María Elena Castañeda Matos

Expediente 1520/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 66 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1520/2017
Año
2017
Actuaciones
66
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • María Elena Castañeda Matos
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa I-DDPI-B, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 66.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos incidentales el sobre que contiene el oficio 27173/2019-VI-B, de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa I-DDPI-B, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual y la Propiedad Industrial de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, devuelto por el Servicio Postal Mexicano con sede en esta ciudad, por los motivos que expone en el mismo. Lo anterior, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de treinta de agosto del año en curso, se tuvo por cumplido el fallo protector y se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el escrito signado por la quejosa ********************, con el que solicita la devolución del billete de depósito número N-833681, expedido por la Sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en esta ciudad, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió como requisito para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva que en su momento se le concedió en este incidente. En consecuencia, al no haber impedimento legal alguno para ello, devuélvasele el citado documento debidamente endosado a favor del quejoso; para lo cual deberá apersonarse ante este órgano jurisdiccional en horas y días hábiles, presentando para fines de identificación documento oficial con fotografía actualizado. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la Juez Cuarto de Distrito y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, ambos con sede en esta ciudad; lo anterior, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista que en proveído de diecinueve del citado mes y año, se ordenó realizar al tercero interesado ********o ******. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se realizó el veintitrés del actual mes, sin que a la fecha se desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, al resultar en parte fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en la demanda de amparo, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acuerdo de catorce de mayo de dos mil catorce, dictado en la causa penal 25/2008, única y exclusivamente en la parte conducente que declaró que el predio número cuatrocientos setenta y seis, de la calle setenta y tres, del centro de esta ciudad, había causado abandono a favor del Gobierno Federal, así como todas las actuaciones que fueren consecuencia directa y necesaria de tal determinación, en la parte concerniente a tal inmueble. 2. Ordenara la notificación a la parte interesada María Elena Castañeda Matos de conformidad con la legislación aplicable. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, determinara lo que en derecho corresponda. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa I-DDPI-B, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial de la entonces Procuraduría General de la República, residente en la Ciudad de México; quienes en acatamiento a la sentencia de amparo, deberían dar cabal y exacto cumplimiento a la resolución que en su momento emitiera y les notificara la Juez responsable. Inconforme con lo anterior, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, interpuso recurso de revisión, con el resultado de que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en el cuaderno auxiliar R-392/2019, relativo al toca A.R. 10/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dejó intocado el sobreseimiento decretado en autos y en la materia de la revisión, confirmó la sentencia impugnada. Ejecutoria que se tuvo por recibida mediante proveído de veinticuatro de junio pasado, por lo que se requirió su cumplimiento a las responsables. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio 20357/2019, signado por la Juez Federal responsable, informó que dejó insubsistente el acuerdo de catorce de mayo de dos mil catorce, dictado en la causa penal de origen, única y exclusivamente en la parte conducente que declaró que el inmueble antes detallado había causado abandono a favor del Gobierno Federal, así como todas las actuaciones que fueren consecuencia directa necesaria de tal determinación. Y en su lugar, ordenó devolver a quien acreditara legalmente tener derecho, el predio de que se trata, por lo que de conformidad con la legislación procesal que rige el acto reclamado, notificó dicha actuación a la quejosa María Elena Castañeda Matos. Determinación que comunicó al Delegado Regional Peninsular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con sede en Cancún, Quintana Roo. Posteriormente, a instancia de esta autoridad efectuada mediante acuerdo de treinta y uno de julio del presente año, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, por oficio 25581/2019, acreditó haber comunicado a la autoridad ejecutora registral, la insubsistencia de la declaratoria de abandono del referido predio. Lo anterior conllevó a requerir a dicha ejecutora para que por su parte acatara cabalmente la sentencia firme pronunciada en autos, lo que así hizo, tal como se advierte del contenido de la misiva INSEJUPY/DRPPYC/AR/0847/2019 (fojas 237 a 240), al que adjuntó la constancia de inscripción vigente del predio número cuatrocientos setenta y seis, de la calle setenta y tres, del centro de esta ciudad, en la que quedó cancelado el cierre de registro que sobre el mismo pesaba. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que las autoridades responsables, en sus respectivas funciones, se encontraban constreñidas a dejar insubsistente la declaratoria de abandono del citado inmueble con su correspondiente cancelación, lo que además, debía hacerse del conocimiento de la aquí quejosa; lo que así hicieron, acreditándolo fehacientemente con las constancias correspondientes. De ahí que se considere destruidos los actos que se les atribuyeron y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por tanto, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que a lo anterior, se oponga el que no obre en los autos el cumplimiento informado por parte de la autoridad ministerial responsable, pues tal como se dijo en el acuerdo de doce de los corrientes, la información o actuación que al efecto aportara, no influiría en el dictado de la presente determinación. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que en parte se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, toda vez que en esta fecha se está ordenando el archivo de este juicio, como asunto total y definitivamente concluido y que en autos del incidente de suspensión obra el billete de depósito N-833681, expedido por la sucursal en esta ciudad del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, 00/100 moneda nacional), que exhibiera la parte quejosa en su oportunidad, como requisito para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida. Por tanto, dese cuenta con este proveído en el incidente de suspensión relativo, para los efectos legales correspondientes, en relación con la garantía de mérito. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE treinta de agosto de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de doce de agosto de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la Juez Cuarto de Distrito y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, ambos con sede en esta ciudad; lo anterior, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista que en proveído de diecinueve del citado mes y año, se ordenó realizar al tercero interesado ********o ******. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se realizó el veintitrés del actual mes, sin que a la fecha se desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia firmada el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, al resultar en parte fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en la demanda de amparo, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente el acuerdo de catorce de mayo de dos mil catorce, dictado en la causa penal 25/2008, única y exclusivamente en la parte conducente que declaró que el predio número cuatrocientos setenta y seis, de la calle setenta y tres, del centro de esta ciudad, había causado abandono a favor del Gobierno Federal, así como todas las actuaciones que fueren consecuencia directa y necesaria de tal determinación, en la parte concerniente a tal inmueble. 2. Ordenara la notificación a la parte interesada María Elena Castañeda Matos de conformidad con la legislación aplicable. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, determinara lo que en derecho corresponda. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, y Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa I-DDPI-B, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial de la entonces Procuraduría General de la República, residente en la Ciudad de México; quienes en acatamiento a la sentencia de amparo, deberían dar cabal y exacto cumplimiento a la resolución que en su momento emitiera y les notificara la Juez responsable. Inconforme con lo anterior, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, interpuso recurso de revisión, con el resultado de que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en el cuaderno auxiliar R-392/2019, relativo al toca A.R. 10/2019, del índice del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dejó intocado el sobreseimiento decretado en autos y en la materia de la revisión, confirmó la sentencia impugnada. Ejecutoria que se tuvo por recibida mediante proveído de veinticuatro de junio pasado, por lo que se requirió su cumplimiento a las responsables. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio 20357/2019, signado por la Juez Federal responsable, informó que dejó insubsistente el acuerdo de catorce de mayo de dos mil catorce, dictado en la causa penal de origen, única y exclusivamente en la parte conducente que declaró que el inmueble antes detallado había causado abandono a favor del Gobierno Federal, así como todas las actuaciones que fueren consecuencia directa necesaria de tal determinación. Y en su lugar, ordenó devolver a quien acreditara legalmente tener derecho, el predio de que se trata, por lo que de conformidad con la legislación procesal que rige el acto reclamado, notificó dicha actuación a la quejosa María Elena Castañeda Matos. Determinación que comunicó al Delegado Regional Peninsular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con sede en Cancún, Quintana Roo. Posteriormente, a instancia de esta autoridad efectuada mediante acuerdo de treinta y uno de julio del presente año, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, por oficio 25581/2019, acreditó haber comunicado a la autoridad ejecutora registral, la insubsistencia de la declaratoria de abandono del referido predio. Lo anterior conllevó a requerir a dicha ejecutora para que por su parte acatara cabalmente la sentencia firme pronunciada en autos, lo que así hizo, tal como se advierte del contenido de la misiva INSEJUPY/DRPPYC/AR/0847/2019 (fojas 237 a 240), al que adjuntó la constancia de inscripción vigente del predio número cuatrocientos setenta y seis, de la calle setenta y tres, del centro de esta ciudad, en la que quedó cancelado el cierre de registro que sobre el mismo pesaba. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que las autoridades responsables, en sus respectivas funciones, se encontraban constreñidas a dejar insubsistente la declaratoria de abandono del citado inmueble con su correspondiente cancelación, lo que además, debía hacerse del conocimiento de la aquí quejosa; lo que así hicieron, acreditándolo fehacientemente con las constancias correspondientes. De ahí que se considere destruidos los actos que se les atribuyeron y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por tanto, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que a lo anterior, se oponga el que no obre en los autos el cumplimiento informado por parte de la autoridad ministerial responsable, pues tal como se dijo en el acuerdo de doce de los corrientes, la información o actuación que al efecto aportara, no influiría en el dictado de la presente determinación. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que en parte se concedió el amparo y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, toda vez que en esta fecha se está ordenando el archivo de este juicio, como asunto total y definitivamente concluido y que en autos del incidente de suspensión obra el billete de depósito N-833681, expedido por la sucursal en esta ciudad del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, 00/100 moneda nacional), que exhibiera la parte quejosa en su oportunidad, como requisito para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida. Por tanto, dese cuenta con este proveído en el incidente de suspensión relativo, para los efectos legales correspondientes, en relación con la garantía de mérito. Notifíquese personalmente.

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