María Elena Asunción Balam Cardeña
Expediente 1141/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1141/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Elena Asunción Balam Cardeña
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese en autos para los efectos legales condignos, el oficio remitido vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, residente en esta ciudad, con el que remite el testimonio de la resolución pronunciada el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, en la queja 274/2023, formada con motivo del recurso interpuesto por ********************, autorizado en términos amplios de las quejosas ******************** y sus hijas menores ******************** y ********************, interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; resolución de la que se advierte que el referido medio de impugnación interpuesto se declaró infundado. Acúsese recibo. En mérito de lo anterior y previas las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 20, del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos por el artículo 15 de dicho Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 6841, de veintitrés de mayo del presente año, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; del que se advierte que en autos del toca de queja 274/2023, dicha Superioridad admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Fernando Eduardo Alpuche Ojeda, autorizado en términos amplios de las quejosas María Elena Asunción Balam Cardeña y sus hijas menores E.Y.E.B. y E.S.E.B., en contra del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, dictado en este juicio. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: en atención a que Fernando Eduardo Alpuche Ojeda, autorizado en términos amplios de las quejosas María Elena Asunción Balam Cardeña y sus hijas menores E.Y.E.B. y E.S.E.B., interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Al efecto, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios. Asimismo, ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SÍ ES CIERTO que por auto de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo. Por lo que, envíese vía interconexión dicho recurso, al que deberá adjuntarse las constancias que conforman este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. PROTECCIÓN DE LOS DATOS DE LOS MENORES Primeramente, cabe precisar que en el presente asunto están involucrados menores de edad, y siendo que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarles una atención especializada, en virtud de que darles el mismo trato que a los mayores de dieciocho años, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos. Por lo que, a fin de resguardar la identidad de las menores de edad, el suscrito juzgador determina como medida para proteger la intimidad de las mismas, que se supriman de este juicio sus nombres, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarlas, de ahí que en lo sucesivo únicamente se procederá a mencionarlas por sus iniciales E.Y.E.B. y E.S.E.B. Lo anterior, de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, y con fundamento además, en los artículos 1°, primeros tres párrafos, y 4, parágrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores", puntos 6 y 7, del Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Involucren Niñas, Niños y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, por María Elena Asunción Balam Cardeña, por sí y en representación de sus hijas menores E.Y.E.B. y E.S.E.B. y anexos que acompaña, contra los actos que reclama del Congreso; Gobernador Constitucional; Secretaria General de Gobierno; Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, así como al Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán con residencia en esta ciudad. Que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, es el siguiente: ACTO RECLAMADO Del Congreso, Gobernador y Secretaria General de Gobierno de la entidad: a) La aprobación, promulgación, referendo y publicación de los de los artículos 420, 421, 427, 428, 429, 430, 431 y 432 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, al considerarlos inconstitucionalidad e inconvencionales. De la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Estado: b) El acuerdo de seis de julio de dos mil veintitrés, en el que admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en autos del procedimiento especial de divorcio sin causales 1450/2016, únicamente en el efecto devolutivo y no en el suspensivo como solicitó la aquí quejosa. c) La ejecución de la sentencia, en la que entre otras cosas, se determinó otorgar la custodia definitiva de sus menores hijas E.Y.E.B. y E.S.E.B. así como su entrega, a favor del padre de éstas Rígel Manuel Esquivel Maldonado. Del actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares y Secretario de Seguridad Pública: d) La ejecución de la sentencia dictada en el expediente 1450/2016, del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno vespertino, del Estado. Y de todas las autoridades: e) Todos los actos y procedimientos iniciados y que se inicien en contra de las quejosas, así como todas las obligaciones y sanciones que pretenden imponérseles derivados de los preceptos impugnados como inconstitucionales e inconvencionales. REGISTRO Se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1141/2023-III-A y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD. Con apoyo en el artículo 6° de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta la promovente María Elena Asunción Balam Cardeña, en términos de las actas de nacimiento que adjunta a su demanda electrónica y respecto de las cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad, ser copia íntegra e inalterada de las originales que tiene en su poder. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, debe decirse que se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. En este orden de ideas, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Por tanto, por actos que sean de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen derechos sustantivos públicos consignados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales. En otras palabras, para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos entender que son aquellos que afectan derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos. Como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, por sólo tener un efecto de carácter formal e inciden solamente en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Luego, en la especie se advierte que la parte quejosa acude a la presente vía constitucional reclamando del Juez Familiar responsable, el acuerdo que admitió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada en el procedimiento familiar de origen, únicamente en el efecto devolutivo y no en el suspensivo como solicitó la aquí quejosa. Acto que no tiene la característica de imposible reparación a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia, en virtud de que no afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo del promovente, sino que trasciende a un mero evento de carácter procedimental. Lo anterior es así, tomando en cuenta que la decisión del Juez de admitir el recurso no es absoluta, ya que sólo realiza los actos preliminares para enviar el recurso al Tribunal de Alzada, por lo que será éste quien calificará la procedencia de la apelación y el efecto en devolutivo en el que se hizo. De ahí que, por ahora la decisión del juez no ocasiona a la parte quejosa un acto de imposible reparación, pues no vincula al tribunal de alzada a sustanciarlo en los términos efectuados; por lo que existe la posibilidad de que el resultado que emita la Sala correspondiente, pueda resultar favorable a sus intereses, con lo que quedaría subsanada la posible ilegalidad cometida en el acto que ahora reclama. Atento a lo anterior, debe decirse que el acto reclamado constituye un acto procesal, el cual, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, no genera contra la esfera jurídica de derechos de las impetrantes de amparo una ejecución que sea de imposible reparación. De ese modo, se insiste, el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues al tratarse de una actuación meramente procesal, es claro que aún está en condiciones de obtener una decisión favorable a sus intereses. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia, siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Así como el criterio que dice: "RECURSO DE APELACIÓN. EL AUTO POR EL QUE EL JUEZ LO ADMITE NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Los recursos verticales o de alzada en los juicios civiles y familiares son la apelación y la queja; su característica principal es que su conocimiento y resolución corresponde a un tribunal de instancia superior del juzgador que emitió la resolución materia de la impugnación. Conforme a la doctrina procesal, el tribunal de segunda instancia es quien tiene la jurisdicción originaria para resolver la controversia de que se trata, pero la delega en un juzgador de primer grado quien, por virtud de ello, se encargará de sustanciar el proceso y emitir una resolución que dirima la contienda. Ahora bien, el acuerdo a través del cual el Juez de origen admite el recurso de apelación no puede adquirir el estatus de firmeza y menos vincular al tribunal de alzada a resolver en el fondo el aludido recurso. Ello, pues conforme a lo previsto en el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el Juez de primera instancia sólo realiza los actos preliminares para enviar el recurso al tribunal de alzada, pero es éste quien, una vez que tiene por radicada la apelación, decide con plenitud de jurisdicción sobre la procedencia de este recurso, toda vez que el Juez de origen sólo la admitirá sin sustanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos; ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramita ante él; dará vista a la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva; transcurridos los plazos señalados, sin necesidad de rebeldía y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán al tribunal de alzada, conjuntamente con el testimonio de apelación o los autos originales según corresponda. Por su parte, el tribunal de apelación, al recibir las constancias, revisará si ésta fue interpuesta en tiempo y calificará, si se confirma o no el grado en que se admitió por el Juez. De acuerdo con la mecánica que se comenta, la admisión del recurso de apelación por el Juez de origen, al no ser un acto definitivo, no afecta materialmente los derechos sustantivos de las partes, por lo que no constituye un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues la admisión definitiva y su calificación de grado corresponde al tribunal de alzada. Por tanto, es necesario que exista el pronunciamiento de la alzada para que, en todo caso, se evidencie que el grado de admisión del recurso pudiera generar una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa." El anterior pronunciamiento se hace extensivo a lo que señaló la parte quejosa como todos los actos y procedimientos iniciados y que se inicien en contra de las quejosas, ya que los hace derivar con motivo del acuerdo mediante el cual el juez familiar admitió el recurso de apelación sólo en el efecto devolutivo, que interpuso en contra de la sentencia de primera instancia. De igual manera, se hace extensiva esta determinación, en cuanto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las normas impugnadas, de conformidad con las consideraciones plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, del Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De manera que si contra el acto de ejecución de las normas impugnadas es improcedente el amparo, también lo es respecto de la Ley. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio alterno de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda, y como su autorizado a ********************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. ACCESO AL EXPEDIENTE Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en los numerales 35, 36, 38, 55, 57, 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, como lo solicita el quejoso, se otorga autorización al usuario "********************" para que tenga acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y las notificaciones relativas, se le efectúen por la vía electrónica. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar las autorizaciones correspondientes al citado usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y regístrese.
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