María Dolores Ramos Romero
Expediente 873/2014 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 10/02/2015
Partes del expediente
- María Dolores Ramos Romero
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil catorce (foja 223), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías por la autoridad responsable; en tal virtud, se procede a resolver sobre el mismo con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad de mérito. Ahora, atendiendo a que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, lo conducente es determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ( S.J.F y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XI, marzo 2000, página 243) Al respecto, tomando en consideración los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, se llega a la convicción de que la concesión de amparo ha sido cabalmente cumplimentada, por las siguientes consideraciones. Del estado procesal que guarda este juicio, se observa que en la sentencia emitida en el presente asunto el dieciocho de septiembre de dos mil catorce (fojas 108 a 116), se concedió el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que el Director General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México: - Dejara insubsistente el acto reclamado por cuanto hace a la quejosa, consistente en la orden de traslado; - En su lugar, con plenitud de jurisdicción dicte un nuevo oficio, el cual podrá ser en el mismo sentido de afectación del analizado, pero purgando los vicios formales que lo afectan y que quedaron precisados en el último considerando de dicha resolución; o bien, con un sentido diverso, en cuyo caso deberá ordenar y ejecutar el traslado de la peticionaria se vuelta al centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Bordo, Estado de México, donde originariamente estaba reclusa; en virtud de que la concesión del amparo únicamente anula el acto reclamado, paro no restringe el imperio de la autoridad administrativa para emitir otra resolución conforme a derecho en uso de sus propias e inherentes atribuciones legales. Posteriormente, en acuerdo de quince de octubre de dos mil catorce (foja 124), se declaró que la sentencia causó ejecutoria y requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Luego, por oficio número ++, recibido el veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Director Técnico Legal, en ausencia del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, remitió copia certificada del diverso oficio ++, con el cuál acreditaba el cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora, de la mencionada misiva se advierte que primeramente la responsable determinó: "(.) En cumplimiento al contenido del oficio número 29533, de fecha quince de octubre del año en curso, signado por el Lic. ++, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, derivado del juicio de amparo 873/2014, promovido por ***, en contra de actos de esta y otras autoridades; se deja insubsistente la orden de traslado contenida en el oficio número +++, de fecha quince de junio de dos mil catorce, por lo que se refiere a ++(.)" Posteriormente, procedió a analizar nuevamente si era procedente ordenar el traslado de la quejosa, estableciendo que los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a si domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, disposición que no aplica en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Luego, indicó que +++, se encuentra sentenciada por el delito de secuestro en grado de tentativa, el cual se encuentra considerado de alto impacto social. Asimismo, la autoridad responsable indicó que el imperativo de la ley es garantizar la tranquilidad de la institución penitenciaria, para que los reclusos no puedan organizar o dirigir grupos de poder o de delincuencia organizada, desde el interior de los penales, reduciendo con ello la incidencia delictiva al interior de los Centros Preventivos. De igual forma, manifestó que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, tenía que atender con contundencia los retos en materia de seguridad al interior de los centros preventivos, dado el fenómeno que se daba en el país de secuestros y extorsiones y sin duda remover a los reclusos involucrados en este tipo de delitos, así como los de alto impacto social, lo que resultaba un beneficio para la colectividad penitenciaria y personal que labora en éstos. Señalando además que trasladar a reclusos relacionados con delitos de impacto social, tiene como finalidad el combate y la prevención de extorsión desde el interior de los Centros Preventivos. Por otra parte, dijo que actualmente se necesitan acciones que cubran las necesidades y expectativas de la población de reclusos, a través de mecanismos que tiendan a preservar la tranquilidad y estabilidad de los mismos, y que uno de los objetivos primordiales de la Dirección de Prevención, es la seguridad al interior de los centros, ya que constituye un pilar fundamental para el desarrollo integral de la población de reclusos, toda vez que es básica para la convivencia social de los mismos; por lo que no debe pasar inadvertido que la seguridad al interior de los centros debe ir encaminada a preservar la tranquilidad y salvaguardar la seguridad de los internos y de las personas que laboran al interior de estos, por lo que es importante para el cumplimiento de sus objetivos, un factor de éxito y como estrategia es la reubicación de los reclusos involucrados en delitos de impacto social, ello con el fin de prevenir y combatir actividades delictivas, ello con el propósito de asegurar la vigilancia y seguridad al interior y exterior de los Centros Preventivos, lo que evitara la comisión de delitos al interior, vinculados exterior e intentos de fugas. Por otra parte, la autoridad responsable, refirió que el constante crecimiento de la población penitenciaria observaba un carga mayor para los Centro Preventivos del Estado, lo cual facilita el contagio de enfermedades. Debido al problema de la sobrepoblación, se fuerza a convivir en un mismo espacio a indiciados y sentenciados, generando efectos criminógenos como la reincidencia o reinserción ineficaz, aunado a la falta de personal penitenciario, lo que permite a los grupos criminales crear un sistema de gobierno dentro de los penales, de manera que la violencia y la intimidación se vuelve parte de las rutinas cotidianas. Por lo antes expuesto, la autoridad responsable determinó reubicar a la quejosa María Dolores Ramos Romero, en el dormitorio 11 del Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, por contar con mejores condiciones de seguridad, para contener y custodiar a la reclusa citada, así como brindarle un adecuado tratamiento para que en su momento pueda ser reinsertada a la sociedad. Por lo que finalmente asentó: "Atendiendo a las consideraciones señaladas anteriormente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2, fracción II, 7, 10, fracciones I y III y 48 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad en el Estado de México; 26, fracciones I, II, III, VIII y XXIX del Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado, se ordena el traslado de MARÍA DOLORES RAMOS ROMERO, del centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Bordo, al similar de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México". Razón por la cual, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, se permite concluir que la autoridad responsable cumplió los aspectos establecidos y satisfizo los lineamientos de la ejecutoria de amparo emitida en este juicio, pues mediante oficio de ++, de diecisiete de octubre de dos mil catorce, dejó insubsistente la orden de traslado contendida en el oficio DGPRS/1747/2014, de fecha quince de junio de dos mil catorce, por lo que se refiere a María Dolores Ramos Romero; asimismo, dictó un nuevo oficio, en el cual purgó los vicios formales apuntados en la sentencia de amparo y ordenó el traslado de la quejosa al Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México. En esas condiciones, al estimar que el fallo protector ha sido cumplido en su núcleo esencial, con los diversos argumentos vertidos por la autoridad responsable, así procede declararlo. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DEPURACIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional. En su oportunidad, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Toluca, para su debido resguardo.
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