Maria Dle Pilar Romero Sanchez
Expediente 582/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria Dle Pilar Romero Sanchez
- Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA V....San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 582/2021; y, (.) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de forma precisa y clara el acto reclamado a la Sala Regional del Sureste. Se tiene como acto reclamado: -La sentencia interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, que resolvió la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, en el expediente 203/19-15-01-4. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Sala y Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aceptaron la existencia del acto reclamado, consistente en la interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, que resolvió la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, en el expediente 203/19-15-01. Lo que además se corrobora con las copias certificadas que remitió la autoridad ordenadora responsable. Constancia que, por su carácter de documental pública, adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Tienen aplicación, las jurisprudencias emitidas por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que respectivamente señalan: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, resulta oportuno analizar la procedencia del juicio de amparo, en conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que, con relación al acto reclamado consistente en la interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, que resolvió la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva, en el expediente 203/19-15-01, se surte de un modo manifiesto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;". Lo anterior se afirma así, por las razones que a continuación se exponen. En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que por regla general, el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En tales condiciones, esta instancia constitucional advierte que el presente juicio es improcedente, en atención a que el acto reclamado se hace consistir en la interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, que resolvió la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva en el expediente 203/19-15-01; por lo tanto se estima, que aún no concluye la etapa de ejecución correspondiente. Para llegar a tal consideración, se han analizado los antecedentes del acto reclamado: a). Por escrito presentado en la Oficialía de Partes para la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el diez de enero de dos mil diecinueve María del Pilar Romero Sánchez, demandó la nulidad de la presunta resolución Negativa Ficta recaída al escrito presentado ante la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual solicitó se le informaran lo incrementos de su pensión por jubilación número 622721 y el pago de las diferencias que resultaran a su favor con motivo de dichos incrementos. b). Substanciado el juicio, se dictó sentencia definitiva el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en la cual se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada para los efectos precisados en la propia sentencia. c). La autoridad responsable interpuso recurso de revisión fiscal, el cual quedó radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, con el número R.F. 596/2019, el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se confirmó la sentencia recurrida. d). El once de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró firme la sentencia definitiva. e). Por escrito presentado el cinco de enero de dos mil veintiuno, la parte actora por conducto de su abogado autorizado promovió queja por defecto en el cumplimiento a la sentencia, la cual se tuvo por admitida el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. f). Mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se declaró precluído el derecho de la autoridad demandada para rendir su informe de queja. g) El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la Sala Regional del Sureste, resolvió procedente y fundada la queja interpuesta por la parte actora y concedió a la autoridad demandada el plazo de veinte días para que emita una resolución en la cual ordene el pago de las actualizaciones de la cantidad determinada en el oficio número SP/DPSHT/JN/1802/2020 de veinticuatro de junio de dos mil veinte; resolución que constituye el acto reclamado. Ahora bien, de lo anterior se desprende que el acto reclamado no constituye el último acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia para que sea procedente el juicio constitucional, en virtud de que como quedó de manifiesto con antelación, el juicio de donde deriva la resolución que da origen al acto reclamado, se encuentra todavía en etapa de ejecución; por ende, en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, o aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematado; por lo que si ese procedimiento de ejecución, no ha concluido, es evidente que la acción de amparo se torna improcedente de momento, en contra de los actos que se desarrollen en su conformación. Por tanto, y dado que de los antecedentes del acto reclamado, no se desprende que la autoridad responsable hubiere dictado la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, es decir, no se ha dictado la última resolución para efectos de procedencia de la acción de amparo, en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, la acción de amparo solicitada se torna improcedente; por lo que sólo hasta que ello acontezca, la parte quejosa estará en aptitud de controvertir todas y cada una de las violaciones suscitadas en su desarrollo, incluyendo la que hoy reclama. Asimismo, tampoco se trata de un acto que sea de imposible reparación por no afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a los que se pueden afectar por la ejecución de la sentencia, ya que sus efectos se traducen en cuestiones meramente procesales, dado que la parte quejosa estará en aptitud de hace valer lo que estime conveniente hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva. Sin que pase inadvertido para esta juzgadora, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, visible en la página 6 del Tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2011, Novena Época, del rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", que determina la procedencia del amparo biinstancial en contra de actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos subjetivos, dado que por las razones ya expuestas en párrafos precedentes, en el caso, el acto reclamado emana de una determinación dictada dentro de una controversia en materia administrativa, en donde la quejosa es parte y no aduce violación a su derecho de audiencia; de ahí que la determinación reclamada, en modo alguno atenta de manera directa en contra de los derechos sustantivos de la promovente; pues se insiste, se traduce en la consecuencia necesaria de la fase procesal en la que actualmente se encuentra el citado procedimiento; tanto más, que su reclamo a través de la vía constitucional, retardaría de manera injustificada su prosecución. En esa tesitura, es evidente que, al actualizarse en la especie, la causa de improcedencia a que se refieren los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de amparo acorde con lo dispuesto en el diverso normativo 63 fracción V, del citado ordenamiento. QUINTO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. SEXTO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ..., en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta determinación, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
En el Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con diez minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, el licenciado José Alberto Morelos Gómez, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante comunicado CCJ/ST/2061/2021 de veintiocho de junio de dos mil veintiuno; con el Secretario licenciado Porfirio Santos Matías, quien autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes, vía remota, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus SARSCoV- 2 (COVID-19), reformado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 5/2021 del aludido pleno. Acto continuo, el Secretario certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial; asimismo, da cuenta con el escrito de Salvador Ríos Hernández. Conste. (R.E. 9705 ). Relación de constancias. El Secretario hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran a) la demanda de amparo promovida por MARÍA DEL PILAR ROMERO SÁNCHEZ y b) el informe justificado rendido por la autoridad responsable, entre otras. Enseguida, el Secretario encargado del despacho acuerda: a) Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y certificación correspondiente, para los efectos legales procedentes. b) Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. Etapa probatoria. Acto continuo, abierta la fase probatoria en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se hace constar que las partes ofrecieron como pruebas, las siguientes: La parte quejosa ofreció como pruebas de su parte: 1. Documental pública, consistente en copia simple de: ? Sentencia interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de nulidad 203/19-15-01-4. ? Sentencia interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad 1079/18-15-01-2. ? Sentencia interlocutoria de cinco de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de nulidad 1272/19-15-01-6. 2. La instrumental de Actuaciones. La autoridad responsable: Presidenta de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, remitió copia certificada de: 1. Acuse de cinco de enero de dos mil veintiuno,?????????????? del escrito de la parte quejosa MARÍA DEL PILAR ROMERO SÁNCHEZ, dirigido a los Magistrados Integrantes de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual interpones queja por defecto de cumplimiento. 2. Sentencia interlocutoria de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de nulidad 203/19-15-01-4. Acto continuo, el Secretario encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se admiten las pruebas documentales, las que se desahogan por su propia naturaleza; con ello se cierra esta etapa. Fase de alegatos. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que las partes no los expresaron, por lo que el secretario encargado del despacho acuerda: como no se formularon alegatos, se cierra dicho periodo y se procede a dictar la siguiente resolución: Lic. José Alberto Morelos Gómez Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca encargado del despacho por vacaciones de la Titular. Lic. Porfirio Santos Matías Secretario de Juzgado
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MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado del Presidenta y Secretario de Acuerdos de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo y genérico de ocho días, a efecto de que se impongan de su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que ofrece la responsable, la cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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