María Dolores Jácome Meza
Expediente 11/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 11/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Dolores Jácome Meza
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta. Se determina: el auto que desechó la demanda de amparo (seis de enero de dos mil veintitrés) ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN -una vez transcurran tres años- al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. DOCUMENTO. Dígase a la parte quejosa que conforme al artículo 21, segundo párrafo del citado Acuerdo, se deja a su disposición los documentos exhibidos con la demanda, por el término de noventa días hábiles contado a partir de la legal notificación del presente proveído. Apercibida que de no reclamarlo en ese plazo, seguirán agregados y tendrán igual suerte que este expediente. Notifíquese y electrónicamente.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de enero de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con la demanda de amparo indirecto promovida por María Dolores Jácome Meza, por propio derecho, contra actos del 1. Consejo Estatal del Deporte del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Regístrese con el número 11/2023-I, en el libro de gobierno correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de la causa de improcedencia que resulta de relacionar el numeral 61, fracción XXIII, con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. O, en su caso, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Los elementos necesarios para la conformación de un acto emitido por una autoridad para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público (incluyendo a particulares equiparados a autoridad). 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Acorde con lo anterior, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, excluye, por regla general, los actos, sobre los cuales, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo determinan que éste resulta improcedente. Por lo que debe atenderse a la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación, subordinación y???????????? supraordinación. Las citadas relaciones jurídicas de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares. Para dirimir las controversias que surgen de ellas se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral, entre otras. La nota distintiva de este tipo de relaciones consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que impongan coactivamente las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley. Las partes están en el mismo nivel. En las relaciones de coordinación existe bilateralidad. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. Entre los que destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, reconocen una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar de gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 479 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 520, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Cuarta Sección - Partes en el juicio de amparo, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Materia Común, Novena Época, registro 1002545, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, del análisis integral del escrito de demanda y anexos se advierte el acto reclamado consiste en: -El oficio sin número de trece de diciembre de dos mil veintidós emitido por el Secretario de la Mesa Directiva del Centro Deportivo Veracruzano, Asociación Civil. Por el cual, suspende temporalmente, por un lapso de noventa días, contados a partir del catorce de ese mes, a la aquí impetrante. Lo que implica no tenga acceso a las instalaciones del citado Club deportivo. Tampoco tener participación en ningún acto o actividad deportiva que se desarrolle dentro de tales instalaciones. Sin eximir del pago de la cuota de mantenimiento. Así como, las consecuencias inherentes a ello. De la narrativa de antecedentes destaca lo siguiente: -En noviembre de dos mil seis, la quejosa adquirió los derechos del certificado de aportación número 0366 con autorización del Consejo Directivo para pertenecer y formar parte como ASOCIADA del club???????????? denominado Centro Deportivo Veracruzano, Asociación Civil, con sede en Veracruz, Veracruz. Tal como lo acredita con la cesión de derechos que obra al reverso del aludido documento exhibido en copia certificada. -En el citado Club, practica el deporte de halterofilia (levantamiento de pesas), en las instalaciones del gimnasio del Club Deportivo mencionado. -El pasado catorce de diciembre de dos mil veintidós, al llegar a las instalaciones del Centro Deportivo Veracruzano, Asociación Civil, le fue entregado por el personal administrativo un oficio sin número fechado el trece de diciembre pasado, signado por el Secretario de la Mesa Directiva. En el cual se hizo del conocimiento la suspensión temporal por un lapso de noventa días. Lo que implica no tenga acceso a las instalaciones del citado club. Tampoco participación en ningún acto o actividad deportiva que se desarrolle dentro de las instalaciones de esas. Lo anterior, debido a una falta grave, que prevé el Reglamento Interior General del Club. -De manera previa a la emisión del ocurso citado como acto reclamado, fue invitada a una reunión con miembros de la Mesa Directiva. Se celebró el siete de diciembre de dos mil veintidós. Ahí, verbalmente se le indicó "estaba siendo observada de haber ENVIADO a otros socios del CLUB documentación relacionada con la operación del mismo exponiendo nombres completos". Aduce con motivo del acto reclamado, es objeto de una decisión imperativa de un organismo deportivo y asociación deportiva quien refiere actúa ejerciendo atribuciones equivalentes a los actos de autoridad de manera unilateral. Pues indica ha decidido y ejecutado privarla de su derecho a la práctica del deporte en sus instalaciones. Sin embargo, la narrativa concatenada con los documentos que adjuntó a su demanda ponen de manifiesto la existencia previa de la calidad de asociada de la quejosa. Por lo que la relación jurídica entre ella y los demás asociados así como su Directiva deriva de estatutos y la normativa interna del club deportivo señalado como autoridad responsable, para poder ocupar las instalaciones deportivas. De ahí que lo relativo al cumplimiento de las normas internas se hace en un plano de igualdad. Y a fin de cuestionar en todo caso las decisiones de sus miembros actuando como Directiva debe acudirse a las vías ordinarias donde los particulares ventilan los conflictos que entre ellos surgen con motivo de su relación jurídica como Asociación. Esto es así, pues el Centro Deportivo Veracruzano, Asociación Civil, con sede en Veracruz, Veracruz, como se advierte de los antecedentes de la demanda de amparo, es una asociación que tiene como objeto el uso de las instalaciones para desarrollar fines deportivos y realizar la práctica del deporte como actividad física. Lo anterior, a fin de fomentar dicha práctica entre los asociados y usuarios que a él pertenecen. Ente que actúa con base en su normativa interna y sus estatutos. Los cuales rigen únicamente a los miembros que por su voluntad se afiliaron a dicha Asociación. Y que partiendo de dichos estatutos, las decisiones que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas únicamente tendrán efectos para sus miembros. Ello derivado del derecho interno que rige las relaciones entre éstos. De ahí que el acto por el cual se duele la parte quejosa derive de una normativa interna. Que en uso de sus facultades la Directiva correspondiente aplica para su debido funcionamiento. Cuestión que se encuentra??????????? comprendida dentro del ámbito del derecho privado, dentro de una relación lineal o de coordinación entre ésta y sus afiliados. Por consiguiente, el acto reclamado no se puede considerar como de autoridad para la procedencia del juicio de amparo. Al estar en un plano de igualdad, es decir, el Centro Deportivo Veracruzano, Asociación Civil al emitir la determinación por conducto de su Directiva -quien expide el oficio combatido por conducto de su Secretario- actúa como un particular frente a otro particular. Por lo que carece del carácter de autoridad. Incluso, en el caso se estima oportuno traer a colación el artículo 2603 del Código Civil del Estado de Veracruz. Establece que, cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea por su propia naturaleza transitoria, para realizar un fin artístico, deportivo, científico, literario, estético, educativo u otro cualquiera no prohibido por la ley, y que además no tenga preponderantemente carácter lucrativo o económico, constituyen una asociación. Así también, el diverso 2606 del mismo ordenamiento legal dispone las asociaciones se regirán por sus estatutos. Y el numeral 2607 del citado código sustantivo de la entidad, otorga la facultad a una asamblea general como poder supremo. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a estos documentos. En esa medida los actos que ahora impugnan los quejosos a la citada persona moral son cuestiones derivadas del contrato social de la sociedad civil. Por lo que debe ser considerado como acto entre particulares y no como acto de autoridad. En tales condiciones, el oficio de catorce de diciembre de dos mil veintidós por el cual, se suspende temporalmente, por un lapso de noventa días a la aquí quejosa para el acceso a las instalaciones del Centro Deportivo Veracruzano, Asociación Civil, atribuido a ésta y veda durante ese periodo su participación en las actividades dentro de esas instalaciones, al derivar de la normativa interna del propio Club y sus estatutos, no implican las autoridades hayan ejercido facultades de decisión atribuidas por la ley de la materia que afecten la esfera jurídica del particular. Solo se limitaron a imponer las sanciones ante el incumplimiento del contrato de asociación civil pactado. Por lo que con su actuar, no modifican o extinguen una situación jurídica que afecte la esfera legal de la aquí impetrante. Se considera oportuno citar como criterio orientador la tesis XV.6o.2 K (10a.) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito (registro 2017779), que se publicó en la página 2270, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "ACTOS DE PARTICULARES EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS DECISIONES OBLIGATORIAS QUE EMITA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA SUS MIEMBROS. Las decisiones emitidas por el consejo de administración de una sociedad anónima, con carácter obligatorio para sus miembros, no son actos equivalentes a los de autoridad para efectos del amparo, porque de conformidad con el artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no basta que la quejosa atribuya al particular señalado como autoridad responsable, la emisión de actos en forma unilateral y obligatoria, por estimar que podrían afectar sus derechos, al tener el alcance de crear, modificar o???????????? extinguir situaciones jurídicas; pues para poder determinar que aquél reviste esa calidad en el juicio de amparo indirecto, el precepto citado exige, además, que las funciones del particular estén determinadas por una norma general, en sentido material y formal; condición que no se actualiza en el caso del consejo de administración de una sociedad anónima, ya que si bien la Ley General de Sociedades Mercantiles permite a los ciudadanos formar diversos tipos de asociaciones o sociedades, entre éstas, las anónimas, otorgándole a sus integrantes las facultades para crear las reglas que regirán, tanto su organización y funcionamiento, como las relaciones entre sus socios o asociados, las cuales son fuente de derechos y obligaciones exigibles frente a los órganos jurisdiccionales; lo relevante, para la procedencia del juicio de amparo, es que no encuadran en la categoría de normas generales a que alude el artículo 107, fracción I, de la ley aludida, por no emanar de órganos del Estado ni ser de observancia general." Sin que, desde luego se esté en el caso de señalar específicamente a la quejosa, cuáles serían los medios de defensa idóneos a los que deberá acudir a fin de lograr como parte en el juicio ordinario hacer respetar sus derechos, con base en la Jurisprudencia 2ª./J.125/2012 (10ª) de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País, publicada en la página 1583, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, Materias Constitucional, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2002215, con rubro y texto siguientes: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." Esta determinación se toma sin soslayar la quejosa además del Centro Deportivo Veracruzano, Asociación Civil (Mesa Directiva y el Secretario), señala como responsables al Consejo Estatal del Deporte; Director del Instituto Veracruzano del Deporte; y Patronato de Fomento Deportivo, todas del Estado de Veracruz. Sin embargo, ello no varía el sentido de la presente decisión. Por las consideraciones expuestas, quedó de manifiesto la naturaleza del reclamo deriva de normas internas y estatutos con carácter obligatorio para los miembros de la Asociación Civil. Por lo que las determinaciones emitidas en cumplimiento a éstos se hacen en un plano de igualdad. Máxime que en el oficio precisado como acto reclamado no se advierte injerencia alguna por parte de autoridades diversas a las del Centro Deportivo Veracruzano, Asociación Civil (Mesa Directiva y el Secretario).
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