María Elena Cortes Blas
Expediente 673/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 25 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 12/05/2016
Partes del expediente
- María Elena Cortes Blas
- María Elena Cortes Blas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. Que el veintiocho de abril de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Elena Cortés Blas (fojas 82 a 107). 2. Resolución que fue confirmada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en resolución de once de febrero de dos mil dieciséis; motivo por el cual se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192 y 267 de la Ley de Amparo. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: [.] Para el efecto de que la autoridad judicial responsable invalide su reclamada resolución de veintiocho de abril de dos mil quince, en la que, entre otras cosas, dictó auto de vinculación a proceso en contra de María Elena Cortés Blas en los autos del toca de apelación 191/2015, relativo a la carpeta administrativa 491/2015, enseguida, reponga el procedimiento a partir de la audiencia de control de detención y ante la eventualidad de que se solicite resolver su situación jurídica en duplicidad de plazo previsto por el numeral 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se ofrezca el desahogo de datos de prueba válidos y pertinentes con el hecho delictuoso y su probable intervención en el mismo como se prevé en el diverso precepto 296, párrafo quinto, del Código de Procedimientos Penales para el estado de México; empero, con el puntual señalamiento de que sea la propia autoridad de control quien en estricto apego al principio de inmediación que entre otros axiomas rige el proceso penal acusatorio desahogue los datos de prueba respectivos; posteriormente, prosiga con el trámite y con plenitud de potestad resuelva lo que legalmente proceda. [.] (sic) En ese tenor, la autoridad responsable, Segunda Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante oficio número 1292/2016, recibido en este Juzgado el cuatro de abril de dos mil dieciséis, remitió copias certificadas de las actuaciones y resolución emitida en esa misma data, dentro del toca 191/2015, de su índice. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia. Establecido lo anterior, al hacer análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, mediante resolución de cuatro de abril de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la diversa resolución de veintiocho de abril de dos mil quince, dictada en los autos del Toca 191/2015, de su índice, en la cual, medularmente asentó que los datos de prueba ofertados por el defensor de la imputada se desahogaron ante el Ministerio Público investigador en la carpeta de investigación, lo que corroboró con lo señalado en el acta mínima de la audiencia realizada a partir de las once horas con cuarenta y cinco minutos del doce de marzo de dos mil quince y con el registro de la videograbación contenida en el disco DVD que se identifica: "audiencia en la prórroga del plazo constitucional". Asimismo, adujo que lo anterior vulnera el principio de inmediación que rige el proceso penal acusatorio previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Carta Magna; 4º, inciso e), y 63, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales para el Estado de México, este último numeral el cual exige que toda audiencia se desarrolle en presencia del Juez, sin que pueda delegar en alguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; por lo que al haberse realizado ante el propio Ministerio Público encargado de la indagación, impidió que la autoridad judicial de control tomara conocimiento directo y personal del desarrollo de las diligencias respectivas y de lo manifestado por los testigos presentados, lo cual contraviene los derechos fundamentales de debido proceso, certeza jurídica y correcta aplicación de la ley penal. Consecuentemente, ordenó al Juez de control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, la reposición del procedimiento dentro de la carpeta administrativa 491/2015, a partir de la audiencia de control de detención y ante la eventualidad de que solicite resolver la situación jurídica de la imputada en duplicidad del plazo previsto por el numeral 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se ofrezca el desahogo de medios de prueba válidos y pertinentes con el hecho delictuoso y su probable intervención en el mismo como se prevé en el diverso precepto 296, párrafo quinto, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; empero, con el puntual señalamiento de que sea la propia autoridad de control quien con estricto apego al principio de inmediación entre otros axiomas rige el proceso penal acusatorio desahogue los datos de prueba respectivos; posteriormente prosiga con el trámite y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que legalmente proceda. Establecido lo anterior, al hacer análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, como se indicó en los párrafos que anteceden, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de abril de dos mil quince, y en su lugar dictó una nueva en la que ordenó la reposición del procedimiento al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la carpeta administrativa 491/2015, que se instruye en contra de María Elena Cortés Blas, por el hecho delictuoso contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio en agravio de la salud pública. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la Segunda Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por el Órgano de Control Constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar dictó otra en la que analizó los aspectos sobre los que se concedió la protección constitucional, para luego resolver con libertad de jurisdicción la resolución recurrida, con lo cual cumplió con la ejecutoria de amparo de que se trata. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Que de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depurar, pues se concedió la medida cautelar solicitada; y procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurrido el plazo a que alude dicho acuerdo; por ende, desglósese el mismo previa certificación que obre en actuaciones. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, comunica que en la audiencia correspondiente, dictó auto de vinculación a proceso contra María Elena Cortez Blas, por el hecho delictuoso clasificado como contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, en autos de la carpeta administrativa 491/2015; asimismo, anexa copias certificadas de diversas constancias con las que aduce acreditar su dicho. Atento a ello, se tiene conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez de Control del Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, Estado de México, informa que el catorce de abril del año en curso, dejó sin efectos el auto de no vinculación a proceso dictado a la aquí quejosa María Elena Cortez Blas el trece de marzo de dos mil quince; asimismo la impetrante duplico el término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que se señalaron las ocho horas del quince de abril del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de prórroga de plazo constitucional; circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio y anexo de cuenta, por medio del cual la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca, Estado de México, en atención al proveído de dos de marzo del año en curso, remite copia certificada de las constancias con las que aduce acreditar el cumplimiento a la sentencia de amparo; por tanto, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. En esas condiciones, se tiene por hecho del conocimiento de este juzgado de Distrito la circunstancia anterior, por lo que con su contenido y anexo certificado, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, desé vista a las partes para que dentro del término de tres días legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo que se le concede este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).." (S.J.F. 9ª Época, tomo XI, de marzo de dos mil, página 243).
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