María Elena Castañeda Neria

Expediente 1690/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1690/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • María Elena Castañeda Neria
  • Pleno del Congreso del estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo ******************** promovido por ********************, por propio derecho y en su carácter de ********************, contra actos del Pleno del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón oficial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintisiete del mismo mes y año, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************, por propio derecho y en su carácter de ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables: Autoridad responsable Acto reclamado Pleno del Congreso del estado de Morelos ".la discusión, aprobación y, expedición de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II.". Gobernador del estado de Morelos ".la promulgación y orden de publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por cuanto a su artículo 11, primer párrafo, fracción II.". Secretario de Gobierno del estado de Morelos ".el refrendo de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, artículo 11, primer párrafo, fracción II.". Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos ".la publicación de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, artículo 11, primer párrafo, fracción II.". Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos. Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ".acuerdos de fecha 28 de noviembre emitidos en los expedientes ******************** el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa impuso en mi contra una multa por (100) CIEN y UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, medio de apremio notificado mediante oficio número 5343/2022 en las instalaciones del Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos en fecha dos (02) de diciembre de la presente anualidad.". Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos. ". EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCÓN DEL COBRO DE LA MULTA ordenado por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el expediente ******************** medio de apremio notificado mediante oficio de notificación número 5343/2022 en las instalaciones de Ayuntamiento de Zacatepec, Morelos". SEGUNDO. El veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente ******************** se admitió la demanda, requirió a las responsables su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Cabe destacar que de las constancias enviadas por la potestad responsable se desprende que el auto reclamado de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente natural ********************, índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, fue notificado a la hoy quejosa el dos de diciembre de dos mil veintidós. De modo que, la notificación de referencia, surtió sus efectos el día que se hizo sabedora, ya que dicha notificación fue hecha de forma personal, y de conformidad con el ordinal 27 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, surtió sus efectos al día siguiente que le fue realizada, y por ende, el plazo de quince días, establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda, comenzó a computarse el seis, y dicho plazo concluyó el veintiséis, ambos del mes de diciembre de dos mil veintidós, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, ya que fueron inhábiles, acorde al numeral 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si en el caso el ocurso de demanda que dio origen al presente juicio se presentó, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, es claro que ello sucedió dentro del ya mencionado plazo de quince días, previsto en el dispositivo 17 de la legislación aplicable a la materia, dado que como antes se dijo, el mismo feneció el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar de manera clara y precisa los actos reclamados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama: 1. Del Congreso del Estado de Morelos: la discusión, aprobación y expedición del artículo 11, primer párrafo, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. 2. Del Gobernador del estado de Morelos: la promulgación y orden de publicación del artículo 11, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. 3. Del Secretario de Gobierno del estado de Morelos: el refrendo del artículo 11, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. 4. Del Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del estado de Morelos: la publicación del artículo 11, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. 5. De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos: el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, mediante el cual impone una multa a la quejosa por la cantidad de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 11, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos. 6. De la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del estado de Morelos: la ejecución del procedimiento de cobro de multa ordenado por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos en el expediente ********************. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido de los informes justificados, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser de estudio preferente, este juzgador procede al estudio de las causales de improcedencia y sobreseimiento advertidas por este juzgador y planteadas por las partes. 1. ********************, en su carácter de ********************, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto contra el auto reclamado, por lo que debe sobreseerse en el presente juicio Este juzgador, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, considera que la parte quejosa ********************, como ******************** carece de interés jurídico para reclamar la multa impuesta en el juicio de origen, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". Del artículo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Precisado lo anterior, ********************, ******************** carece de interés jurídico en este juicio debido a que la multa contenida en el acuerdo que se reclama, se encuentra dirigido a la persona física que ostenta el carácter de funcionario municipal, y no a las dependencias como órganos de gobierno. Ahora bien, la medida prevista en el mencionado artículo 11, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, se aplica a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad incurrió en un desacato, y no al órgano de gobierno como tal. En consecuencia, si la medida de apremio que contiene el artículo 11, fracción II de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, se dirige a la persona física derivado del incumplimiento a una determinación, dicha medida solo puede ser controvertida por la persona física a quien se le impuso, pero por su propio derecho y no como funcionaria pública. Así, serán las personas físicas quienes deban cubrir la multa con recursos de su patrimonio y no con los de la dependencia que representan o a la que pertenecen. No es óbice a lo anterior el contenido del artículo 7° de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de que una persona moral pública pueda solicitar la protección de la justicia federal por conducto de sus personas servidoras públicas o representantes. Este supuesto solo acontece cuando el acto o la ley que se reclama afectan directamente los intereses patrimoniales de esa entidad, respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Pero ello no ocurre en el presente asunto, pues, en todo caso, de hacerse efectivo ese apercibimiento, la persona afectada sería quien ostenta la titularidad de esa oficina u órgano, pero no la persona moral oficial. Con base en lo anterior es que se estima que ********************, como ******************** carece de interés jurídico para reclamar el apercibimiento dictado. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El precepto anterior establece que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a las que se refiere esa mismo ordenamiento. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XII y 5°, todos ellos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de ********************, en su carácter de ********************. 2. Es improcedente el juicio de amparo indirecto debido a que la quejosa no agotó el medio ordinario de defensa en contra de la multa impuesta en el juicio de nulidad de origen. El suscrito advierte que, de igual forma, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, debido a que la quejosa no agotó el principio de definitividad. Para un mejor entendimiento de este asunto, se considera pertinente transcribir el contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Del artículo anterior se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de los cuales la ley ordinaria contempla algún medio de defensa, que permite que sean modificadas, revocadas o nulificadas. Asimismo se establecen una serie de excepciones respecto de las cuales se permite a la quejosa que acuda al juicio de amparo, sin necesidad de agotar el recurso ordinario que prevean las leyes respectivas. En el presente asunto, se considera que la quejosa no agotó el principio de definitividad, debido a que omitió interponer el recurso de reconsideración, previsto en los artículos 104, 105 y 106, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 104. El recurso de reconsideración procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala". "Artículo 105. El recurso de reconsideración deberá interponerse por escrito dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, expresando los agravios que dicha actuación cause al recurrente". "Artículo *106. Del escrito de reconsideración se dará vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho término, se turnara el recurso para resolver, la Sala dictará la resolución que corresponda en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir de su publicación en la Lista". A partir de las transcripciones anteriores podemos advertir que la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos prevé la existencia del recurso de reconsideración. Ese medio de impugnación procede en contra de las providencias o acuerdos que dicten las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos. Además, se establece que deberá interponerse por escrito dentro del plazo de tres días contados a partir de la fecha de notificación de la actuación impugnada, en el que deberán expresarse los agravios que se causen al recurrente. Con el escrito de reconsideración, se dará vista a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a sus intereses convengan y, transcurrido dicho término, la Sala dictará la resolución que corresponda en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir de su publicación en la lista. En ese orden de ideas, puede concluirse que el recurso de reconsideración es procedente en contra de la multa impuesta en el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************. Sin que obste a lo anterior, que en el caso, el acto reclamado pudiera considerarse como de imposible reparación, ya que dicha circunstancia no exime a la quejosa de agotar los recursos ordinarios de defensa y así cumplir con el principio de definitividad. Esto es así, ya que la irreparabilidad de los efectos que en su caso pudiera producir el acto reclamado y la obligación que tiene la quejosa de agotar los medios ordinarios de defensa -principio de definitividad-, son conceptos autónomos que no se excluyen entre sí. Así que el hecho de que se reclamen actos que produzcan sobre las personas efectos de imposible reparación, no dispensa a la quejosa de cumplir con el deber de agotar los medios ordinarios de defensa antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es acorde a lo razonado en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". No se pierde de vista que la quejosa reclamó también la inconstitucionalidad del artículo 11, primer párrafo, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos; sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para justificar la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que tratándose del amparo contra leyes, promovido con motivo del primer acto de aplicación, los juzgados de distrito y tribunales de circuito deben analizar, en principio, si el amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado. Esto es acorde a lo sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, que dice lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En consecuencia, al haber aparecido una causal de improcedencia prevista en el artículo 61, de la Ley de Amparo, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento contemplada en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, precepto que literalmente establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". El artículo transcrito dispone que procede el sobreseimiento en un juicio de amparo cuando sobreviene alguna de las causales de improcedencia. En virtud de lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Finalmente, se hace patente que la presente determinación es acorde al criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en el amparo en revisión 536/2022, mediante la cual confirmó la sentencia dictada en el amparo indirecto 797/2022, del índice de este propio Juzgado de Distrito. Por lo anterior, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ********************, por propio derecho y en su carácter de ********************, respecto de los actos y contra las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por ********************mediante el cual solicita se le tenga como nuevo domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el que indica; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que contrario a lo que aduce, no tiene reconocida ninguna personalidad en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por Ecliserio Linares Angulo, mediante el cual solicita se le tenga como nuevo domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones el que indica; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que contrario a lo que aduce, no tiene reconocida ninguna personalidad en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, los informes justificados rendidos respectivamente, por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y por el Presidente de la Mesa Directiva de la LV, Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; al respecto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables de mérito a las personas que citan y de conformidad con el artículo 26 de la Ley de la Materia, las notificaciones se les realizaran mediante oficio en su residencia oficial. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remite, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, visto el volumen de las documentales que anexa como complemento a su informe justificado, fórmese un anexo por separado, ello para el mejor manejo del expediente en que se actúa, el cual podrá ser consultado por las partes en el momento en que lo soliciten. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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