María del Sagrario García de la Concha

Expediente 194/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
194/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
04/04/2018

Partes del expediente

  • María del Sagrario García de la Concha

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguense en autos los oficios de cuenta; en atención a sus términos, se tienen por rendidos los informes en cumplimiento a la suspensión de plano que en ellos se contienen, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinte de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por María del Sagrario García de la Concha, contra actos del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Femenil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla" de esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 194/2018. Dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa pudiera ser reubicada o reclasificada, lo que podría poner en riesgo su vida, dado que manifiesta lo siguiente: "la suscrita por otro lado a recibido amenazas de muerte por parte de internas de Población Sentenciada que han expresado que si cambian a la suscrita de dormitorio, estando a su alcance acabarán con mi vida", en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, para que la quejosa no sea reubicada o reclasificada del dormitorio donde actualmente se encuentra, a fin de evitar se ponga en peligro su vida; asimismo, para que quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el centro de reclusión en que se encuentra interna, y a disposición de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (autoridad responsable), en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por tanto, requiérase a la citada directora por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo a la quejosa, así como al Comité Técnico de dicho centro de reclusión, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, informen a este juzgado sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibidos que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, prevista en el dispositivo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra en términos del numeral 209 de la ley de la materia. Por otra parte, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase a la amparista para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación, manifieste mediante escrito y bajo protesta de decir verdad, como parte de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, si fue notificada personalmente y por escrito de la resolución por la que se ordenó su reubicación o reclasificación, pronunciada por el comité referido y, de ser así, señale si interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con la precisión de que con el original del escrito de desahogo deberán exhibirse tantas copias sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes. Apercibida que de no hacerlo así, eventualmente se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, con fundamento en el dispositivo 26, fracción I, inciso a) de la ley reglamentaria, notifíquese este proveído y los subsecuentes a la amparista, en el interior del centro de reclusión en que se encuentra, dado que no autorizó a persona alguna para tal efecto.

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