María Dolores Pérez Rivera
Expediente 906/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 53 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 15/04/2021
Partes del expediente
- María Dolores Pérez Rivera
- Corporacón Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de abril de dos mil veintiuno. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad en contra del auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: (.) b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional (..)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales. Devolución. Se ordena devolver el legajo de pruebas a la autoridad responsable. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta, el estado actual que guardan los presentes autos y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista que les fue otorgada mediante auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito; por lo que, este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia emitida el dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "En atención a lo anterior, las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, deberán proceder en los términos que enseguida se indican: Pagar la indemnización correspondiente a la parte quejosa, la cual deberá consistir en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos la autoridad deberá aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos, así como las demás prestaciones a que tenga derecho; Cubrir las prestaciones relativas a los servicios de salud de la solicitante del amparo, así como de sus coasegurados, a cargo de la dependencia o institución de salubridad correspondiente, hasta en tanto se le cubran la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. Asimismo, si la legislación aplicable establece la conservación de derechos a recibir los servicios de salud, dicho beneficio comenzará a aplicarse a partir de que se haga la liquidación correspondiente. Ordenar la anotación en el expediente personal de la quejosa, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separada, destituida o removida de manera injustificada." Ejecutoria. Mediante ejecutoria emitida el veintiuno de mayo de dos mil veinte en el recurso de revisión 41/2020 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, confirmó la sentencia recurrida y, en consecuencia, se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Cumplimiento. A. Pago de indemnización constitucional y demás prestaciones. Previa tramitación del incidente de liquidación de sentencia, las autoridades responsables de la Corporación Auxiliar de la Policía de Protección Ciudadana exhibieron el cheque 0029611, expedido a favor de la quejosa ***, por la cantidad de $244,690.89 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 89/100 m.n.), por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En diligencia de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, la quejosa compareció a las instalaciones de este juzgado a recoger el cheque. Asimismo, en auto de veintiocho de enero de dos mil veintiuno se requirió a la quejosa para que en el plazo de tres días informara si había podido cobrar el cheque, o en su caso, informara la imposibilidad; bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, se entendería que sí cobró el cheque. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado y se tiene a la quejosa María Dolores Pérez Rivera, por pagada de la indemnización constitucional y demás prestaciones a que fueron condenadas las autoridades responsables. B. Prestaciones relativas a los servicios de salud. Asimismo, las autoridades responsables de la Corporación Auxiliar de la Policía de Protección Ciudadana acreditaron seguir cubriendo las prestaciones relativas a los servicios de salud de la quejosa, así como de sus coasegurados, a cargo del Hospital de la Corporación Auxiliar de la Policía de Protección Ciudadana, hasta que se cubrió la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho, tal como enseguida se evidencia: C. Anotación en el expediente personal de la quejosa y en el Registro Nacional de Seguridad Pública, la baja injustificada del cargo. Finalmente, de autos se advierte que las autoridades responsables acreditaron haber realizado la anotación en el expediente personal de la quejosa, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separada de manera injustificada. Como consta de las impresiones fotográficas siguientes: Conclusión. En este tenor, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, tres de marzo de dos mil veintiuno. La autorizada no está facultada para promover. ***, autorizada de la parte quejosa, informa que *** sí pudo cobrar el cheque que amparaba la cantidad de $244,690.89 (doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos 89/100 m.n.), exhibido por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, solicita que se requiera a la Corporación Auxiliar de la Policía de Protección Ciudadana del Estado de Puebla para que devuelva a la parte quejosa sus documentos personales y oficiales. Sin embargo, *** es autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no se encontró registro de su cédula profesional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, resulta improcedente acordar el citado escrito dado que la autorizada *** carece de facultades para promover en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista con cumplimiento. Visto el estado de autos se advierte que las autoridades responsables de la Corporación Auxiliar de la Policía de Protección Ciudadana, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, acreditaron lo siguiente: 1. Que los servicios de salud de la quejosa ***, así como de sus coasegurados, se les proporcionarían a través del Hospital de la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, hasta que le fuera cubierta la indemnización y demás prestaciones; 2. Que se realizó la anotación en el expediente personal de la quejosa, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que *** fue dada de baja injustificadamente; y, 3. Que se pagó a la quejosa ***, la cantidad de ***, por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, a través del cheque número 0029611, entregado a la impetrante en diligencia de veintisiete de enero del año en curso. En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a la parte quejosa con las constancias de cumplimiento a la ejecutoria, por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibida que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Ahora, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como los oficios con sus anexos remitidos en cumplimiento al fallo protector y registrados con los números de promociones 10123 y 10644, de manera personal a la parte quejosa. Requerimiento a la parte quejosa. Por otra parte, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se requiere a la parte quejosa *** para que en el mismo plazo de tres días, informe si pudo cobrar el cheque ***, o en su caso, informe la imposibilidad que hubiere para cobrarlo. Bajo el apercibimiento que en caso de no informar lo requerido en el plazo señalado, se entenderá que sí cobró el cheque y se emitirá el pronunciamiento respectivo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa con copia simple de los oficios registrados con los números de promociones 10123 y 10644.
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