Maria Diana Grimaldo Lopez

Expediente 120/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
120/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Maria Diana Grimaldo Lopez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. En virtud de lo anterior y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obren documentos que deban ser susceptibles de ser devueltos. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por medio de oficios a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la Adscripción.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dos de marzo de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, únicamente agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por la Agente Fiscal Adscrita a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que, mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado.Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Pruebas. De conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, las documentales que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido del informe rendido por la Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que subsano la omisión reclamada Sobreseimiento fuera de audiencia. Del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama de la Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la omisión de acordar la promoción presentada el veintiséis de enero de dos mil veintidós en la carpeta de investigación CDI/FGE/1/D01/21680/20 y de entregarle copias certificadas de todo lo actuado en la misma. Sin embargo, del anexo que acompañó la autoridad responsable Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, junto con su informe justificado, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que la Agente Fiscal responsable, el once de febrero de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado por la aquí quejosa el veintiséis de enero del año en curso en la carpeta de investigación CDI/FGE/1/D01/21680/20, cuya omisión se reclama en este juicio de la autoridad responsable, y el quince de febrero del año en curso, le fueron entregadas las copias certificadas que solicitó. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada ha desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista el presente proveído en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Recepción de informe justificado.Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí. Pruebas. De conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, las documentales que anexó a su oficio de cuenta. Contenido. Del contenido del informe rendido por la Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, se advierte que no son ciertos los actos que se le reclaman a la referida autoridad toda vez que subsano la omisión reclamada Sobreseimiento fuera de audiencia. Del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama de la Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, la omisión de acordar la promoción presentada el veintiséis de enero de dos mil veintidós en la carpeta de investigación CDI/FGE/1/D01/21680/20 y de entregarle copias certificadas de todo lo actuado en la misma. Sin embargo, del anexo que acompañó la autoridad responsable Agente Fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, junto con su informe justificado, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que la Agente Fiscal responsable, el once de febrero de dos mil veintidós, acordó el escrito presentado por la aquí quejosa el veintiséis de enero del año en curso en la carpeta de investigación CDI/FGE/1/D01/21680/20, cuya omisión se reclama en este juicio de la autoridad responsable, y el quince de febrero del año en curso, le fueron entregadas las copias certificadas que solicitó. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada ha desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del dos de marzo de dos mil veintidós, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista el presente proveído en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario que autoriza y da fe.

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