Maria Elena Arias
Expediente 1044/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1044/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 30/07/2021
Partes del expediente
- Maria Elena Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
el suscrito actuario judicial hace constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que la parte tercero interesada no compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se le dejó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara en este juzgado; por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de treinta de julio de dos mil veintiuno: Tijuana, Baja California, treinta de julio de dos mil veintiuno. Certificación. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto a la vista otorgada en proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. Antecedentes. El trece de mayo de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a María Elena Arias, para el efecto que la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, realizara lo siguiente: "1. Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 2135/2018, y sus consecuencias legales, a partir de la diligencia del citatorio de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. 2. Hecho lo anterior, ordene reponer el procedimiento a efecto de que se lleve a cabo el llamamiento a juicio según las reglas de la legislación aplicable." Interposición de recurso. Inconforme con dicha determinación, el veinte de agosto de dos mil veinte, se tuvo al autorizado de la parte tercero interesada interponiendo recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión 109/2020, de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a María Elena Arias contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.". Recibida dicha ejecutoria, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado requirió a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento al fallo protector al tenor de los efectos precisados en los párrafos que anteceden; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Vista con el cumplimiento. En proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez y Secretario, ambos del Juzgado Primero de lo Civil, con sede en esta ciudad, remitiendo con firma digital el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el cual ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el expediente 2135/2018, de donde derivan los actos reclamados, a partir de la diligencia de citatorio de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, ordenando que se realice de nueva cuenta el emplazamiento a la parte demandada y señaló hora y fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. Documental que al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, constituye prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que la autoridad responsable cumplió con el fallo protector, ya que realizó lo siguiente: a). Dejó insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de citatorio de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. b) Ordenó el emplazamiento y señaló fecha para que tenga verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. En atención a lo expuesto, se puede concluir que la autoridad responsable cumplió con el mismo, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 21, inciso c), toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva; por tanto, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de abril de dos mil veintiuno. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el Juez y Secretario Actuario, ambos del Juzgado Primero de lo Civil, con sede en esta ciudad, mediante el cual informan sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, y en sustento a ello remiten copia con firma digital del acuerdo dictado el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en el juicio 2135/2018. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexo, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada IX.1o.33 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, del tenor siguiente: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. El Juez de Distrito debe dar vista a la parte quejosa con los oficios por los que las autoridades responsables informen lo relativo al cumplimiento o incumplimiento de un ejecutoria de amparo, trámite que se considera necesario, a fin de que dicha parte manifieste lo que a su interés convenga, dado el derecho que le asiste para promover la ejecución de la sentencia de amparo, incluso para los efectos que contempla el artículo 105, último párrafo, de la ley de la materia". Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el cuaderno original del presente juicio de amparo, un tomo de pruebas y el testimonio de la resolución relativa al amparo en revisión civil 109/2020; en consecuencia, estese a lo resuelto por el referido tribunal, el cual determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege a María Elena Arias contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria.". Acuse, anotaciones y cuaderno de antecedentes. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo a la superioridad y háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, glósese a los autos las actuaciones que no obran en este expediente y que se encuentran anexas al cuaderno de antecedentes que se ordenó formar con motivo del recurso de revisión. Sin que sea el caso de agregar al presente juicio de amparo las copias certificadas que fueron expedidas para formar el cuaderno de antecedentes respectivo, toda vez que se duplicarían las actuaciones por obrar los originales en autos; por tanto, se ordena la destrucción de las mismas. Requerimiento de cumplimiento. Ahora, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional en la sentencia dictada fue para los efectos siguientes: "1. Dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 2135/2018, y sus consecuencias legales, a partir de la diligencia del citatorio de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. 2. Hecho lo anterior, ordene reponer el procedimiento a efecto de que se lleve a cabo el llamamiento a juicio según las reglas de la legislación aplicable." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, de cumplimiento al fallo protector y dentro del citado término remita la totalidad de constancias que acredite el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o bien, informe el impedimento legal que tengan para ello. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, o bien en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad antes señalada, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de diversas autoridades ligadas por cualquier motivo a las autoridades responsables, éstas deberán, dentro del término que les ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Sin que sea el caso requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable antes mencionada, para que le ordene cumplir con la ejecutoria de que se trata, de conformidad con el párrafo tercero, del artículo 192 de la referida ley, toda vez que las autoridades pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Baja California, carecen de superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, por no encontrarse sometidas a la potestad de autoridad alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola." Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, uno de diciembre de dos mil veinte. Admite recurso de revisión. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la parte tercero interesada en el presente juicio de amparo, en contra de la sentencia de trece de mayo del presente año, el cual quedó registrado como recurso de revisión civil 109/2020; de lo anterior, se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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