María Elena Castillo García

Expediente 1192/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1192/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • María Elena Castillo García y Otros.
  • María Elena Castillo García
  • Presidente Municipal Constitucional de Tlaltetela, Veracruz (Lic. Alfonso Moreno Fernández)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    --- se ordena el archivo de este incidente como concluido.

  2. Principal

    ... se declara que causó ejecutoria la referida determinación. ... archívese este expediente como concluido. ..., este expediente es destruible.

  3. Principal

    ... Devuelve despacho. Téngase por recibidas las constancias remitidas por el Juzgado Municipal de Tlaltetela, Veracruz, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 0030/2023 (orden 98/2023) del índice de este Juzgado Federal, con el cual se ordenó notificar a los quejosos el auto de diecisiete de febrero del año en curso. Dese de baja en el libro de gobierno correspondiente. Integración de constancias. Únicamente se ordena glosar lo actuado por la autoridad auxiliar, ya que las demás constancias obran en el expediente. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro orden de ideas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los quejosos señalaron como acto reclamado: - La construcción de una obra pública, consistente en una barda de concreto que obstaculiza la entrada del negocio de los aquí quejosos. No obstante lo anterior, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado antes precisado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, que implica que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse se traduce no sólo en la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. En este sentido, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que de las constancias que integran el presente asunto, específicamente el escrito signado por los quejosos -foja 40- manifestaron que a la fecha cuentan con paso a la tortillería de su propiedad, lo que se corrobora como la imágenes adjuntas al citado escrito de las que se observa los accesos al negocio en comento que permiten el tránsito de clientes y mercancía al local en comento -fojas 41 a 44- Lo cual se corrobora, con las manifestaciones formuladas por la autoridad responsable en el informe de diecisiete de febrero del año en curso, en la que señaló que si bien, en su momento se le ocasionó inconveniente a la parte quejosa, a la fecha los accesos de su negocio están habilitados-fojas 51 a 53-. Lo anterior, tiene como consecuencia que el acto de molestia reclamado dejó de surtir efectos y no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con veintidós minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa... SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA...

  4. Principal

    ... Informe justificado. Agréguese el oficio signado por Presidente Municipal y Directora de Obras Públicas del Municipio de Tlaltetela, Veracruz, mediante el cual rinden informe justificado. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el referido informe. Delegados y domicilio. Con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de las citadas autoridades, a las personas que menciona; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indican para recibir notificaciones....

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