María Elena Caraza Flores

Expediente 564/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
564/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • María Elena Caraza Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Del estado procesal que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta hecha por la Secretaria de este Juzgado, se advierte que transcurrió en el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído donde se desechó la demanda de amparo a que este juicio se refiere, sin que la parte quejosa lo hubiere hecho valer; por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    ...Agréguese la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita a este juzgado para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a nueve de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por María Elena Caraza Flores, por propio derecho, contra actos del Gobernador del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 564/2020/I. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, los artículos 1° y 5°1 de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones de autoridad, o leyes, que vulneren los derechos humanos de la personas titulares de derechos subjetivos o de un interés legítimo individual o colectivo, es decir, por cualquiera persona sujeto de derecho, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y analizara la procedencia de ésta, puesto que impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, de la interpretación armónica de los preceptos invocados se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto que se reclama no afecta o perjudica la esfera jurídica del promovente, es decir, sólo se encuentran procesalmente legitimados para promover el juicio de garantías quienes resientan una afectación derivada directamente del acto combatido. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, conforme al criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, correspondiente a los volúmenes: 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Así como el diverso criterio sostenido también por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en la página 123, volúmenes: 97-102, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubor y texto: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les para perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Ahora, es de precisarse que del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado por la quejosa, consiste en la privación del derecho que le otorga la Ley 223 del Estado de Veracruz, relativo a la pensión alimenticia que le fue otorgada y que recibe por parte del Gobierno del Estado, toda vez que tuvo conocimiento por versiones de personas que trabajan en el Congreso del Estado, de que un Diputado de la fracción parlamentaria morenista, propuso la derogación de la legislación citada con anterioridad. Congruente con ello, este órgano jurisdiccional advierte en el presente asunto que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, 5°, fracción I y 6º, de la citada legislación. De tales preceptos, se advierte que el solicitante del amparo, debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera real y directa con el acto que reclama, para que los Tribunales de la Federación estén en aptitud de nulificar tal acto; en consecuencia, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por lo que, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la privación del derecho a una pensión que otorga la Ley 223 del Estado de Veracruz al quejoso, no causa un daño o perjuicio actual, real y directo, por ser un acto futuro e incierto, conforme al artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, en razón de que la citada legislación a la fecha se encuentra vigente, cuya derogación se encuentra condicionada a que, efectivamente, exista una propuesta realizada por un Diputado integrante del Congreso del Estado de Veracruz y que la misma, sea aprobada por votación en dicho el Congreso, por lo que, la privación de la pensión reclamada, no es inminente al no haber certeza de que exista una propuesta para derogar la Ley de la otorga, ni de que esta haya sido aprobada. En consecuencia, se concluye que del análisis de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. INVITACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA. Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por los Acuerdos Generales 21/2020 y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se EXHORTA a las partes, para que: ? Opten por la tramitación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 antes citado, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Ramón Hernández Salinas y Andrés Fuentes Méndez, por así solicitarlo expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  3. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio 795/2020-C signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta los autos del juicio de amparo indirecto 308/2019 de este índice. Acúsese recibo a la Superioridad vía interconexión. Asimismo, dicho órgano colegiado remite testimonio de la resolución emitida el primero de octubre de dos mil veinte, en el toca 11/2020 de su índice, de la que se desprende que confirmó la sentencia recurrida, en la que se negó el amparo solicitado por Felipe de Jesús Marín Carreón, Subprocurador de Asuntos Contenciosos de la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, en representación de José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, para los efectos legales procedentes, agréguese el cuaderno de antecedentes y, archívese este asunto como concluido...

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