María Elena Cabrera Perez

Expediente 748/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
748/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • María Elena Cabrera Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de julio de dos mil veintidós Agréguense a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y por la Actuaria adscrita, mediante el cual remite diversas constancias. En ese sentido, no ha lugar a emitir mayor pronunciamiento, en virtud de que el catorce de julio de dos mil veintidós, se resolvió en definitiva el juicio de amparo en el que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    ..En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil veintidós Ampliación de demanda. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia de la ampliación de la demanda de amparo, se provee sobre la suspensión de los actos que reclama en el ocurso de cuenta presentado por Hector Garibay Ascencio, en su carácter de Administrador Único de la persona moral Grn. Target Medios Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del juicio de amparo 679/2022, contra las nuevas autoridades responsables y el acto reclamado que a continuación se mencionan: Nuevas autoridades responsables. De la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: Los autos de treinta de abril y dieciocho de junio ambos del dos mil dieciocho dictado en el expediente TJA/3ªS/83/2018. La omisión de reconocer a la empresa quejosa Grn. Target Medios Sociedad Anónima de Capital Variable, el carácter de parte en el juicio de nulidad TJA/3ªS/83/2018. La falta de emplazamiento al juicio de nulidad TJA/3ªS/83/2018. Del Pleno del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: La omsión de regularizar el juicio de nulidad para que Grn. Target Medios Sociedad Anónima de Capital Variable, fuera emplazada dentro del juicio de nulidad TJA/3ªS/83/2018. La omisión de reconocer a la empresa quejosa Grn. Target Medios Sociedad Anónima de Capital Variable el carácter de parte en el juicio de nulidad TJA/3ªS/83/2018. La resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve dictada en el juicio de nulidad TJA/3ªS/83/2018. Requerimiento del informe previo Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable, el informe previo, el cual deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto. Con el apercibimiento que de no rendir su respectivo informe, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, en términos del artículo 142, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo vía ordinaria, con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las responsables para que remitan su informe justificado a la dirección de correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, con archivo anexo en formato PDF o JPG y que el documento se encuentre escaneado con la firma del funcionario jurídicamente autorizado para tal efecto, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad y número telefónico, lo anterior, a efecto de privilegiar la salud, y aplicar el protocolo de prevención para evitar el contagio del virus que dio origen a la pandemia que se vive, tal y como lo refiere el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos acuerdos generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, 5/2021 y 9/2021 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. A su vez, se informa a la autoridad que en el informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. De la audiencia incidental: Cítese a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con tres minutos del trece de julio de dos mil veintidós. Estudio sobre el otorgamiento de la suspensión: En ese sentido, procede verificar si se otorga o no la providencia suspensiva solicitada en la ampliación Requisitos. Previo a resolver sobre la medida cautelar, es preciso indicar que los artículos 107, fracción X, Constitucional, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo establecen los requisitos para que proceda la suspensión, los cuales se hacen consistir en que: a) Los actos contra los cuales se haya solicitado la medida cautelar sean ciertos; b) La naturaleza de los actos permita su paralización; y, c) Se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, que lo solicite el agraviado, atender a la naturaleza del acto reclamado y verificar si con la concesión de la medida cautelar se contravienen disposiciones de orden público o se sigue perjuicio al interés social, ponderando para ello la apariencia del buen derecho. Ahora, cabe destacar que los conceptos orden público e interés social a que se refieren los preceptos descritos, han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien consideró que son nociones íntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. El concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. También se ha precisado que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Los criterios a los cuales se hace referencia corresponden a los emitidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguientes: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN." "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." Así, el artículo 129 de la Ley de Amparo regula algunos supuestos en los cuales se considera que un acto perjudica a la sociedad o viola el orden público, a saber: cuando con la concesión de la medida cautelar se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, establecimientos de juegos con apuestas o sorteos, la producción y el comercio de narcóticos; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad, o bien, de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la drogadicción; se permita el incumplimiento de órdenes militares; se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; se impida el pago de alimentos; se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley; se incumplan las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras; se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio; o bien, se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 constitucional. Como puede advertirse, se trata de actos que afectan gravemente a la sociedad, al causar perjuicio a la salud, economía, ambiente o permiten la realización de actividades ilícitas y constitutivas de delitos. Además, las normas en cita establecen la obligación para el juzgador, previo a determinar lo conducente respecto a la suspensión solicitada, de ponderar la apariencia del buen derecho frente al orden público y el interés social. La apariencia del buen derecho supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para ello, el juzgador debe ponderar simultáneamente que con la concesión de la suspensión no se lesionen el interés social y el orden público, en el entendido de que si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el peticionario, deberá negar la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y el interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Lo anterior, conforme a lo establecido en el criterio de jurisprudencia número 2ª./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." Acorde con lo expuesto, si el juez federal pudiera anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, deberá ponderar esa situación y determinar si con la suspensión se vulneraría las disposiciones de orden público o se seguiría perjuicio al interés social, o bien, si atento al resultado anticipado el perjuicio que pudiera concretarse en la esfera jurídica del quejoso, la afectación a la sociedad sería mayor. Los anteriores juicios de valor sirven para determinar si se concede o se niega la suspensión en el juicio de amparo. Atendiendo a esas premisas normativas, se proveerá sobre la suspensión solicitada. Concesión a de la suspensión provisional. En mérito de lo anterior, de conformidad con los numerales 129 y 128 de la ley de la materia, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que guardan y no se ejecute la sentencia definitiva dictada en el expediente TJA/3ª S/83/2018, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Lo anterior, hasta en tanto, se notifique a las autoridades responsables la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente de suspensión. Lo anterior es así, toda vez que el precepto 128 de la Ley de Amparo, establece que procede suspender la ejecución de los efectos del acto reclamado pues se actualizan los requisitos que establece dicho artículo, esto es, la solicitó la parte afectada; con tal otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social, además de que la ejecución de los actos reclamados afectan el patrimonio de la quejosa que, en caso de realizarse, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se podrían ocasionar. La medida cautelar otorgada surte efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos, si la parte quejosa en términos de los artículos 132 y 136 de la ley de la materia, no exhibe ante este Juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días siguientes a la notificación de este proveído, una garantía por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la tercera interesada con motivo de la presente medida suspensional, cantidad que se establece conforme a las facultades discrecionales otorgadas por la Ley al Juzgador de amparo, y al tomar en consideración las manifestaciones de la parte quejosa. En el entendido de que la garantía antes señalada podrá ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas por la ley; si se trata de compañía aseguradora deberá señalar el o los nombres de las personas autorizadas en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal; así como la manifestación de que se somete a la jurisdicción de los Tribunales con residencia en esta ciudad, para el caso de litigio; por último, deberá indicar el nombre de los representantes legales de dicha institución en esta ciudad; lo anterior, con fundamento en el artículo 2802 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, según su dispositivo 113. En la inteligencia de que esta medida suspensiva no surtirá efecto legal ni material alguno si el acto reclamado ya fue ejecutado totalmente, o si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria en cuyo procedimiento la parte quejosa haya sido oída y vencida; o bien, si deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo. Notifíquese Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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