Maria Dolores Arrubarrena Martinez
Expediente 781/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 46 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 09/11/2018
Partes del expediente
- Maria Dolores Arrubarrena Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Ciudad de México, a nueve de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se aprecia que feneció el plazo de quince días que establece el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera el auto que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 196, párrafo cuarto, de la ley reglamentaria, en su oportunidad, envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se concedió el amparo y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En virtud que no es necesaria la retención del anexo enviado por la autoridad responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva. Finalmente, respecto del sobre con número de registro 29/2017 que se encuentra en resguardo en la caja de seguridad de este órgano de control constitucional, en el que consta información confidencial respecto del tercero interesado, al no ser necesaria extráigase el citado sobre de dicho lugar y previa certificación que se realice, procédase a su destrucción.
- Principal
Ciudad de México, a once de octubre de dos mil dieciocho, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, y terceros interesados Juan Quijano García y Delfino Carlos Castillo Colín, el auto de ocho de octubre pasado: "Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Así, por sentencia dictada el veintiocho de febrero pasado (fojas 106 a 110), se sobreseyó en el juicio promovido por María Dolores Arrubarrena Martínez, contra el acto reclamado de la agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora A-2 Sin Detenido de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el orden 77/2018, que en sesión de diecisiete de mayo pasado (fojas 135 a 143), revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la justicia Federal, a efecto de que en un plazo no mayor a treinta días naturales, contado a partir de que fuera notificada de la citada ejecutoria, la agente del Ministerio Público responsable realizara lo siguiente: ? Analizara las pruebas que se hubiera allegado durante el intervalo que duró la integración de la averiguación previa FSP/B/T3/03035/13-12; y, en su caso, desahogara las diligencias que tuviera pendientes; ? Dentro del plazo referido, determinara la indagatoria mencionada; y ? Notificara personalmente a la quejosa dicha determinación. Así, por auto de veinticinco de mayo siguiente (foja 144), se requirió a la agente del Ministerio Público responsable para que diera cumplimiento al fallo protector, quien mediante oficio y anexo recibidos el quince de junio pasado (fojas 156 a 159), refirió haber dado cumplimiento a la citada ejecutoria, por lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, mediante acuerdo de veintiséis del mes citado en último término (fojas 171 y 172) se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; sin embargo, en razón de que el mencionado tribunal declaró fundada la inconformidad interpuesta, que se tramitó bajo el orden 23/2018, se revocó dicho pronunciamiento (fojas 202 a 205). En consecuencia, se requirió a la agente del Ministerio Público responsable, a fin de que informara lo relativo al cumplimiento dado a la citada ejecutoria, por lo que con base en las constancias remitidas por dicha autoridad (fojas 213 a 229), mediante auto de diecinueve de septiembre siguiente (fojas 259 y 260), se determinó: ".se advierte que si bien es cierto se determinó la averiguación previa, en razón de que mediante pliego de consignación de once de junio pasado se ejerció acción penal contra Silvia Medina Zaldivar, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público (culposo), para lo cual, se realizó el ejercicio de ponderación que se estimó correspondía en relación con las pruebas que integraban la indagatoria, es incuestionable que no se notificó dicha resolución a la demandante del amparo, como lo precisó el tribunal en cita debía hacerse para tener por satisfecho ese aspecto de la concesión, tan es así que en la constancia respectiva se asentó "Recibí cédula de notificación y copia del acuse de consignación sin el acuerdo de Ejercicio de Acción Penal. 4 de julio 2018"; de ahí que este órgano de control constitucional tenga por no cumplida la ejecutoria de que se trata". En consecuencia, se requirió nuevamente a la agente del Ministerio Público responsable, quien mediante oficio recibido el veinticinco del mes de referencia (foja 269 y 270), remitió copia certificada de las constancias con que acredita realizó la notificación correspondiente a la demandante del amparo, siendo este último aspecto el que restaba satisfacer de acuerdo con el contenido de la ejecutoria de que se trata, por lo que ponderando de manera conjunta las razones expuestas en proveído de diecinueve de septiembre anterior que se han transcrito y lo que hasta ahora se demuestra, se declara cumplido el fallo protector, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral."
- Principal
Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por consiguiente, en razón de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, de conformidad con los artículos 192 y 196 de la ley de la materia, se estudiará con base en las constancias que integran el expediente si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Así, por sentencia dictada el veintiocho de febrero pasado (fojas 106 a 110), se sobreseyó en el juicio promovido por María Dolores Arrubarrena Martínez, contra el acto reclamado de la agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora A-2 Sin Detenido de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, bajo el orden 77/2018, que en sesión de diecisiete de mayo pasado (fojas 135 a 143), revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección de la justicia Federal, a efecto de que en un plazo no mayor a treinta días naturales, contado a partir de que fuera notificada de la citada ejecutoria, la agente del Ministerio Público responsable realizara lo siguiente: ? Analizara las pruebas que se hubiera allegado durante el intervalo que duró la integración de la averiguación previa FSP/B/T3/03035/13-12; y, en su caso, desahogara las diligencias que tuviera pendientes; ? Dentro del plazo referido, determinara la indagatoria mencionada; y ? Notificara personalmente a la quejosa dicha determinación. Así, por auto de veinticinco de mayo siguiente (foja 144), se requirió a la agente del Ministerio Público responsable para que diera cumplimiento al fallo protector, quien mediante oficio y anexo recibidos el quince de junio pasado (fojas 156 a 159), refirió haber dado cumplimiento a la citada ejecutoria, por lo que se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, mediante acuerdo de veintiséis del mes citado en último término (fojas 171 y 172) se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; sin embargo, en razón de que el mencionado tribunal declaró fundada la inconformidad interpuesta, que se tramitó bajo el orden 23/2018, se revocó dicho pronunciamiento (fojas 202 a 205). En consecuencia, se requirió a la agente del Ministerio Público responsable, a fin de que informara lo relativo al cumplimiento dado a la citada ejecutoria, por lo que con base en las constancias remitidas por dicha autoridad (fojas 213 a 229), mediante auto de diecinueve de septiembre siguiente (fojas 259 y 260), se determinó: ".se advierte que si bien es cierto se determinó la averiguación previa, en razón de que mediante pliego de consignación de once de junio pasado se ejerció acción penal contra Silvia Medina Zaldivar, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio ilegal del servicio público (culposo), para lo cual, se realizó el ejercicio de ponderación que se estimó correspondía en relación con las pruebas que integraban la indagatoria, es incuestionable que no se notificó dicha resolución a la demandante del amparo, como lo precisó el tribunal en cita debía hacerse para tener por satisfecho ese aspecto de la concesión, tan es así que en la constancia respectiva se asentó "Recibí cédula de notificación y copia del acuse de consignación sin el acuerdo de Ejercicio de Acción Penal. 4 de julio 2018"; de ahí que este órgano de control constitucional tenga por no cumplida la ejecutoria de que se trata". En consecuencia, se requirió nuevamente a la agente del Ministerio Público responsable, quien mediante oficio recibido el veinticinco del mes de referencia (foja 269 y 270), remitió copia certificada de las constancias con que acredita realizó la notificación correspondiente a la demandante del amparo, siendo este último aspecto el que restaba satisfacer de acuerdo con el contenido de la ejecutoria de que se trata, por lo que ponderando de manera conjunta las razones expuestas en proveído de diecinueve de septiembre anterior que se han transcrito y lo que hasta ahora se demuestra, se declara cumplido el fallo protector, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Resérvese el envío del expediente al archivo de este órgano de control constitucional, hasta en tanto transcurra el plazo de quince días que establece el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el último párrafo de dicho numeral.
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