Maria del Socorro Saldaña Ramirez
Expediente 647/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 29/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Maria del Socorro Saldaña Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SE DECLARA QUE AUTO QUE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA CAUSÓ ESTADO. SE ORDENA ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO CONCLUIDO SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EN CINCO AÑOS SIN QUE SEA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
SE AGREGA PEDIMENTO PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa María del Socorro Saldaña Ramírez, a través del cual desahoga la vista ordenada en proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, y al efecto manifiesta que el veintiséis de junio del año en curso, se ordenó su libertad. Ahora bien, mediante oficio 1239-B/2019, recibido en este juzgado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, informó que a las diez horas con cincuenta y dos minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, recibió vía correo electrónico el oficio FGE-17S53/1/106/2019, signado por la Coordinadora de la Unidad de Procedimientos Penales de la Fiscalía de Distrito en la Zona Occidente, a través del cual le informó que se había dejado sin efectos el diverso oficio a través del cual se le solicitó su colaboración para cumplimentar la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa, toda vez que con los datos que se desprendían dentro de la carpeta de investigación, no eran suficientes y convincentes para afirmar que la persona que se encontraba a su disposición era la misma a quien se le había librado la orden de captura, y al efecto remitió copia certificada, entre otras constancias, del acta levantada a las once horas con veintiséis minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, de la que se desprende que en virtud de lo informado por la citada Coordinadora de la Unidad de Procedimientos Penales de la Fiscalía de Distrito en la Zona Occidente, se dejó a la quejosa María del Socorro Saldaña Ramírez, en inmediata libertad, firmando dicha acta de conformidad. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, más no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que conforman el expediente en el que se tramitó el presente juicio, se advierte que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional lo constituye: La ejecución de una orden de aprehensión en la persona de la aquí quejosa María del Socorro Saldaña Ramírez, por la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y como consecuencia, su incomunicación y malos tratos. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de tales actos reclamados, precisados en el párrafo que precede, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]." Del dispositivo legal transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose como estos los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia referida toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad del acto reclamado - la ejecución de una orden de aprehensión en la persona de la aquí quejosa María del Socorro Saldaña Ramírez, por la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y como consecuencia, su incomunicación y malos tratos-, en caso de concederse el amparo, no sería posible restituirla en el goce del derecho que se considera violado, es decir, no se podría retrotraer el tiempo para que la promovente del amparo no sea detenida en los términos alegados, y se le devuelva el lapso de tiempo que permaneció privada de su libertad en los separos de la Policía Ministerial del Estado a partir de la referida data y hasta que dejó de estar en ese lugar. Ello, pues como se expuso con antelación, la autoridad responsable Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, al rendir su informe respecto de la suspensión de plano, manifestó que el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, la aquí quejosa fue detenida por elementos de la Dirección General de Métodos de Investigación, pero que posteriormente, a las once horas con veintiséis minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, fue puesta en libertad, en virtud de que la Coordinadora de la Unidad de Procedimientos Penales de la Fiscalía de Distrito en la Zona Occidente, informó que se había dejado sin efectos el oficio a través del cual se le solicitó su colaboración para cumplimentar la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa, toda vez que los datos que se desprenden de la carpeta de investigación, no eran suficientes y convincentes para afirmar que la persona que se encontraba a su disposición fuera la misma a la que se le libró la orden de captura, en esa causa. Puesta en libertad que ha sido corroborada por la propia quejosa en el escrito de cuenta. De ahí que el acto reclamado que aconteció el veinticinco de junio de dos mil diecinueve y sus consecuencias, quedaron irreversiblemente consumadas, pues la quejosa ya fue puesta en libertad, en cuyo caso, los efectos de una eventual sentencia de amparo no podrían reintegrarle la libertad que le fue restringida al interior de las celdas de la Policía Ministerial del Estado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente, la diversa jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, que dispone: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo las causas de improcedencia anteriormente analizadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVI, 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de julio de dos mil diecinueve quedando sin efecto la misma. De igual manera, se deja sin efectos la vista ordenada por auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en la que se le requirió para que manifestara si era su deseo ampliar el escrito de demanda respecto del Juez de Garantía del Distrito Judicial Benito Juárez, con residencia en ciudad Cuauhtémoc Chihuahua; ello, en razón de que, como ya se vio, se actualizó causal de improcedencia respeto del juicio de amparo en lo principal, en tanto que la figura de la ampliación es accesoria a aquél, según se sigue del artículo 111 de la Ley de Amparo. Máxime que obra constancia de que se dejó sin efectos el oficio a través del cual se solicitó cumplimentar la orden de aprehensión dictada en la causa penal 343/2012, toda vez que -según se expuso- los datos que se desprendían de la carpeta de investigación respectiva, no son suficientes y convincentes para afirmar que la quejosa María del Socorro Saldaña Ramírez (quien se encontraba a disposición de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación) fuera la misma respecto de quien se había librado la orden de captura. La anterior circunstancia, incluso fue corroborada por la aquí amparista, mediante escrito recibido el tres de julio de la presente anualidad, en la que señaló "fue informada que el Juez de Garantías con residencia en el Distrito Judicial de Benito Juárez en el Estado de Chihuahua, dentro de la causa penal 343/2010 libró orden de aprehensión por el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA en contra de una persona con el nombre similar al mío, siendo mi persona inocente y ajena a esos hechos y causa penal.". No obstante, quedan a salvo los derechos de la quejosa, a efecto de que pueda promover un nuevo juicio de amparo, en caso de que se libre alguna orden de aprehensión directamente en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario que autoriza y da fe. Razón.- Esta foja corresponde a la parte final del proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo 647/2019-VI. Conste.- Sandra
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:" San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Agréguese el escrito de cuenta signado por la quejosa María del Socorro Saldaña Ramírez, a través del cual desahoga la vista ordenada en proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, y al efecto manifiesta que el veintiséis de junio del año en curso, se ordenó su libertad. Ahora bien, mediante oficio 1239-B/2019, recibido en este juzgado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, informó que a las diez horas con cincuenta y dos minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, recibió vía correo electrónico el oficio FGE-17S53/1/106/2019, signado por la Coordinadora de la Unidad de Procedimientos Penales de la Fiscalía de Distrito en la Zona Occidente, a través del cual le informó que se había dejado sin efectos el diverso oficio a través del cual se le solicitó su colaboración para cumplimentar la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa, toda vez que con los datos que se desprendían dentro de la carpeta de investigación, no eran suficientes y convincentes para afirmar que la persona que se encontraba a su disposición era la misma a quien se le había librado la orden de captura, y al efecto remitió copia certificada, entre otras constancias, del acta levantada a las once horas con veintiséis minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, de la que se desprende que en virtud de lo informado por la citada Coordinadora de la Unidad de Procedimientos Penales de la Fiscalía de Distrito en la Zona Occidente, se dejó a la quejosa María del Socorro Saldaña Ramírez, en inmediata libertad, firmando dicha acta de conformidad. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 , 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos con su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la Jurisprudencia número 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que reza: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , en principio deben precisarse los actos reclamados en el presente juicio. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, más no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y constancias que conforman el expediente en el que se tramitó el presente juicio, se advierte que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional lo constituye: La ejecución de una orden de aprehensión en la persona de la aquí quejosa María del Socorro Saldaña Ramírez, por la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y como consecuencia, su incomunicación y malos tratos. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte que respecto de tales actos reclamados, precisados en el párrafo que precede, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]." Del dispositivo legal transcrito se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose como estos los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia referida toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad del acto reclamado - la ejecución de una orden de aprehensión en la persona de la aquí quejosa María del Socorro Saldaña Ramírez, por la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía General del Estado, y como consecuencia, su incomunicación y malos tratos-, en caso de concederse el amparo, no sería posible restituirla en el goce del derecho que se considera violado, es decir, no se podría retrotraer el tiempo para que la promovente del amparo no sea detenida en los términos alegados, y se le devuelva el lapso de tiempo que permaneció privada de su libertad en los separos de la Policía Ministerial del Estado a partir de la referida data y hasta que dejó de estar en ese lugar. Ello, pues como se expuso con antelación, la autoridad responsable Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación, al rendir su informe respecto de la suspensión de plano, manifestó que el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, la aquí quejosa fue detenida por elementos de la Dirección General de Métodos de Investigación, pero que posteriormente, a las once horas con veintiséis minutos del veintiséis de junio de dos mil diecinueve, fue puesta en libertad, en virtud de que la Coordinadora de la Unidad de Procedimientos Penales de la Fiscalía de Distrito en la Zona Occidente, informó que se había dejado sin efectos el oficio a través del cual se le solicitó su colaboración para cumplimentar la orden de aprehensión dictada en contra de la quejosa, toda vez que los datos que se desprenden de la carpeta de investigación, no eran suficientes y convincentes para afirmar que la persona que se encontraba a su disposición fuera la misma a la que se le libró la orden de captura, en esa causa. Puesta en libertad que ha sido corroborada por la propia quejosa en el escrito de cuenta. De ahí que el acto reclamado que aconteció el veinticinco de junio de dos mil diecinueve y sus consecuencias, quedaron irreversiblemente consumadas, pues la quejosa ya fue puesta en libertad, en cuyo caso, los efectos de una eventual sentencia de amparo no podrían reintegrarle la libertad que le fue restringida al interior de las celdas de la Policía Ministerial del Estado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente, la diversa jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, que dispone: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de amparo las causas de improcedencia anteriormente analizadas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVI, 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintidós de julio de dos mil diecinueve quedando sin efecto la misma. De igual manera, se deja sin efectos la vista ordenada por auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, en la que se le requirió para que manifestara si era su deseo ampliar el escrito de demanda respecto del Juez de Garantía del Distrito Judicial Benito Juárez, con residencia en ciudad Cuauhtémoc Chihuahua; ello, en razón de que, como ya se vio, se actualizó causal de improcedencia respeto del juicio de amparo en lo principal, en tanto que la figura de la ampliación es accesoria a aquél, según se sigue del artículo 111 de la Ley de Amparo. Máxime que obra constancia de que se dejó sin efectos el oficio a través del cual se solicitó cumplimentar la orden de aprehensión dictada en la causa penal 343/2012, toda vez que -según se expuso- los datos que se desprendían de la carpeta de investigación respectiva, no son suficientes y convincentes para afirmar que la quejosa María del Socorro Saldaña Ramírez (quien se encontraba a disposición de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de Métodos de Investigación) fuera la misma respecto de quien se había librado la orden de captura. La anterior circunstancia, incluso fue corroborada por la aquí amparista, mediante escrito recibido el tres de julio de la presente anualidad, en la que señaló "fue informada que el Juez de Garantías con residencia en el Distrito Judicial de Benito Juárez en el Estado de Chihuahua, dentro de la causa penal 343/2010 libró orden de aprehensión por el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA en contra de una persona con el nombre similar al mío, siendo mi persona inocente y ajena a esos hechos y causa penal.". No obstante, quedan a salvo los derechos de la quejosa, a efecto de que pueda promover un nuevo juicio de amparo, en caso de que se libre alguna orden de aprehensión directamente en su contra. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Tadeo Silva Bautista, Secretario que autoriza y da fe. Razón.- Esta foja corresponde a la parte final del proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo 647/2019-VI. Conste.- Sandra "
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