María Eira Ramos Sánchez

Expediente 786/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
786/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • María Eira Ramos Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por María Eira Ramos Sánchez, contra actos del 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades. Fórmese expediente. Regístrese con el número 786/2022-VI en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. En este orden, cabe señalar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: ".XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El diverso 107, fracciones IV y V, de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a la fracción IV el juicio de amparo procede contra actos: a) fuera de juicio; b) ejecutados después de concluido el juicio; c) de ejecución de sentencia; y, d) tratándose de remates. En relación con la fracción V, el amparo procede cuando los actos u omisiones, dictados dentro del juicio natural, tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Tienen esa afectación las actuaciones o abstenciones, si sus consecuencias son susceptibles de trasgredir inmediatamente alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera. Esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga un fallo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos u omisiones reparables no tocan por sí tales valores. Sino sólo la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyen para que la sentencia sea adversa a los intereses de la parte agraviada. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la amplitud de la norma contenida en la fracción V (imposible reparación), sintetizada en el párrafo que antecede, da pauta para interpretar la fracción IV (actos fuera de juicio o después de concluido) en el sentido que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. El criterio citado encuentra sustento en la Jurisprudencia 608 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, Materia Común, página 674, Novena Época, registro 1002674, siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la amplitud de la norma contenida en la fracción V (imposible reparación), sintetizada en el párrafo que antecede, permite interpretar la fracción IV (ejecución) en el sentido que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierten los siguientes antecedentes: 1. La quejosa promovió jurisdicción voluntaria para acreditación de hechos. Misma que fue radicada bajo el expediente número 899/2022-M-IV por el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz. 2. Seguida la secuela procesal, el quince de agosto de dos mil veintidós se dictó la resolución correspondiente que le puso fin. 3. Dos días después, la impetrante se presentó a las instalaciones de dicho órgano jurisdiccional para obtener copias certificadas. Sin embargo, ello no fue posible porque la autoridad no contaba con boletas de pago. 4. El veinticuatro del mes pasado, acudió nuevamente para solicitar las copias. No fue posible, ya que le informaron el expediente no estaba en el archivo por lo que le indicaron revisara en las listas. 5. La quejosa aduce este debe estar en el archivo. Agrega la negativa de expedirle copias le causa afectación porque ahora debe promover para obtenerlas. Así, es dable establecer lo reclamado por la quejosa consiste medularmente en: La negativa de expedirle copias certificadas del expediente número 899/2022-M-IV del índice del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Veracruz, Veracruz. Primeramente, porque la autoridad no contaba con boletas de pago y, después, porque el expediente no se encuentra en el archivo de la misma, cuando ahí debe estar, lo que la obliga a promover para obtener las copias. En efecto, en términos de las fracción V, relacionada con la diversa IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se considera lo aquí combatido No es de imposible reparación. Conforme a ello, es importante precisar que, como se dijo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones fuera de juicio o después de concluido. Siempre que violen derechos sustantivos susceptibles de ser catalogados como de imposible reparación. En el asunto concreto, no se actualiza alguno de esos supuestos. Se trata de un reclamo que no viola derechos sustantivos, el cual no la deja sin medios de impugnación. De conformidad con el numeral 526 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se ha establecido que el recurso de queja procede en contra de los ejecutores o secretarios, por omisiones y negligencias en el desempeño de sus funciones. En todo caso, debe acudir ante el Juez ordenador, para impulsar el procedimiento. Ello es así, pues lo reclamado no puede verse de forma autónoma, sino después de concluido un procedimiento en el que la impetrante de amparo es parte. Incluso reclama que debe promover para obtener las copias. Además, dado lo reciente del mismo (veinticuatro del mes pasado) no implica abierta dilación. En consecuencia no se está en el caso de excepción para acudir al juicio biinstancial, puesto que no viola derechos sustantivos -negativa de expedición de copias- conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación correspondiente. Tal como la promoción del recurso de queja referido con antelación y el impulso del procedimiento a petición de parte, para el efecto de obligar a la autoridad cumpla lo solicitado. Además, que dado lo reciente de lo acontecido (veinticuatro del mes pasado) no se está ante una abierta dilación. Como apoyo a lo anterior es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, Registro 2011580, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 478, Décima Época, Materia Administrativa, registro digital 2008883, siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." Los razonamientos expuestos, ponen de relieve lo manifiesto en la causal de improcedencia del juicio constitucional. Resulta indudable, cuenta habida que, en opinión de quien esto resuelve, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes dados los lineamientos del Alto Tribunal. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracciones IV y V, aplicados a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente. Con apoyo en el dispositivo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de derechos humanos, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, téngase como lugar para recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en la demanda. AUTORIZADO. Se tiene con tal carácter en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ávila Parra, en atención a la certificación de cuenta. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la Ley federal citada. En la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos (uso de medios electrónicos y expedición de copias) se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 16/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 (prorrogado mediante el diverso 16/2022) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (por ejemplo: la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

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