María Edith Vargar Arias

Expediente 175/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
175/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
29/04/2021

Partes del expediente

  • María Edith Vargar Arias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales. Notifíquese. Autoridad Correo Titular de la Dirección General del Instituto de Salud para el Bienestar juan.ferrer@salud.gob.mx Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas del Instituto de Salud para el Bienestar victor.lamoyi@salud.gob.mx Titular de la Dirección de regularización de Personal del Instituto de Salud para el Bienestar arodriguez@salud.gob.mx Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar alberto.hernandez@salud.gob.mx Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 5 Huejotzingo, de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla 01-227-27-6-03-77 01-227-27-6-15-23 Carretera Huejotzingo-Santa Ana Xalmimilulco Km1.7, Huejotzingo, Puebla

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Sin mayor proveído. El Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, por sí y en representación del Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas, del Director de Regularización de Personal y del Director de General, todos del Instituto de Salud para el Bienestar, rinde los informes justificados respectivos. No obstante, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense únicamente para que obren como corresponda, toda vez que el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo indirecto. Delegados. Téngase como delegados a las personas que señala, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Domicilio. En términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene por señalado el domicilio para oír y recibir notificaciones que indica. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia Es menester precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se advierten los siguientes datos. Parte quejosa: *** Autoridades responsables: (i) Dirección General del Instituto de Salud para el Bienestar; (ii) Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas; (iii) Titular de la Dirección de Regularización de Personal; (iv) Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos; (v) Secretaría de Salud del Estado de Puebla; (vi) Director General de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; (vii) Jefa de Jurisdicción Sanitaria 5 Huejotzingo; (viii) Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; (ix) Director del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) San Pedro Cholula, Puebla; y (x) Director del Área de Recursos Humanos del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) San Pedro Cholula, Puebla. Acto reclamado: La orden de presentarse a laborar en el área covid-19 del Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Pedro Cholula, Puebla, a pesar de formar parte de uno de los grupos de mayor vulnerabilidad de contagiarse del virus SARS-CoV2, al encontrarse en estado de gestación -embarazo-. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Cobra aplicación al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, en atención a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, para justificar la actualización de la causa de improcedencia invocada conviene transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y derivado de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa. Dicho en otras palabras, cesarán los efectos del acto reclamado en el supuesto de que se dejen de afectar los derechos fundamentales de las personas, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o como si se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Son aplicables al caso, las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la idea jurídica contenida en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, resultan aplicables los siguientes criterios sostenidos por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que disponen lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto y la fracción citados prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; sin embargo, esta causal no puede tener un alcance irrestricto cuando se trate de un juicio de amparo directo relacionado con otro, por impugnarse en ambos una misma sentencia y, en uno de ellos, se otorga la protección constitucional; es decir, es inadmisible una interpretación extensiva que lleve a sobreseer cuando en un juicio se deje insubsistente la sentencia reclamada, sin distinguir la causa de invalidez -por vicios de fondo, procesales o de forma-, pues debe partirse de la premisa de que la insubsistencia formal de la resolución o el acto impugnado no deja sin materia a un medio de control constitucional, ya que ello no implica necesariamente la supresión de todas las condiciones estimadas como violatorias de derechos humanos. Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el ejercicio de escrutinio constitucional hecho sobre el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, en la tesis aislada 1a. CCXLII/2013 (10a.)(*), que establecía idéntica causal de improcedencia. De ahí que, como en su momento se concluyó respecto de la ley abrogada, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, no viola los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, si se interpreta de conformidad con su ámbito protector, esto es, debe estimarse que no se actualiza la cesación de efectos del acto reclamado cuando formalmente se deja insubsistente la sentencia reclamada al concederse el amparo en el juicio relacionado y la parte quejosa plantea violaciones cuyo estudio es técnicamente posible, pues con base en el principio de concentración contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, constitucional, y el derecho humano de tutela judicial efectiva, que exige proveer un medio idóneo y eficaz para lograr el estudio de violación de derechos humanos, debe maximizarse el derecho a la administración de justicia pronta y completa. Por tanto, debe ser la viabilidad técnica de estudio de la materia del amparo directo relacionado, el criterio rector que ha de determinar cuándo se actualiza la causal de improcedencia referida." Ahora, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia señalada, conviene precisar los antecedentes de este caso que se obtienen tanto de la demanda de amparo como de las constancias que obran en autos, y que medularmente son los siguientes: a) La quejosa manifiesta ser personal de salud adscrita al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) San Pedro Cholula y que por indicación verbal de la Directora de Operación de Personal, se encontraba asignada al Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) San Pedro Cholula, el cual se encuentra destinado a atención de pacientes con covid-19. b) Indica que el siete de enero de dos mil veintiuno informó verbalmente al Director del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) que se encontraba en estado de embarazo, por lo que el tres de enero siguiente le entregó el resumen médico sobre su estado gestacional tanto al referido Director como a la Jefa de Jurisdicción Sanitaria 5 Huejotzingo, quienes le indicaron, de manera verbal, que se retirara a su domicilio y que realizara sus actividades laborales desde casa, a efecto de justificar su asistencia. d) El veintidós de enero de dos mil veintiuno le informaron -vía telefónica- que por órdenes de Director del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) y la Directora de Recursos Humanos de la referida institución, debía proporcionar justificante o incapacidad que avalara los días en que se ausentó, pues de lo contrario pasarían el reporte al Área Central de Puebla. e) Posteriormente, la quejosa se presentó con la Coordinadora del Programa INSABI, a fin de explicarle su situación, no obstante le refirieron que dado el tipo de su contratación, no era posible que le otorgaran licencia o incapacidad por estado gestacional o de maternidad, por lo que tenía que regresar a laborar de manera inmediata. f) Derivado de lo anterior, la quejosa promovió este juicio de amparo en el que señaló como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades responsables reclamo la repetitiva orden de cumplir la jornada laboral de manera normal, acudiendo a las instalaciones de "AREA COVID" del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) SAN PEDRO CHOLULA, ello en total contradicción al ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por la Secretaria de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que LA SUSCRITA ME ENCUENTRO DENTRO DEL GRUPO DE PERSONAS CON RIESGO A DESARROLLAR ENFERMEDAD GRAVE Y/O MORIR A CAUSA DE ELLA, DADO MI ESTADO DE GRAVIDEZ." g) En auto de diecinueve de febrero del año en curso, se admitió a trámite la referida demanda de amparo y se concedió la suspensión de plano para los siguientes efectos: "Bajo ese panorama, atendiendo a la normatividad Federal y Estatal establecida con motivo de la pandemia de COVID-19, y dado que la quejosa se encuentra en estado de gestación, se ubica en un estado de vulnerabilidad para laborar, aunado a que en el Estado de Puebla existe -por el momento- alerta máxima de riesgo epidemiológico, lo que puede poner en riesgo su vida, entonces se decreta de plano la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: 1. Partiendo de la base que la quejosa exhibió constancias médicas, de cuyo contenido se desprende que se encuentra en estado de gestación, lo que la ubica en situación de vulnerabilidad manifiesta, las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de sus competencias, otorguen a modo de permiso con goce de sueldo y demás prestaciones de ley permitidas, durante el periodo de su embarazo, para que se le exente de acudir a su fuente de trabajo; siempre y cuando no exista imposibilidad jurídica alguna justificable para tal efecto. 2. Las autoridades responsables deberán informar, dentro de un plazo no mayor de veinticuatro horas, las gestiones que realicen en cumplimiento a esta determinación. 3. Asimismo, en el plazo de tres días deberán remitir la determinación en el que hayan plasmado el permiso con goce de sueldo y demás prestaciones de ley, para que la quejosa se ausente de presentarse a su centro de trabajo; apercibidas que si al rendir su informe expresan un hecho falso o niegan la verdad se les impondrán las sanciones previstas en el artículo 262 de la Ley de Amparo19; para tal efecto, remítase copia simple de la demanda de amparo y hágase de su conocimiento que podrán remitir la información conducente, así como las constancias con las que acrediten sus manifestaciones al correo electrónico 7jdo6ctoacaljf@correo.cjf.gob.mx o, bien, presentarlas por escrito." f) En cumplimiento a lo anterior, el Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas, el Director de Regularización de Personal y el Director de General, todos del Instituto de Salud para el Bienestar, por escrito de uno de marzo de este año informaron que mediante oficio DOP/1792/2021 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, informó que a partir del veinte de febrero de dos mil veintiuno la quejosa María Edith Vargas Arias, se encuentra en confinamiento con goce de sueldo y demás prestaciones de ley permitidas, exentándola de acudir a su fuente de trabajo. Luego, por oficio de dos de marzo de este año, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y del Organismo Público Descentralizado Denominado Servicios de Salud del Estado de Puebla, informaron que mediante oficio CESSA CH/170/2021 de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, el Director del CESSA de San Pedro Cholula, Puebla, remitió a la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, el diverso oficio CESSA CH/168/2021 de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, notificado a la quejosa María Edith Vargas Arias, en el cual se le informó que estará en confinamiento con goce de sueldo y demás prestaciones de ley permitidas, exentándola de acudir a su fuente de trabajo durante todo el periodo de su embarazo. Lo anterior se corrobora con la siguiente constancia remitida por la responsable: Con base en lo relatado, se estima que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debido a que ha quedado satisfecha la pretensión toral de la quejosa. En efecto, conviene recordar que a través de este juicio de amparo la quejosa pretendía lo siguiente: Que se le permitiera ejercer un resguardo domiciliario y, por tanto, se le permitiera suspender sus labores, sin afectación a su salario y demás prestaciones. De esta manera, si el uno de marzo de este año el Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas, el Director de Regularización de Personal y el Director de General, todos del Instituto de Salud para el Bienestar, informaron que mediante oficio DOP/1792/2021 de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, informó que a partir del veinte de febrero de dos mil veintiuno la quejosa María Edith Vargas Arias, se encuentra en confinamiento con goce de sueldo y demás prestaciones de ley permitidas, exentándola de acudir a su fuente de trabajo durante el periodo de su embarazo, entonces se arriba a la convicción de que han cesado los efectos del acto reclamado, debido a que la pretensión de la quejosa se ha visto satisfecha en su totalidad. En consecuencia, se estima que han cesado los efectos de los actos reclamados al haberse determinado el confinamiento de la quejosa durante el periodo de su embarazo con goce de sueldo y demás prestaciones de ley permitidas, por lo que sus efectos desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular. Además, conviene recordar que en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno se concedió la suspensión de plano para el efecto de que las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de sus competencias, otorgaran licencia con goce de sueldo a la quejosa durante su periodo de embarazo, -siempre que para ello no existiera imposibilidad jurídica alguna para tal efecto-. Consecuentemente, si como quedó evidenciado las autoridades responsables no advirtieron imposibilidad alguna para otorgar a la quejosa el resguardo domiciliario que solicitó sin afectación a su salario y demás prestaciones y, por tanto, decidieron exentarla de acudir a laborar de manera presencial durante todo el tiempo en que dure su embarazo, como medida para protegerla por ser vulnerable ante la propagación del virus SARS-CoV2, se arriba a la convicción de que su pretensión ha quedado satisfecha. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer respecto del acto reclamado atribuido a la Directora de Operación de Personal de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, el cual por vía de consecuencia se hace extensivo a las restantes autoridades señaladas como responsables. Finalmente, es preciso hacer saber a las autoridades responsables que si bien la determinación que adoptaron condujo a decretar el sobreseimiento de este juicio, ello no implica que con posterioridad puedan modificar la situación de la quejosa de manera arbitraria, pues cualquier decisión que adopten, deberá estar justificada en las disposiciones legales aplicables y tendentes a garantizar los derechos fundamentales de la quejosa. Además, no debe soslayarse que es obligación de todas las autoridades estatales y federales, en el ámbito de sus competencias, procurar el grado máximo posible de protección a la salud en favor de las personas, lo que incluye, la seguridad del personal médico u operativo que labora en ese tipo de hospitales. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las catorce horas con cuarenta minutos del siete de abril de dos mil veintiuno. Por lo tanto, una vez que cause estado este proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Titular de la Dirección General del Instituto de Salud para el Bienestar juan.ferrer@salud.gob.mx Titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Administración y Finanzas del Instituto de Salud para el Bienestar victor.lamoyi@salud.gob.mx Titular de la Dirección de regularización de Personal del Instituto de Salud para el Bienestar arodriguez@salud.gob.mx Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de Salud para el Bienestar alberto.hernandez@salud.gob.mx Jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 5 Huejotzingo, de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla 01-227-27-6-03-77 01-227-27-6-15-23 Carretera Huejotzingo-Santa Ana Xalmimilulco Km1.7, Huejotzingo, Puebla

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Autoridad informa. La Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, por medio del oficio de cuenta realiza diversas manifestaciones, de las que destaca lo siguiente: Que el estudio técnico dictado en el oficio IV.7.3/524/10 E.T. de tres de noviembre de dos mil diez, ha excedido el periodo de vigencia, por lo que mediante acuerdo de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó la revisión de la vigencia acorde a la zona de estudio y el servicio de transporte que se presta a la misma. Por lo que con memorándum SMT/DIG/DI/053/2021 de la misma fecha fue remitido el expediente 524/2010 al área técnica a fin de determinar su vigencia. Conocimiento. Se toma conocimiento de lo informado y con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de mérito para que surta sus efectos legales conducentes. Requerimiento. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla lo siguiente: En el plazo de cinco días, informen la resolución emitida por el área técnica respecto a la vigencia del estudio técnico IV.7.3/524/10 E.T., o en su caso, la emisión de uno nuevo. Determinada la vigencia o emitido el nuevo estudio técnico, en el plazo de cinco días, emita la resolución correspondiente en el expediente 524/2010, es decir, deberán resolver si es procedente la ampliación del parque vehicular a favor de los terceros interesados en el presente juicio. Apercibimientos. Subsisten los apercibimientos decretados en el auto en que se declaró firme la sentencia de amparo y se requirió el cumplimiento del fallo. Correo electrónico. Se le tiene señalando un correo electrónico para comunicaciones no procesales, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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