Maria del Rosario Pacheco Matias
Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 21/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Maria del Rosario Pacheco Matias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de nueve de abril del año en curso, se ordenó dar vista a la parte agraviada para que en el término de tres días hábiles expresara lo que a su derecho conviniera, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por la autoridad responsable, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Atendiendo a lo anterior, se procede a resolver, de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, acorde con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para los efectos siguientes: En ese orden, ... procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la junta responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, dentro del plazo de diez días hábiles, emita las medidas necesarias a fin de que se formule el proyecto de resolución en forma de laudo, que permita la continuación del procedimiento establecido en los preceptos invocados; asimismo dicte las medidas a fin de que a la brevedad se emita el laudo correspondiente en los términos y plazos respectivos. En atención a lo anterior, procede determinar si la sentencia de amparo fue cumplida conforme a los lineamientos precisados, haciendo el examen de las constancias remitidas en oficio P/0534/2021, por la Presidenta de la Junta Especial 32 por Ministerio de Ley de la Federal de Conciliación y Arbitraje, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, mediante oficio ...de siete de abril de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta Especial 32 por Ministerio de Ley de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada del laudo de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral J..., promovido por María del Rosario Pacheco Matías, contra Diconsa, S.A. de C.V., así como las notificaciones realizadas a las partes. Como se ve, la autoridad responsable atendió el núcleo esencial de la concesión del amparo, pues el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, dictó el laudo correspondiente en el expediente laboral ..., promovido por María del Rosario Pacheco Matías, contra Diconsa, S.A. de C.V. Por tanto, con apoyo en lo previsto por los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria, ya que la responsable atendió el núcleo esencial que motivó la concesión del amparo. (.), archívese el asunto como concluido. Se estima que el expediente se encuentra entre los de relevancia documental, dado que se ubica en la fracción X previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 fracción I inciso B del citado Acuerdo General y atendiendo a que en el asunto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, este expediente es depurable, después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Expedientes. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; nueve de abril de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual remite copia certificada del laudo de veintiséis de febrero del presente año. Ahora bien, en atención a su contenido y de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio P/0534/2021 y anexo, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, expresen lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio se procederá a analizar el cumplimiento de la sentencia. Se ordena al Actuario al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada del oficio y anexos que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, los cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tal documento; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. Por otra parte, con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia que concedió a la quejosa María del Rosario Pacheco Matías, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2º de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial 32 de la Federación de Conciliación y Arbitraje, para que cumpla con la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remita copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para el efecto siguiente: En ese orden, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo y con objeto de restituir a los quejosos en el pleno goce de sus derechos humanos violentados, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la junta responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, dentro del plazo de diez días hábiles, emita las medidas necesarias a fin de que se formule el proyecto de resolución en forma de laudo, que permita la continuación del procedimiento establecido en los preceptos invocados; asimismo dicte las medidas a fin de que a la brevedad se emita el laudo correspondiente en los términos y plazos respectivos. Tiene aplicación la tesis I.3º.T.18 L, consultable en la página tres mil doscientos veintiuno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro dos, enero de dos mil catorce, tomo IV, registro 2005301, de rubro y texto: "SENTENCIA DE AMPARO. SI LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SE CONCEDE POR DILACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONSIDERAR LA NATURALEZA DE ÉSTAS PARA ESTABLECER UN TÉRMINO PRUDENTE PARA SU CUMPLIMIENTO. Cuando en un juicio de amparo indirecto se concede la protección de la Justicia Federal por dilaciones procesales hasta lograr la emisión del laudo, los efectos de dicha concesión deben atender a la naturaleza de las violaciones reclamadas, para poder establecer un término prudente para el cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, si el Juez Federal requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído cumplieran con la sentencia de amparo, ello torna jurídica y materialmente imposible el cumplimiento de la sentencia protectora dentro del plazo exigido. Esto es así, porque los términos consignados en cada etapa del procedimiento laboral son incompatibles con los tres días otorgados para acatar el fallo protector; en consecuencia, cuando la concesión del amparo abarca una serie de actos procesales que deben ser agotados consecutivamente, de manera que no puede iniciarse el siguiente sino hasta que se culmine con el anterior, hasta lograr la emisión del laudo, debe considerarse esa circunstancia, para que el Juez de amparo precise el término prudente que debe otorgar en el requerimiento que se formule a la autoridad para cumplimentar la ejecutoria, atendiendo a los efectos para los que se concedió el amparo y a la complejidad de su acatamiento, pudiendo servir de parámetro para delimitarlo, el estado procesal del juicio de origen y los términos procesales que la legislación laboral impone para el desarrollo del procedimiento, ello conforme al artículo 77, fracción II, en relación con los diversos 192, último párrafo y 211, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Se apercibe a la referida responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supralíneas, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA IV "... Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 16/2021. (...) C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 2 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y de los Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio de este Juzgado y otros órganos jurisdiccionales residentes en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta por ministerio de ley de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, aceptó la existencia del acto reclamado, al indicar que en el expediente J.32/0406/2018 de su estadística, el diecinueve de febrero de dos mil veinte se declaró cerrada la instrucción y a la fecha de emisión del informe aún no se había emitido el laudo; por lo que se tiene por cierta su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia trescientos cinco, visible en la página doscientos seis, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". TERCERO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, pues se advierte una violación al derecho humano contenido en el artículo 17 Constitucional. En dicho artículo 17 de la Constitución Federal, se establece el derecho humano relativo a la impartición de justicia, entre cuyos atributos, está el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; de acuerdo con el citado artículo constitucional, la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Sobre el particular, los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la época en que inició el procedimiento, aplicables al caso, en términos del artículo séptimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de la Ley Federal de la Defensoría Pública de la Le del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, disponen. "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley. Artículo 686. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Las Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley. Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta. Artículo 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. Como se ve, de los citados numerales se advierte. 1. En el proceso laboral las juntas tendrán la obligación de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. 2. Que el proceso se desarrollará en los términos señalados en la ley; asimismo, que la junta ordenará se corrija cualquier irregularidad u omisión. 3. Una vez concluido el desahogo de pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. 4. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. 5. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 6. Transcurrido dicho término concedido a los integrantes de la Junta o desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el presidente de la Junta citará a los miembros de la misma para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. 7. Si el proyecto de resolución fuere aprobado sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta (artículo 889). 8. Engrosado el laudo, el secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes (artículo 890). De esta sinopsis, se colige que una de las características esenciales del juicio ordinario laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, en las cuales algunos de los actos se desenvuelven en forma inmediata, lo que no deja lugar a dudas de la expeditez en la tramitación y resolución de los juicios laborales. Conforme a lo anterior, las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltarán a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramiten ni resuelvan los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación. Como se dijo, en el caso son fundados los conceptos de violación, ya que en el expediente laboral J.32/0406/2018 de la responsable, desde el diecinueve de febrero de dos mil veinte, declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar el expediente al auxiliar para la emisión del proyecto de laudo respectivo, sin que a la fecha se pronunciara al respecto y emitiera el laudo correspondiente; de lo que se advierte una abierta dilación en la administración de justicia. Lo que se corrobora con las constancias que la propia responsable anexó a su informe justificado, al que se otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido por los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior sin que esa autoridad del trabajo vigilara se diera cumplimiento a tal normativa, lo que es contrario a los principios de economía y sencillez que rigen al procedimiento laboral, pues ello impide la continuación de las restantes etapas del procedimiento. Sin que sea óbice a lo anterior, la emergencia sanitaria que se vive en el país, y que la junta responsable argumente complejidad en el asunto, pues se insiste, ese auto donde se declaró cerrada la instrucción se emitió desde el diecinueve de febrero de dos mil veinte; además de que al no ser necesaria diligencia alguna con presencia de las partes, la Junta no estaba eximida de vigilar se formulara el proyecto de resolución en forma de laudo, y en su caso, emitir las medidas necesarias para que también se dictara el laudo. De ahí que, al resultar fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitados. CUARTO. Efectos de la concesión del amparo. En ese orden, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo y con objeto de restituir a los quejosos en el pleno goce de sus derechos humanos violentados, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la junta responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, dentro del plazo de diez días hábiles, emita las medidas necesarias a fin de que se formule el proyecto de resolución en forma de laudo, que permita la continuación del procedimiento establecido en los preceptos invocados; asimismo dicte las medidas a fin de que a la brevedad se emita el laudo correspondiente en los términos y plazos respectivos. Tiene aplicación la tesis I.3º.T.18 L, consultable en la página tres mil doscientos veintiuno, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro dos, enero de dos mil catorce, tomo IV, registro 2005301, de rubro y texto: "SENTENCIA DE AMPARO. SI LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SE CONCEDE POR DILACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE CONSIDERAR LA NATURALEZA DE ÉSTAS PARA ESTABLECER UN TÉRMINO PRUDENTE PARA SU CUMPLIMIENTO. Cuando en un juicio de amparo indirecto se concede la protección de la Justicia Federal por dilaciones procesales hasta lograr la emisión del laudo, los efectos de dicha concesión deben atender a la naturaleza de las violaciones reclamadas, para poder establecer un término prudente para el cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, si el Juez Federal requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de dicho proveído cumplieran con la sentencia de amparo, ello torna jurídica y materialmente imposible el cumplimiento de la sentencia protectora dentro del plazo exigido. Esto es así, porque los términos consignados en cada etapa del procedimiento laboral son incompatibles con los tres días otorgados para acatar el fallo protector; en consecuencia, cuando la concesión del amparo abarca una serie de actos procesales que deben ser agotados consecutivamente, de manera que no puede iniciarse el siguiente sino hasta que se culmine con el anterior, hasta lograr la emisión del laudo, debe considerarse esa circunstancia, para que el Juez de amparo precise el término prudente que debe otorgar en el requerimiento que se formule a la autoridad para cumplimentar la ejecutoria, atendiendo a los efectos para los que se concedió el amparo y a la complejidad de su acatamiento, pudiendo servir de parámetro para delimitarlo, el estado procesal del juicio de origen y los términos procesales que la legislación laboral impone para el desarrollo del procedimiento, ello conforme al artículo 77, fracción II, en relación con los diversos 192, último párrafo y 211, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. CUARTO. Transparencia Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. QUINTO. Captura del fallo en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Captúrese la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, en vigor a partir del día siguiente y agréguese a los autos la constancia respectiva. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a (.) para los efectos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento a los dos últimos considerandos de esta resolución, en los términos ahí precisados. Notifíquese y regístrese. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24, 29 Y 31 DE LA LEY DE AMPARO)
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