María Dolores González Díaz

Expediente 606/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
606/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/09/2021

Partes del expediente

  • María Dolores González Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos únicamente para que obre como correspondan el oficio de cuenta, signado por la Jueza de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; lo anterior, toda vez que ya obra en autos el citado oficio, y mediante acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, se proveyó sobre el particular. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el proveído por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****************, no se notificó a la impetrante de garantías de manera personal, a pesar de que así se ordenó en el auto referido. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa, el auto por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****************, de treinta de junio de dos mil veintiuno, así como el presente proveído, en el domicilio indicado en su escrito inicial de demanda, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. En consecuencia, se INSTRUYE a los actuarios adscritos a este juzgado, para que de manera inmediata realicen la diligencia en comento. Notifíquese: PERSONALMENTE a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citatorio y se procede notifica a la parte quejosa, de los ACUERDOS DE VEINTITRES DE AGOSTO Y TREINTA DE JUNIO, AMBOS DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió PERSONA ALGUNA AUTORIZADA notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: "... Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el proveído por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****************, no se notificó a la impetrante de garantías de manera personal, a pesar de que así se ordenó en el auto referido. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa, el auto por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****************, de treinta de junio de dos mil veintiuno, así como el presente proveído, en el domicilio indicado en su escrito inicial de demanda, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. En consecuencia, se INSTRUYE a los actuarios adscritos a este juzgado, para que de manera inmediata realicen la diligencia en comento. Notifíquese: PERSONALMENTE a la parte quejosa. . . ." y el diverso de treinta de junio del año en curso que dice: " . . . Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, treinta de junio de dos mil veintiuno. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve ******************, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad, que los hace consistir en: Todos y cada uno de los actos procesales llevados a cabo, en el expediente 157/2020, en especial el acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, por el cual se admitió a trámite la demanda incidental, inclusive la sentencia interlocutoria que pueda dictarse, así como la ejecución de la misma. Radicación y registro de la demanda Fórmese expediente impreso y electrónico. Regístrese bajo el número de expediente 606/2021-VI. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De igual forma, en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Asimismo, en la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En la especie se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que establecen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.). Respecto de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en esencia, expuso las siguientes consideraciones: En la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno, éste interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desechaba la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionaran derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, precisa que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí, puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, concluyó el Máximo Tribunal que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De modo tal que, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Concepción que, a juicio del Máximo interprete, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Ahora bien, para establecer si procede el amparo indirecto en contra del auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 157/2020 de su índice, por el cual refiere que señaló a diversa persona como promovente y por el cual se admitió a trámite la demanda incidental, inclusive la sentencia interlocutoria que pueda dictarse, así como la ejecución de la misma; aunado a todos y cada uno de los actos procesales llevados a cabo, en el expediente 157/2020, debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por los actos reclamados son o no de imposible reparación. En el caso, se estima que con los actos reclamados no producen una afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo consagrado por los derechos fundamentales, cuyas consecuencias no sean reparables, aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; ya que de la demanda de amparo se advierte que, los actos que reclama la parte quejosa, y en especial el de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, no podrían considerarse de imposible reparación por trasgresión a un derecho sustantivo. Ciertamente, ya que en esencia se reclama el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, en el que refiere solicitó a la responsable la regulación (sic) del procedimiento consistente en el apercibimiento al demandado incidental, en su calidad de administrador de la sociedad conyugal, rindiera el informe que le fue solicitado, lo que dice no se acordó de conformidad. Lo anterior, además de reclamar, todos y cada uno de los actos procesales llevados a cabo en el expediente 157/2020 del índice de la responsable. Actos los anteriores, que no podrían considerarse de imposible reparación por trasgresión a un derecho sustantivo, e incluso tal circunstancia, podría controvertirse a través del medio ordinario de defensa, en caso de que la sentencia dictada en el juicio de origen le fuera desfavorable, e incluso en el juicio de amparo directo que pudiere promoverse contra la sentencia definitiva y el recurso correspondiente, en términos de lo previsto en el artículo 172, fracción IV, en relación con la VI de la Ley de Amparo. Sin que obste, el hecho de que el efecto del juicio de amparo directo que pudiere promoverse contra la sentencia definitiva, sea retrotraer todo el procedimiento para subsanar deficiencias de origen, lo cual se estima no implica indefensión, ni violación a derechos sustantivos del quejoso. En ese contexto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el presente juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra de los actos que por esta vía se combaten, porque dichos actos se refieren a una cuestión de carácter meramente procesal, que no afectan materialmente derechos sustantivos de la quejosa, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera. En dichas circunstancias, no se advierte que exista una violación por parte de las autoridades responsables, además, no existe disposición alguna que pudiere fundamentar como razón jurídica la excepción en el caso que se analiza pues, en el nuevo marco constitucional, sólo existe la disposición de procedencia del juicio de amparo indirecto, al tratarse de actos dictados en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, única y exclusivamente cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra de los actos que por esta vía se combaten, porque dichos actos se refieren a cuestiones de trámite; esto es, se trata de actos netamente procesales. Lo que evidentemente no constituyen actos dictados en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, porque los efectos que los actos reclamados producen, no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por lo que, en su caso, la eventual violación deberá reclamarse una vez que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de origen, siempre y cuando la misma haya sido adversa a los intereses de la parte quejosa. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que los actos reclamados, no transgreden de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo de la quejosa. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa de la demanda de amparo. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba hacerse alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para efectuarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; de no ser así, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. MEDIOS ALTERNATIVOS DE CONTACTO. Por otra parte, con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 5/2021 también del Pleno, únicamente en cuanto a su vigencia, requiérase a las partes, para que proporcionen un correo electrónico y número telefónico como medio alternativo de contacto, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. En ese tenor, se tienen por señalados los medios alternativos de contacto que proporciona la quejosa para los efectos previstos en el artículo 5, fracción I, del referido Acuerdo General. TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA LÍNEA. Con fundamento en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, modificado por el diverso 5/2021 también del Pleno, únicamente en cuanto a su vigencia, se exhorta a las partes en este juicio de amparo, para que, de ser posible, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, quienes no lo hayan hecho aún, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que, a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "C" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Y FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa..." Lo anterior para los efectos conducentes.

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