Maria Eduviges Corona Beltran
Expediente 846/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 25 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 846/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 24/03/2023
Partes del expediente
- Maria Eduviges Corona Beltran
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. Mediante sentencia dictada el diez de mayo de dos mil veintidós, se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. II. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión en contra de la citada determinación, el que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, y quien por ejecutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, revocó la sentencia recurrida, determinando otorgar el amparo y la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. El artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone que en la sentencia de amparo deben fijarse los efectos y medidas en que se traduce la concesión del amparo. Al respecto, el artículo 77, fracción II, de la ley en cita, señala que cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, se obligará a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir que el mismo exija. En adición a lo anterior, el numeral 1° constitucional, dispone que "Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con eta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia". En el caso, es evidente que no es factible restituir en el goce del derecho violado a la parte quejosa, en cuanto a los pagos retrasados de sus pensiones que ya se efectuaron, porque no se puede retrotraer el tiempo ni reparar los perjuicio que durante ese lapso sufrieron los agraviados, al no recibir el pago oportuno. No obstante, la manera de restituir los derechos violados es evitar que las autoridades responsables incurran en nuevas violaciones; para lo cual es posible expandir los efectos de la protección constitucional, a fin de que se asegure que los pagos subsecuentes de la pensión de la impetrante, se realicen en tiempo, porque de esta manera, se asegura la protección más amplia a que hace referencia el artículo 1° Constitucional. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional otorgada tiene el alcance de obligar a las autoridades responsables a dejar sin efecto cualquier acto que implique omitir, negar, suspender, modificar, cancelar, embargar, retener o retrasar el pago de las pensiones de la quejosa. Asimismo, ya que la pretensión de la impetrante radica en que cada mes se les pague oportunamente su pensión y no se retrase dicho pago, es jurídicamente seguro que los efectos del fallo protector comprendan dichos desfases futuros por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto mencionado, realicen los pagos de pensión futuros, de manera mensual, los dos últimos días hábiles de cada mes, como lo establece el artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ? el Manual de Procedimiento Específico para la Elaboración y Pago de la Nómina de Pensionados y Jubilados del mencionado Instituto. Para lo cual, deberán girar los oficios necesarios a las autoridades correspondientes, a fin de que se asegure el pago oportuno de la pensión, incluso podrá vincularse al cumplimiento de la presente ejecutoria, a cualquier autoridad que con motivo de sus atribuciones tenga intervención en dicho pago. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 139/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 941 del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS." Ahora bien, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone que el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plano de cumplimiento, tomando en cuenta su complejidad o dificultad, de manera razonable y estrictamente determinado, se procede a delimitar los efectos de la protección constitucional otorgada, con la finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de la presente ejecutoria. Para ello, debe tomarse en consideración, que de no limitarse el periodo de vigilancia del cumplimiento del amparo, imposibilitaría al Juez de Distrito para que pudiera tener por cumplida la ejecutoria de amparo, quedando el expediente en trámite de ejecución por tiempo indefinido. En tal virtud, se estima que el plazo de cuatro meses es razonablemente correcto para que la juez de Distrito vigile que las autoridades responsables den cumplimiento puntual a la presente ejecutoria; en el entendido que, agotado dicho lapso, podrá emitir pronunciamiento sobre si la sentencia de amparo se encuentra cumplida. En la inteligencia de que, si se llega a declarar cumplido el fallo protector y las autoridades nuevamente en el retraso de pago de pensiones, la quejosa tendrá expeditos sus derechos para agotar los medios de defensa previstos en la Ley de Amparo, a efecto de lograr el cumplimiento del fallo protector. Apoya lo anterior; por identidad jurídica, ya que en el caso se trata de un amparo indirecto; la jurisprudencia 2a./J. 33/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 926 del libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." No obstante que el Jefe del Departamento de Nomina de Pensiones y Jubilaciones del Instituto en cuestión, no fue señalado como autoridad responsable en el juicio de amparo, queda vinculado a su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, que establece que todas las autoridades que tengan o deban tener que intervención al cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades responsables." III. Por lo que, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida dicha ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. IV. El nueve de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con los oficios y anexos registrados con los números de folio 17963, 1088, 1545 y 3136 remitidos por la delegada de las pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, con los cuales estimaron dar cumplimiento al fallo protector. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: I.- El catorce de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio registrado con el número de folio 17963 que remitió la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual anexó copia certificada de la constancia de transferencia bancaria a la cuenta de la quejosa********************, relativa al pago de nómina del mes de noviembre de dos mil veintidós. II.- El veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la delgada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante oficio registrado con folio 1088 remitió la copia certificada de la constancia de transferencia bancaria a la cuenta de la parte quejosa relativa al pago de nómina del mes de diciembre de dos mil veintidós. III.- Asimismo, el siete de febrero pasado, se recibió el oficio registrado con folio 1545 proveniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al cual adjuntó copia de la constancia de transferencia bancaria a la cuenta de la parte quejosa con la cual se acreditó el pago de la pensión relativo al mes de enero de dos mil veintitrés. IV.- El nueve de marzo de dos mil veintitrés, la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante oficio registrado con folio 3136 remitió certificada de la relación de firmas correspondiente a la nómina de burocracia del mes de febrero de dos mil veintitrés, de la quejosa********************. En atención a lo expuesto, se colige que las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, cumplieron con el fallo protector, pues como se evidencia ha realizado los pagos correspondientes de pensión, de manera mensual por el término de cuatro meses, tiempo que estableció el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en la resolución emitida el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el recurso de revisión administrativo 386/2022, sin que se aprecie que exista algún retraso en el pago de la misma. Ello es así pues como ha quedado evidenciado la quejosa recibió el pago de pensión de los meses de noviembre, diciembre de dos mil veintidós, enero y febrero de dos mil veintitrés; por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis del inciso a) de la fracción I artículo 18 del mismo acuerdo; por tanto, consérvese el expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración, toda vez que la suspensión definitiva por una parte fue concedida. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al ubicarse en el supuesto previsto en el inciso a), fracción II del artículo 20 del Acuerdo antes referido; por lo que se ordena dejar por separado del cuaderno principal y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Informa vías de cumplimiento a ejecutoria. Glósese a los autos el oficio de cuenta que remite la delegada de las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual remite las constancias firmadas por la quejosa********************, relativos a los meses de diciembre de dos mil veintidós y enero de dos mil veintitrés; en atención a ello, téngasele informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que se realice el pago subsecuente, esto es, el mes de febrero de dos mil veintitrés, remita copia debidamente certificada de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional) por cien; con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de enero de dos mil veintitrés. Informa vías de cumplimiento a ejecutoria. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la delegada de las autoridades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en esta ciudad, mediante el cual remite la constancia que acredita el pago de la pensión a la quejosa María Eduviges Corona Beltrán, relativa al mes de diciembre de dos mil veintidós; en atención a ello, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngaseles informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. De igual forma, informa que la quejosa María Eduviges Corona Beltrán, no se ha presentado a firmar respecto a la nómina del mes de diciembre. Requerimiento a la parte quejosa. En ese sentido, requiérase a la quejosa María Eduviges Corona Beltrán, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, acuda a las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a efecto de firmar la nómina correspondiente al mes de diciembre de dos mil veintidós, así como las subsecuentes, y lo haga del conocimiento de este juzgado o bien, dentro del citado plazo manifieste la imposibilidad que tenga para ello; bajo el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional) lo cual es relativo a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que se realice el pago subsecuente, esto es, el mes de enero de dos mil veintitrés, remita copia debidamente certificada de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cien; con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuenta. El seis de enero de dos mil veintitrés, se da cuenta con los oficios registrados con el número 179 y 180. Conste.Tijuana, Baja California, seis de enero de dos mil veintitrés. Informa vías de cumplimiento a ejecutoria. Agréguese a los autos los oficios de cuenta que remite la delegada de las autoridades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias de nómina de los meses de octubre y noviembre con firma de la parte quejosa; en atención a ello, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, téngasele informando los actos tendentes a dar cumplimiento al fallo protector. De igual forma, remite la constancia de nómina del mes de diciembre de dos mil veintidós e indica que la quejosa María Eduviges Corona Beltrán, no se ha presentado a firmar respecto a la nómina de dicho mes. Requerimiento a la parte quejosa. En ese sentido, requiérase a la quejosa María Eduviges Corona Beltrán, para que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, acuda a las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a efecto de firmar la nómina correspondiente al mes de diciembre de dos mil veintidós, así como las subsecuentes, y lo haga del conocimiento de este juzgado o bien, dentro del citado plazo manifieste la imposibilidad que tenga para ello; bajo el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos moneda nacional) lo cual es relativo a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que se realice el pago subsecuente, esto es, el mes de diciembre, remita copia debidamente certificada de las constancias con las que acredite fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cien; con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese, y personalmente a la quejosa.
Quedan 21 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes
- Maria del Rosario Gonzalez Flores1114/2019
- Maria del Rosario Martinez Vazquez915/2022
- Maria del Rosario Munguia Ramirez774/2020
- Maria del Rosario Tirado Miranda488/2019
- Maria Dora Hernandez Salazar1385/2019
- Maria Edith Lopez Ocampo510/2023
- Maria Elena Arias1044/2019
- Maria Elena Cardoso Nuñez557/2019
- Maria Elena Carmona Resendis317/2018
- Maria Elena Frias Avila735/2020
- Maria Elizabeth Franco Candiani794/2021
- Maria Elizabeth Rojas de la Cruz91/2023