio responsable para que se le apertura expediente y se le brinde la revisión médica. En tales condiciones, con el contenido del oficio y constancias de cuenta, dese vista a la parte quejosa, y se le requiere para que acuda ante el Hospital General de Uruapan, que podrá ser de lunes a viernes en un horario de los ocho horas a las catorce horas para que se le apertura su expediente y se le brinde una revisión médica. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que dentro del presente expediente, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la quejosa ********************, para que, [entre otras cosas] se establezca "de manera definitiva" la opción que mejor garantice el derecho a la salud del quejoso; es decir, las autoridades responsables deben dejar constancia de las gestiones realizadas, acuerdos, determinaciones o autorizaciones otorgadas, que dieron lugar a la contratación del servicio subrogado, así como de los plazos y términos que se hayan convenido con la Clínica privada correspondiente, donde se observe la definitividad del servicio contratado que garantice el derecho a la salud de la quejosa enfocado al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece. Por lo que las autoridades responsables tienen la obligación material de cumplir con la sentencia de amparo, con la formación de un expediente administrativo en el que conste el acuerdo emitido por autoridad competente respecto de la autorización del pago definitivo del servicio subrogado, así como la contratación de la Clínica particular respectiva y las cláusulas y condiciones necesarias, a fin de que se otorguen las sesiones semanales, que en la actualidad tiene prescritas la quejosa, y la orden para que se realice la valoración médica al menos dos veces al año, y en su caso otorgar el número de hemodiálisis que requiera, así como cualquier otra documentación que consideren necesaria las autoridades responsables. Sin que en autos, obre dicha constancia. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la brevedad, cumplan cabalmente con la sentencia de amparo, en los términos antes precisados, hecho lo anterior, deberán remitir a este órgano jurisdiccional copia debidamente certificada del expediente relativo. Apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una MULTA equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En el entendido que de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. Asimismo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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