María Dolores Pineda Gómez
Expediente 968/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Dolores Pineda Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, por medio del cual acusa recibo del disco compacto formato DVD que, en su momento, adjuntó a su informe justificado. Al respecto, se tiene por hecha tal comunicación de la que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación que antecede, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, en su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se provee: con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, ************************. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se sobreseyó fuera de audiencia. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, devuélvanse al Secretario Instructor del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, ***********************", que adjuntó a su informe justificado; del cual deberá acusar recibo dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación; lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En la inteligencia que de no hacerlo o no informar las causas que se lo impidan, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese: por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vistas las constancias que el Secretario Instructor adscrito al Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, del Poder Judicial del Estado de México, acompañó a su informe justificado consistentes en copias certificadas del expediente laboral 536/2022, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se desprende que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia que amerita el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Artículo 81. Procede el recurso de revisión: - - - I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.) Del contenido de dichos preceptos, se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así, que el primero de los artículos en cita refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral establece la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que se pronuncian cuando durante el trámite se conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a dicho principio, en el caso concreto se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La citada causal de improcedencia requiere que la autoridad responsable realice una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos; como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye: El acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el expediente 536/2022 del índice de la autoridad responsable en el que se señaló fecha lejana (siete de noviembre de dos mil veintidós), para la audiencia preliminar. Sin embargo, de las constancias remitidas por el Secretario Instructor adscrito al Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla, del Poder Judicial del Estado de México del expediente 536/2022, se advierte que: Mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se dejó sin efectos el acuerdo en el que se había señalado el siete de noviembre de dos mil veintidós para que se llevara a cabo la audiencia preliminar y se señalaron las ocho horas con treinta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, para tal efecto. En el acta mínima de audiencia preliminar del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se hizo constar que la audiencia inició vía telepresencia a las ocho horas con cincuenta y tres minutos sin la comparecencia de las partes, por lo que se suspendió la audiencia y se señalaron las once horas con treinta minutos del doce de octubre del año en curso para su reanudación. En ese contexto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo en la que eventualmente se ordenara a la autoridad responsable dejar sin efectos el auto mediante el cual señaló las dieciséis horas del siete de noviembre del año que transcurre para que tenga verificativo la audiencia preliminar, cuando jurídica y materialmente dicho auto ya quedó sin efectos al haber sido sustituido por el diverso de diecinueve de septiembre del año en curso, en los que el propio Secretario Instructor regularizó el procedimiento y señaló las ocho horas con treinta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia preliminar Por lo que, al cesar los efectos del acto reclamado, las cosas quedaron como si se hubiera concedido la protección constitucional. Al respecto, resulta aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, atendiendo a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con quince minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y vía electrónica a la quejosa.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario Instructor del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, a través del cual rinde informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el referido informe por el término continuo y genérico de ocho días. Se tienen como medios de contacto el correo electrónico y número telefónico que proporciona la quejosa, para los efectos y fines legales previstos en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota de lo anterior. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida y admitida la prueba que adjunta la autoridad responsable, con la que se dará nueva cuenta en la audiencia constitucional. En la inteligencia que el "DVD" disco compacto que exhibe la responsable se le da el trato de documental, pues así se determinó en la tesis jurisprudencial 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Notifíquese: por lista a las partes.
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